El arresto del expríncipe Andrés por el caso Epstein deja mal parado al Departamento de Justicia de Trump

El jueves, Estados Unidos amaneció con la noticia de que Andrés —antes conocido como “príncipe Andrés”— había sido arrestado por graves acusaciones contenidas en los archivos de Epstein. ¿Y saben qué? Para muchos, se sintió como un ajuste de cuentas esperado.

En el Reino Unido hubo una fuerte indignación por el hecho de que el “castigo” impuesto a Andrés por su presunto comportamiento se pareciera más a la asignación de una residencia cómoda y un retiro discretamente financiado que a una verdadera sanción. Si ese es el resultado de una conducta considerada reprobable, no sorprendería que otros hombres en posiciones de poder asumieran que las consecuencias serían mínimas.

El arresto formal del exintegrante de la realeza por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público supone, al menos en el plano simbólico, un cambio significativo para el Reino Unido, que había sido objeto de críticas por no actuar pese a contar con la misma documentación que Estados Unidos. La reacción del rey Carlos ante la detención de su hermano —al afirmar que “la ley debe seguir su curso”— también sugiere que, en esta ocasión, se permitirá que el proceso avance sin interferencias públicas. Desde esa perspectiva, la situación proyecta una imagen de apertura institucional y respeto por el debido proceso.

Claro que, si uno deja de entrecerrar los ojos y piensa en todo el asunto de la “isla de pedófilos visitada con frecuencia por élites internacionales”, la imagen empieza a perder brillo.

Y ahora miremos al otro lado del Atlántico, donde me encuentro yo, donde Donald Trump —mencionado en varias ocasiones en los archivos de Epstein y fotografiado en eventos junto a Epstein y Ghislaine Maxwell— sostiene que “ya es hora” de pasar página, al tiempo que niega cualquier conducta indebida y asegura que rompió su relación con quienes antes consideraba amigos mucho antes de la primera condena de Epstein en 2008.

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Porque sí, hay numerosos correos electrónicos y fotografías, abundan las acusaciones, algunas sensacionalistas y sin sustento, y gran parte del material aparece censurado. Es evidente que ocurrieron hechos graves, pero, ¿no renunciaron ya un par de personas a algunos cargos en ciertas universidades? En fin, ¿han oído hablar de la llamada “Junta de Paz”?

El problema es que, cuando conviertes los archivos de Epstein en una pieza central de tu estrategia electoral, resulta difícil encogerse de hombros y decir “esto es todo, amigos” en cuanto finalmente se publican. A pesar de denuncias perturbadoras —que pudo haber menores de hasta nueve años, o incluso más pequeños, víctimas de trata por parte de Epstein y sus asociados; que existía un supuesto “video de tortura” que circulaba entre ellos; que Epstein y Maxwell pagaban a víctimas para reclutar a sus amigas dentro de la red— la respuesta del Departamento de Justicia ha sido limitada.

De hecho, ni siquiera está claro si el Departamento de Justicia revisó con suficiente rigor el conjunto de documentos como para conocer sus aspectos más básicos y la fiscal general Pam Bondi, por su parte, afirmó erróneamente hace apenas unos días que todos los archivos ya habían sido publicados. Además, durante una audiencia en el Congreso, evitó reconocer a víctimas que afirmaron no haber podido reunirse con su oficina y desestimó el reclamo al calificarlo de “teatro”.

La reacción de Bondi siguió un patrón ya conocido: aludir a una supuesta “cacería de brujas” demócrata, omitir a las víctimas y desviar de inmediato la conversación con el habitual “¿y qué hay de los otros?”. Sin embargo, cuestionar en voz alta por qué la administración anterior no actuó no equivale a tomar medidas ahora. Ese argumento pierde fuerza rápidamente.

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Tras la publicación de los archivos del FBI, tanto demócratas como republicanos en el Congreso han expresado conmoción y horror. El público estadounidense puede consultar buena parte de los correos electrónicos, mientras que los legisladores han tenido acceso a información adicional en sesiones a puerta cerrada. Incluso la propia ONU ha advertido que algunas de las acusaciones podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Entonces, ¿dónde están las detenciones? ¿Dónde está el equipo de expertos encargado de examinar cada fecha y cada palabra para exigir responsabilidades al mayor número posible de implicados? ¿Dónde están las reuniones, día y noche, con las víctimas para recopilar toda la información y reconstruir la trama de delitos que permita llevar a los responsables ante la justicia? ¿Dónde está el Departamento de Justicia? ¿Y por qué, en estos días, la justicia en Estados Unidos parece reducirse a millonarios que renuncian a cargos altamente prestigiosos?

Hasta ahora, tras la publicación de los archivos no se ha producido ni una sola detención en Estados Unidos. Epstein (fallecido) y Maxwell —quien actualmente, según informes, busca un indulto de Trump mientras cumple condena en una prisión federal a la que fue trasladada durante el gobierno republicano, tras ser entrevistada por el exabogado personal del presidente, Todd Blanche— siguen siendo los únicos nombres asociados a condenas.

A riesgo de señalar lo evidente: cuando una cábala de individuos ultrarricos y con amplias conexiones es acusada de algunos de los crímenes más graves imaginables, “pasar página” resulta difícil de justificar. Esto no es un divorcio conflictivo en el que todos dijeron cosas de las que luego se arrepintieron. Y tampoco se trata de una conducta dentro de la normalidad. Como sociedad, no podemos absorberlo y seguir adelante.

El comportamiento que no cuestionamos hoy es el que terminamos aceptando tácitamente.

Andrés debió haber sido apartado mucho antes de cualquier función pública. Y no, no resulta satisfactorio que lo hayan despojado de sus títulos —al fin y al cabo, pocos ciudadanos cuentan con privilegios aristocráticos— ni que haya dejado de recibir fondos públicos directos, aunque ahora dependa de recursos privados del rey Carlos, que tampoco provienen precisamente de un salario común. Aún no sabemos si su detención derivará en una acusación formal o en un juicio penal.

Sin embargo, todo este episodio hace que un lado del Atlántico parezca manejar los archivos Epstein con mayor determinación que el otro. La monarquía, además, debe ser consciente de que podría avecinarse una nueva crisis, en un contexto en el que el apoyo público a la institución se encuentra en mínimos históricos y Andrés, desde luego, no contribuye a fortalecer su imagen.

Pero la pregunta persiste: ¿no hace que la disposición del Reino Unido a investigarlo deje a Estados Unidos en una posición comparativamente débil?

Traducción de Leticia Zampedri