Marco Rubio autorizó personalmente arrestos de estudiantes pro-Palestina, según documentos oficiales
Memorandos internos del Gobierno de EE. UU. muestran cómo funcionarios de la Administración Trump “conspiraron” contra estudiantes, según un juez
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aprobó personalmente la detención y expulsión de cinco estudiantes activistas internacionales por su defensa de Palestina y sus escritos contra la guerra en Gaza, según documentos gubernamentales desvelados por un juez federal.
La publicación de los documentos sigue a una batalla legal de meses que ha acusado al Gobierno de Trump de llevar a cabo una campaña inconstitucional y de represalias contra los activistas universitarios.
La semana pasada, el juez de distrito William Young determinó que los funcionarios de Trump, incluidos Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habían participado en una “conspiración inconstitucional” y “no [habían cumplido] con sus deberes de proteger la Constitución” al violar los derechos de la Primera Enmienda de estudiantes y profesores con amenazas de quitarles las visas, arrestarlos y deportarlos.
Decenas de documentos internos del Gobierno desvelados el jueves revelan que Rubio ordenó a los funcionarios de seguridad nacional que deportaran a varios activistas de alto perfil, incluido Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia, antes de sus arrestos y detenciones el año pasado.
Un diplomático de alto rango advirtió repetidamente a Rubio que no actuara contra esos estudiantes y subrayó que retirarles los visados y las tarjetas de residencia por “acciones inextricablemente ligadas a discursos protegidos por la Primera Enmienda” probablemente provocaría una avalancha de demandas, según muestran los documentos.
En un memorando relacionado con el estudiante palestino de Columbia Mohsen Madhawi, titular de un permiso de residencia que fue detenido en una entrevista para obtener la ciudadanía en abril, se afirmaba: “Dada la posibilidad de que un tribunal considere que sus acciones están inextricablemente ligadas a un discurso protegido por la Primera Enmienda, es probable que los tribunales examinen la base de esta determinación”.
Los documentos gubernamentales desvelados incluyen expedientes elaborados por activistas como el grupo proisraelí Canary Mission, que se basaban en gran medida en fragmentos de noticias sobre manifestaciones pro-Palestina en los campus universitarios. El grupo describe su trabajo como la recopilación de información sobre personas que “promueven el odio a EE. UU., Israel y los judíos”.
Los funcionarios de Trump también reconocieron en repetidas ocasiones que no había prácticamente ninguna base para deportar a los estudiantes, aparte de invocar una ley de la era del temor rojo raramente utilizada que permite al secretario de Estado considerar sujetos de deportación a los no ciudadanos por percibir amenazas a la política exterior de EE. UU.
Rubio y otros funcionarios alegaron que los manifestantes contra la guerra de Israel en Gaza fomentaban el antisemitismo y prestaban apoyo material a grupos terroristas. Los estudiantes afectados, sus abogados y sus defensores han rechazado rotundamente esas acusaciones.
En declaraciones públicas, Rubio trató de justificar las detenciones de los estudiantes alegando que su presencia en EE. UU. socava los intereses de la política exterior para prevenir el antisemitismo. Ha dicho que revocó “con orgullo” cientos de visas a estudiantes por su activismo en las universidades.
Los documentos muestran que incluso los funcionarios de seguridad nacional reconocieron que no habían identificado “ningún motivo alternativo” para deportar a los estudiantes, “incluido el motivo de expulsión para extranjeros que hayan prestado apoyo material a una organización terrorista extranjera o a una actividad terrorista”.
En una declaración a The Independent sobre la orden del juez Young, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la Administración Trump “[estaba] utilizando todas las herramientas disponibles para sacar del país a los extranjeros que [apoyaban] el terrorismo”.
“Un visado es un visitante, no un habitante”, dijo el funcionario, y agregó: “Cumplimos todas las leyes aplicables para garantizar que EE. UU. no acoja a extranjeros que supongan una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
El año pasado, jueces federales pusieron en libertad a los cuatro estudiantes implicados en el caso: Khalil, Mahdawi, Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, y Badar Khan Suri, becario de Georgetown.
Otra persona, la estudiante de Columbia Yunseo Chung, había obtenido una orden de alejamiento antes de que ICE pudiera detenerla.
Los cinco estudiantes siguen libres de la custodia de ICE. Pero la Administración Trump sigue intentando volver a detenerlos y deportarlos.
A principios de esta semana, funcionarios de la Administración amenazaron con deportar a Khalil a Argelia después de que un tribunal federal de apelaciones revocara una decisión de un tribunal inferior que lo había liberado de la custodia de ICE.
Aunque los funcionarios de la Administración acusaron públicamente a Ozturk de participar en actividades “en apoyo de Hamás”, un memorando interno del Departamento de Estado afirmaba que no existían pruebas de que “participara en ninguna actividad antisemita” o hiciera “ninguna declaración pública que indicara apoyo a una organización terrorista o al antisemitismo en general”.
La académica turca, que había escrito un artículo de opinión para un periódico universitario crítico con la guerra de Israel, fue detenida por agentes enmascarados en una calle cercana a su casa de Massachusetts el pasado mes de marzo y recluida en un centro de detención de Luisiana durante más de seis semanas.
“Me parece impresionante que las pruebas me hayan obligado a constatar la conducta de funcionarios de tan alto nivel de nuestro Gobierno, secretarios del Gabinete, que conspiraron para infringir los derechos de la Primera Enmienda”, dijo el juez Young en sus observaciones finales desde el banquillo la semana pasada.
“Nunca he tenido un caso que se acercara a ese nivel de importancia”, expresó, y continuó: “Pero me he preguntado, ¿por qué? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que los más altos funcionarios de nuestro Gobierno pretendan vulnerar así los derechos de las personas que se encuentran legalmente en EE. UU.?”.
Dijo estar convencido por las pruebas del caso de que altos cargos de la Administración, incluido el presidente, tenían “una visión de la libertad conectada con la exclusión”, como si “temieran las protecciones de la Primera Enmienda” y “excluyeran de la participación a todo el que no [estuviera] de acuerdo con ellos”.
En la sentencia del jueves, el juez ordenó que cualquier nuevo intento de deportar a miembros de los grupos que presentaron la demanda se consideraría probablemente una represalia ilegal.
Traducción de Sara Pignatiello
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