Gobierno de Trump busca expropiar santuario católico con estatua gigante de Jesús para ampliar muro fronterizo
Los abogados de la diócesis sostienen que una barrera física interrumpiría una peregrinación anual que atrae hasta 40.000 fieles cada otoño
El Gobierno de Donald Trump está demandando a una diócesis católica de Nuevo México, EE. UU., para expropiar terrenos para la construcción del muro fronterizo, una medida que ha derivado en un caso federal sobre la libertad religiosa en un lugar de peregrinación emblemático.
El Departamento de Justicia del país presentó una demanda para adquirir aproximadamente seis hectáreas de terreno en el condado de Doña Ana, pertenecientes a la Diócesis Católica Romana de Las Cruces, mediante lo que se conoce como el poder de expropiación forzosa.
Según informa el medio Bloomberg, el Gobierno estadounidense tiene previsto utilizar la propiedad para instalar vallas, iluminación de seguridad y cámaras cerca de la base del Monte Cristo Rey. De acuerdo con la demanda, las autoridades federales han propuesto 183.071 dólares como justa compensación por los terrenos.
El lugar alberga una estatua de piedra caliza de Jesucristo de casi 9 m de altura y constituye un importante destino religioso.
Sin embargo, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) negó las afirmaciones, que calificó de “ridículas”, de que el santuario se vería afectado.
Los abogados de la diócesis declararon en documentos presentados ante el tribunal que el santuario era un destino para decenas de miles de personas cada año y que la construcción de una barrera física interferiría con estas actividades religiosas.
Según informó la revista en línea Axios, los abogados de la diócesis escribieron: “El santuario en la cima de la montaña es lugar de peregrinaciones anuales. Cada otoño, día de la fiesta de Cristo Rey, hasta 40.000 fieles suben al Monte Cristo Rey para ‘maravillarse con la belleza del monumento y las vistas desde la cima’ y participar en una misa”.
La diócesis está luchando contra la incautación amparándose en la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
En un escrito presentado el viernes, la iglesia instó a un juez federal a denegar la solicitud de posesión inmediata, argumentando que el plan del Gobierno supondría una carga sustancial para el libre ejercicio de la religión.
“La expropiación propuesta por el Gobierno supondrá una carga sustancial para el libre ejercicio de la religión por parte de la diócesis, sus feligreses y los demás fieles que buscan comulgar con Dios en propiedad diocesana”, escribieron los abogados.
En un comunicado enviado a The Independent, el DHS refutó estas afirmaciones.
“La pertinente construcción del muro en esta zona se ubica a menos de 76 m de la frontera sur, bastante al sur de la cruz del Monte Cristo Rey y la carretera de acceso”, se lee en el comunicado que continúa: “La cruz se encuentra aproximadamente entre 400 y 427 m al norte de la frontera, en la cima de la montaña. El acceso al santuario no se verá afectado, ya que todos los asistentes ingresan desde el lado estadounidense. Las únicas personas que podrían verse afectadas por el muro fronterizo son los inmigrantes indocumentados que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país”.
El litigio surge luego de las recientes tensiones públicas entre el presidente Trump y el papa León XIV.
Trump criticó recientemente al pontífice en Internet después de que este expresara su oposición a un conflicto militar con Irán. Trump acusó al papa de apoyar las ambiciones nucleares de Irán.
El Vaticano respondió haciendo hincapié en la misión de la Iglesia Católica de predicar la paz, aunque la diócesis no hizo referencia a estas tensiones diplomáticas en sus documentos legales específicos.
El DHS había conseguido eximirse del cumplimiento de las normas de protección ambiental para acelerar la construcción de 2,1 km de barrera en la zona. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, interpuso la demanda contra la diócesis, tras una exención aprobada por la exsecretaria Kristi Noem.
La Administración Trump declaró en documentos judiciales que necesitaba la propiedad “para construir, instalar, operar y mantener carreteras, cercas, barreras para vehículos, alumbrado de seguridad, cámaras, sensores y estructuras relacionadas diseñadas para ayudar a asegurar la frontera entre EE. UU. y México”.
Una resistencia similar por parte de terratenientes privados en el oeste de Texas ya ha provocado retrasos y la eliminación de secciones de muros en algunos parques nacionales y estatales.
La Administración ha sugerido que los propietarios de terrenos prácticamente no tienen opciones para evitar la construcción. En cartas dirigidas a propietarios privados que solicitan acceso a sus propiedades, se indica que, si no se permite la construcción voluntariamente, los terrenos podrían ser expropiados.
Traducción de Sara Pignatiello
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