Familias de víctimas de Bryan Kohberger demandan a su universidad por ignorar señales previas a los crímenes
Al menos 13 denuncias formales se presentaron contra Kohberger durante su único semestre en la Universidad Estatal de Washington
Las familias de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados mientras dormían aseguran que hubo señales de alerta claras, pero que nadie actuó a tiempo para detener a Bryan Kohberger, responsable de uno de los crímenes más atroces en la historia del estado.
El miércoles, las familias de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin presentaron una demanda contra la Universidad Estatal de Washington (WSU), donde Kohberger estudiaba un doctorado en criminología. Acusan a la institución de no haber respondido a múltiples denuncias sobre el comportamiento inapropiado del joven cuando se desempeñaba como estudiante de posgrado y asistente de docencia, lo que —según argumentan— permitió que ocurriera una tragedia evitable.
En la demanda, alegan negligencia grave, homicidio culposo y violaciones del Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas públicas.
En el escrito también se señala que las autoridades universitarias ignoraron reiterados reportes que advertían sobre el acoso y hostigamiento de Kohberger hacia mujeres durante los meses previos a los asesinatos.
Kohberger, quien vivía en las residencias del campus en Pullman, se inscribió en el programa de doctorado semanas antes del crimen. En julio, se declaró culpable de apuñalar a los cuatro estudiantes en una casa fuera del campus, en Moscow, Idaho, ubicada a unos siete kilómetros de distancia. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, tras aceptar un acuerdo judicial que le evitó la pena de muerte.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Bryan Kohberger renunció a su derecho a apelar y recibió cuatro cadenas perpetuas consecutivas, además de 10 años adicionales. También deberá pagar más de 300.000 dólares en multas y unos 32.000 dólares en concepto de restitución para las familias de las víctimas y el fondo de compensación de Idaho, junto con otros 20.000 dólares por daños civiles.
Tras la sentencia, las autoridades difundieron registros de la investigación que, según los abogados de las familias, revelan un patrón de fallas institucionales graves.
“La información que ahora sale a la luz muestra un panorama inquietante de inacción institucional frente a advertencias reiteradas y graves”, expresaron los abogados en un comunicado. Añadieron que estas fallas no fueron consecuencia de la falta de autoridad o mecanismos, sino del colapso de la rendición de cuentas en momentos clave.
Steve Goncalves, padre de Kaylee Goncalves —quien ya había anticipado acciones legales el año pasado— figura entre los principales demandantes. También se sumaron Karen Laramie, madre de Madison Mogen; Jeff Kernodle, padre de Xana Kernodle; y Stacy Chapin, madre de Ethan Chapin. Las familias exigen una compensación económica, aunque no especificaron el monto.
“La parte demandante busca responsabilizar a la Universidad Estatal de Washington por sus propias decisiones y omisiones, al mantenerse inactiva frente a casos extremos, conocidos y reiterados de discriminación, acoso sexual y acecho cometidos por Kohberger dentro de su programa educativo”, señalan en la demanda.
Según el recurso judicial, la universidad tenía el deber de supervisar a Kohberger en su rol de estudiante, empleado, residente del campus y usuario de sus sistemas informáticos. No obstante, durante el único semestre en que estuvo inscrito, se presentaron al menos 13 denuncias formales en su contra.
“No hay indicios de que la universidad haya respondido a estas denuncias de manera urgente y decidida, como ameritaba la amenaza inminente y grave que representaba Kohberger”, afirman. Además, subrayan que la institución no ejerció su autoridad disciplinaria ni sus mecanismos de supervisión, pese a recibir repetidas advertencias sobre el alto riesgo de sus conductas.
The Independent se puso en contacto con autoridades de la WSU en busca de comentarios.
Los demandantes sostienen que Bryan Kohberger “desarrolló una reputación por conductas discriminatorias, de acoso y acecho”, y que la Universidad Estatal de Washington permitió que ese comportamiento persistiera. Según la demanda, ya en septiembre de 2022 varios profesores discutían la necesidad de una posible intervención, preocupados por la forma en que Kohberger trataba a las estudiantes mujeres.
Algunas de ellas, de acuerdo con el documento, llegaron a temer por su seguridad, pidieron acompañamiento hasta sus autos y crearon sistemas informales de alerta para protegerse entre sí cuando él estaba presente.
Menos de dos semanas antes de los asesinatos, Kohberger asistió a una reunión con miembros del cuerpo docente para abordar las crecientes preocupaciones sobre su conducta, según reportó The New York Times. Posteriormente, la universidad lo despidió de su cargo como asistente de docencia a comienzos de diciembre —después de los crímenes pero antes de su arresto— por desempeño deficiente e incumplimiento de las normas de conducta profesional.
Las familias argumentan en la demanda que esa medida llegó demasiado tarde.
“Las familias de las víctimas se han unido con un propósito común: exigir transparencia, rendición de cuentas y reformas significativas”, señalaron sus abogados en un comunicado.
También subrayaron: “Este esfuerzo no se trata de venganza ni especulación. Se trata de asegurar que las instituciones responsables de proteger a los jóvenes actúen con decisión cuando existan señales claras de advertencia”.
Actualmente, Bryan Kohberger, de 31 años, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Idaho, ubicada al sur de Boise.
Traducción de Leticia Zampedri
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