¿Son legales las ejecuciones públicas en EE. UU.? Pete Hegseth quiere transmitir un fusilamiento en vivo
La ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, podría transmitirse en vivo, según un presunto anuncio de Pete Hegseth que plantea dudas legales y reaviva el debate sobre las ejecuciones públicas en Estados Unidos
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que la próxima ejecución de Nidal Malik Hasan podrá seguirse en vivo por internet. De concretarse, sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo.
Hasan, de 56 años y expsiquiatra del Ejército estadounidense, fue declarado culpable de asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un ataque perpetrado en 2009 en la base militar de Fort Hood, en Killeen, Texas. Su fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre.
Hegseth dio a conocer el anuncio el jueves, durante una conversación con el activista de derecha Jack Posobiec. “Lo van a fusilar, como debe ser. Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque es importante que todos comprendan que este tipo de actos tienen consecuencias graves”, declaró.
El anuncio llega en medio de un renovado debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, reavivado la semana pasada por el fallido intento de ejecución de Christa Pike en Nashville, Tennessee. La mujer, de 50 años y condenada por asesinato, sobrevivió a dos dosis de un fármaco utilizado para la inyección letal el 30 de septiembre y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.
Contra todo pronóstico, Pike recuperó la conciencia el martes y desde entonces comenzó a hablar e incluso a caminar. El Dr. Joel Zivot, especialista médico que asesora a su equipo legal, declaró a The Independent que Pike no recuerda nada de lo sucedido, mientras que su abogado, Randy Spivey, aseguró que se siente “enojada y confundida” por lo ocurrido.
Tras el fallido intento de ejecución de Pike, el exsubprocurador general adjunto de Estados Unidos John Yoo declaró la semana pasada a Fox News que Tennessee debería volver a utilizar el fusilamiento como método de ejecución si decide intentar ejecutar de nuevo a la condenada, en lugar de conmutarle la pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En la actualidad, cinco estados permiten las ejecuciones por fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah. Sin embargo, persisten las dudas sobre el carácter humanitario de este método, especialmente porque la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe los castigos “crueles e inusuales”.
En 2025, Carolina del Sur ejecutó a tres personas mediante fusilamiento. En uno de esos casos, los testigos relataron que Mikal Mahdi gritó y gimió al recibir los disparos. La autopsia determinó después que ninguno de los proyectiles alcanzó su corazón, como estaba previsto, por lo que sus abogados denunciaron que sufrió un dolor insoportable mientras permanecía consciente y que su muerte se prolongó de forma innecesaria.
La última ejecución por fusilamiento realizada por el Ejército estadounidense ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el 31 de enero de 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue ejecutado tras ser condenado por deserción en un consejo de guerra. Frente a él se alinearon 12 tiradores de su propia unidad, armados con fusiles M1 Garand, y cuatro de los disparos resultaron mortales.
Por su parte, la última ejecución militar de cualquier tipo en Estados Unidos tuvo lugar el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado tras ser condenado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años mientras estaba destinado en Austria.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la última ejecución pública documentada en Estados Unidos fue el ahorcamiento de Rainey Bethea, condenado por violación, el 14 de agosto de 1936 en el condado de Daviess, Kentucky. De acuerdo con una crónica de la época publicada por el periódico Messenger-Inquirer, de Owensboro, unas 20.000 personas presenciaron la ejecución. Dos años después, el Estado abolió el ahorcamiento como método de ejecución.
Con el paso del tiempo, las ejecuciones públicas fueron desapareciendo a medida que el Gobierno federal y los estados adoptaron métodos considerados más “humanitarios”, como la cámara de gas, la silla eléctrica y la inyección letal. Los procedimientos se trasladaron a espacios cerrados y adquirieron un carácter más solemne y reglamentado, lejos de los espectáculos macabros que antes atraían a grandes multitudes.
En el siglo XXI, las ejecuciones suelen realizarse dentro de centros penitenciarios, sin acceso para el público general ni presencia de cámaras, salvo la asistencia de un grupo reducido de funcionarios, familiares y periodistas autorizados.
Sin embargo, el caso de Pike demostró que estos procedimientos no están exentos de fallas. Los periodistas que presenciaron el intento de ejecución en la prisión de máxima seguridad de Riverbend expresaron su horror ante lo ocurrido, mientras que la madre de Colleen Slemmer, la víctima de Pike, aseguró que no consideraba que se hubiera hecho justicia.
El anuncio de Hegseth llega, además, en medio de un marcado aumento de las ejecuciones desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. En 2025 se llevaron a cabo 47, la cifra anual más alta desde 2009, mientras que en lo que va de 2026 se registraron otras 28.
Estas cifras contrastan con las registradas durante los cuatro años de gobierno de Joe Biden, cuando se llevaron a cabo 11 ejecuciones en 2021, 18 en 2022, 24 en 2023 y 25 en 2024.
La administración Biden también impuso una moratoria a las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisaba los procedimientos y, antes de concluir su mandato, conmutó las penas de 37 de las 40 personas condenadas a muerte en el sistema federal.
Trump, en cambio, ha manifestado abiertamente su apoyo a la pena capital. Apenas unas horas después de asumir la presidencia, firmó una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con su aplicación, incluida una que instruía al fiscal general a “tomar todas las medidas necesarias y legales” para ayudar a los estados a conseguir los fármacos utilizados en las inyecciones letales.
Su postura se remonta a décadas atrás. En 1989, cuando todavía era un empresario de gran influencia pública, Trump pidió la pena de muerte para los Cinco de Central Park mediante anuncios publicados en periódicos de Nueva York. Años después, los cinco hombres fueron exonerados por completo de los delitos que se les atribuían.
Ya como presidente, Trump propuso aplicar la pena de muerte a cualquier persona condenada por asesinato en Washington D. C., pese a que el distrito no contempla ese castigo en su legislación local, y defendió la medida como una forma de prevención “muy eficaz”.
Sin embargo, una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que el 59 % de los estadounidenses no comparte la idea de Trump de que la amenaza de ejecución sea un elemento disuasorio eficaz. Los encuestados consideraron que la posibilidad de recibir una condena a muerte no impide que las personas cometan delitos graves.
Traducción de Leticia Zampedri
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