Agentes de ICE podrán ingresar a viviendas sin orden judicial, según un nuevo memorando interno del gobierno

Agentes federales de inmigración afirman ahora tener una autoridad más amplia para ingresar por la fuerza a residencias privadas sin una orden judicial, según un memorando interno del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) obtenido por The Associated Press. Esta medida representa un giro importante respecto a directrices de larga data que buscaban respetar los límites constitucionales sobre registros del gobierno.

La nueva directiva autoriza a los agentes de ICE a utilizar la fuerza para entrar a un domicilio basándose únicamente en una orden administrativa —más limitada que una judicial— con el fin específico de arrestar a personas con una orden final de deportación. Según defensores de derechos de los inmigrantes, esta política entra en conflicto directo con las protecciones de la Cuarta Enmienda y contradice años de asesoría brindada a comunidades inmigrantes sobre sus derechos legales.

Este cambio de enfoque coincide con la expansión agresiva de arrestos migratorios emprendida por el Gobierno de Trump en todo el país, con el despliegue de miles de agentes en una campaña de deportaciones masivas que ya está transformando las tácticas de control en ciudades como Minneapolis.

Durante años, defensores de inmigrantes, organizaciones de asistencia legal y gobiernos locales han recomendado a las personas no abrir la puerta a agentes de inmigración a menos que presenten una orden firmada por un juez. Esta orientación se basa en fallos de la Corte Suprema que, en términos generales, prohíben a las autoridades ingresar a una vivienda sin aprobación judicial. La nueva directiva de ICE contradice directamente esa recomendación, en un momento en que los arrestos migratorios se intensifican bajo la actual ofensiva del gobierno federal en materia de inmigración.

Según una denuncia de un informante, el memorando no ha sido ampliamente difundido dentro de la agencia, pero su contenido ya está siendo utilizado para capacitar a nuevos oficiales de ICE que están siendo desplegados en ciudades y localidades como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente. De acuerdo con la misma denuncia, a los nuevos reclutas y a los oficiales aún en formación se les está instruyendo para que sigan las directrices del memorando, incluso cuando estas contradicen el material de capacitación oficial por escrito.

Aún no está claro cuán extendida ha sido la aplicación de esta directiva en las operaciones de control migratorio. Sin embargo, The Associated Press fue testigo de un operativo el 11 de enero en Minneapolis, donde agentes de ICE (armados y vestidos con equipo táctico) derribaron la puerta principal de la vivienda de un hombre liberiano sin orden judicial, solo con una orden administrativa.

Este cambio casi con certeza enfrentará desafíos legales y una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de los inmigrantes y gobiernos locales y estatales que, durante años, han promovido con éxito la recomendación de no abrir la puerta a agentes de inmigración sin una orden firmada por un juez.

Tanto el memorando como la denuncia del informante fueron obtenidos por The Associated Press a través de un funcionario del Congreso, quien los compartió bajo condición de anonimato por tratarse de documentos sensibles. La agencia verificó la autenticidad de los testimonios contenidos en la denuncia.

El memorando, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, y fechado el 12 de mayo de 2025, señala: “Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha recurrido solo a órdenes administrativas para arrestar a extranjeros con órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico del DHS concluyó que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones migratorias no impiden el uso de este tipo de órdenes con ese propósito”.

En el documento no se explica cómo se llegó a esa conclusión ni cuáles podrían ser sus consecuencias legales.

Al ser consultada sobre el memorando, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró por correo electrónico a la agencia AP que todas las personas a quienes se les emite una orden administrativa ya han recibido “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.

Añadió que los agentes que emiten esas órdenes también han determinado que existe causa probable para proceder con el arresto. Según McLaughlin, tanto la Corte Suprema como el Congreso han “reconocido la legitimidad de las órdenes administrativas en casos de aplicación de leyes migratorias”, aunque no ofreció detalles al respecto. Tampoco respondió a las preguntas sobre si, desde la emisión del memorando, agentes de ICE han ingresado a viviendas basándose únicamente en una orden administrativa y, de ser así, con qué frecuencia ha ocurrido.

Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que apoya a empleados públicos que denuncian irregularidades, afirmó en una queja obtenida por The Associated Press que representa a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están revelando “una directiva secreta —y aparentemente inconstitucional— de política operativa”.

Una serie de arrestos recientes y de alto perfil, muchos realizados en viviendas y comercios privados y registrados en video, ha puesto bajo escrutinio las tácticas utilizadas por los agentes de inmigración, incluyendo el uso de órdenes de arresto apropiadas.

La mayoría de los arrestos migratorios se ejecutan mediante órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las propias autoridades migratorias que permiten detener a una persona específica, pero que no otorgan a los agentes la facultad de ingresar por la fuerza a propiedades privadas o espacios no públicos sin consentimiento. Solo las órdenes firmadas por un juez permiten ese tipo de ingreso.

Todas las operaciones policiales —incluidas las llevadas a cabo por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— están sujetas a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas en el país contra registros y detenciones arbitrarios.

Legalmente, una persona puede negarse a permitir el ingreso de agentes federales de inmigración a su propiedad si estos solo presentan una orden administrativa, salvo en ciertas excepciones limitadas.

Este mes, agentes federales irrumpieron en la vivienda de un ciudadano liberiano con una orden de deportación emitida en 2023, en la ciudad de Minneapolis. Según documentos revisados por The Associated Press, los oficiales contaban únicamente con una orden administrativa, sin respaldo judicial que permitiera ingresar legalmente a una propiedad privada.

Según el memorando, los agentes de ICE están autorizados a ingresar a viviendas sin orden judicial si cuentan con una orden administrativa I-205 y una orden final de remoción emitida por una instancia judicial o administrativa correspondiente.

En el memorando se detalla un protocolo: los agentes están obligados a presentarse e identificarse antes de intentar ingresar a una vivienda. La intervención debe realizarse entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., y quienes estén en el lugar deben recibir una oportunidad para cumplir la ley de forma voluntaria. En caso de negativa, se autoriza el uso proporcional de la fuerza.

El texto establece: “Si la persona se niega a permitir la entrada, los oficiales y agentes de ICE deben usar solo la cantidad de fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, luego de notificar debidamente su autoridad e intención de entrar”.

Aunque está dirigido a todo el personal de ICE, el memorando fue compartido solo con “funcionarios seleccionados del DHS”, quienes lo mostraron a algunos empleados bajo instrucciones estrictas: leerlo y devolverlo, según informó la organización Whistleblower Aid.

Mientras uno de los denunciantes solo pudo leer el documento bajo supervisión directa y sin posibilidad de registrar información, el otro logró acceder a él y compartirlo legalmente con el Congreso.

Pese a haber sido emitido en mayo, David Kligerman —vicepresidente senior y asesor legal de Whistleblower Aid— explicó que sus representados necesitaron tiempo para encontrar una “vía segura y legal” que permitiera revelar su existencia a los legisladores y a la ciudadanía.

ICE ha estado incorporando miles de nuevos agentes de deportación para ejecutar la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente. La formación se imparte en el Centro Federal de Capacitación para la Aplicación de la Ley, ubicado en Brunswick, Georgia.

Durante una visita de The Associated Press en agosto, funcionarios de ICE insistieron en que los nuevos oficiales eran instruidos para respetar la Cuarta Enmienda, que protege a las personas contra registros e incautaciones sin justificación legal.

Pero según los denunciantes, a estos nuevos agentes se les está indicando que pueden ingresar a residencias y efectuar arrestos basándose únicamente en órdenes administrativas, en contradicción con los propios materiales de formación del Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes de ICE suelen esperar durante horas a que la persona que buscan detener salga de su vivienda, ya sea a la acera o al lugar de trabajo, para proceder con el arresto en espacios públicos donde sí pueden operar sin riesgo de vulnerar los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Sin embargo, Whistleblower Aid calificó la nueva política como una “ruptura total” con la ley y advirtió que “socava” la Cuarta Enmienda y los derechos que esta protege.

Traducción de Leticia Zampedri