Renuncia abogado estatal en medio del escándalo por el “fondo” de Trump de $1.700 millones para aliados
El Departamento del Tesoro habría quedado a cargo de distribuir los pagos a quienes lograran presentar con éxito reclamaciones ante el denominado fondo contra la “politización” judicial
Según trascendió, un alto funcionario jurídico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renunció el lunes poco después de que el Gobierno de Trump presentara un fondo de 1.700 millones de dólares destinado a compensar a aliados del presidente investigados durante gestiones anteriores.
Se trata de Brian Morrissey, hasta ahora principal asesor legal del Tesoro, quien dejó el cargo apenas siete meses después de haber sido confirmado por el Senado. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, en su carta de renuncia agradeció tanto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como al presidente Donald Trump.
La dimisión ocurrió apenas horas después de que el Departamento de Justicia anunciara la creación de un denominado “fondo contra la politización judicial”, pensado para compensar a personas que, según el Gobierno, fueron investigadas o procesadas injustamente, entre ellas acusados vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero.
La iniciativa recibió fuertes críticas tanto de dirigentes demócratas como de algunos republicanos y figuras como Hillary Clinton y decenas de legisladores, entre ellos el senador Bill Cassidy, la calificaron como una especie de “fondo discrecional” destinado a beneficiar aliados políticos.
Morrissey no explicó los motivos de su salida ni vinculó directamente su renuncia con el nuevo programa. Sin embargo, el Departamento del Tesoro iba a ser el organismo encargado de distribuir los pagos a quienes alegaran haber sido víctimas de una supuesta utilización política del sistema judicial durante el gobierno de Joe Biden.
Un portavoz del Departamento del Tesoro confirmó la salida de Morrissey y destacó su gestión dentro del organismo.
“Como asesor jurídico general, Brian Morrissey sirvió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos con honor e integridad. Le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, señaló.
The Independent se comunicó tanto con el Departamento de Justicia como con el propio Morrissey para solicitar comentarios adicionales.
Mientras tanto, el nuevo fondo de 1.776 millones de dólares continuó generando fuertes cuestionamientos entre legisladores, activistas y expertos legales, que acusan al Gobierno de Trump de priorizar intereses políticos por encima del Estado de derecho.
“Los altos funcionarios del Departamento de Justicia han puesto la política por encima de la ley y la lealtad al presidente por encima de sus propios juramentos”, escribió en X el abogado conservador Gregg Nunziata, director ejecutivo de la organización Rule of Law. “Han supervisado la destrucción del departamento”.
Las críticas también llegaron desde sectores republicanos. Bill Cassidy, senador que perdió las primarias tras distanciarse de Trump, afirmó que existen pocos antecedentes legales para una medida de este tipo y sostuvo que el Congreso debería aprobar primero cualquier iniciativa similar.
“La gente está preocupada por cómo llegar a fin de mes, no por crear un fondo discrecional sin precedentes legales. Somos una nación de leyes”, declaró Cassidy, según The Hill. “Si hace falta un acuerdo de este tipo, entonces el Congreso debería debatirlo y tomar una decisión”.
Robert Reich, exsecretario de Trabajo durante la presidencia de Bill Clinton, aseguró que nunca había visto algo similar en sus más de cinco décadas vinculadas a la política estadounidense.
“Hace que Nixon parezca un boy scout”, escribió en referencia al escándalo Watergate.
Incluso algunas voces conservadoras expresaron incomodidad con la iniciativa. Scott Jennings, comentarista político y habitual defensor de Trump en televisión, admitió durante el programa NewsNight de CNN que el fondo le resultaba “un poco incómodo”.
Desde el Partido Demócrata, las críticas fueron todavía más duras. Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pidió a los republicanos “poner fin a esta corrupción flagrante” y describió el mecanismo como un “fondo para sobornos”.
El polémico programa de 1.700 millones de dólares surgió además de una manera poco habitual: como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por Trump, sus hijos y sus empresas contra el IRS, el organismo tributario estadounidense, por la filtración de declaraciones impositivas.
A cambio de retirar una demanda valuada en 10.000 millones de dólares, el Departamento de Justicia aceptó crear este mecanismo de compensación.
El fondo permitiría que personas que consideren haber sido perseguidas injustamente por el Departamento de Justicia durante la gestión de Biden soliciten indemnizaciones económicas.
Las decisiones quedarían en manos de una comisión de cinco integrantes designados por el fiscal general, con autoridad para determinar quién recibe compensaciones y por qué monto.
Traducción de Leticia Zampedri
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