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Trump imputado de ‘más de 30 cargos’ por caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels

La decisión de imputar a Trump lo convierte en el primer expresidente de EEUU en enfrentar cargos penales

Andrew Feinberg
Viernes, 31 de marzo de 2023 09:10 EDT
Trump indicted in Stormy Daniels probe as first ex-US president to face criminal charges
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Un gran jurado de la ciudad de Nueva York ha imputado a Donald Trump por cargos de falsificación de registros comerciales derivados de los pagos que realizó a la actriz de contenido adulto, Stormy Daniels, para tapar una aventura extramatrimonial que tuvo con ella antes de las elecciones de 2016.

Una fuente le dijo a The Independent que los miembros del gran jurado votaron para imputar al expresidente en algún momento de esta semana, y que la acusación se encuentra actualmente sellada.

Recién se presentó ante la Corte Suprema de Nueva York el jueves por la noche, justo antes de que la oficina del secretario de la corte cerrara.

Según los informes, Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude comercial, según fuentes que informaron a CNN al hacerse pública la acusación.

La acusación concreta, que ha sido firmada por el presidente del gran jurado y que actualmente se encuentra sellada, se anunciará en los próximos días por el fiscal de distrito Alvin Bragg.

El expresidente había señalado que podría ser arrestado por la oficina de Bragg, que aún estaba en el proceso de presentar pruebas ante un gran jurado el lunes. Anteriormente dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que esperaba ser arrestado el 21 de marzo, pero la fecha pasó sin que el gran jurado emitiera una acusación.

Bragg aclaró en un comunicado el jueves 30 de marzo que su oficina ha estado en contacto con los abogados de Trump con respecto a la fecha de la lectura de cargos al expresidente.

“Esta tarde nos comunicamos con el abogado del Sr. Trump para coordinar su entrega a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan para la lectura de cargos en una acusación de la Corte Suprema, que permanece sellada. Se proporcionará más detalles al acordar la fecha de lectura de cargos,” dijo Bragg.

Los abogados de Trump han indicado que el expresidente se entregará a las autoridades de Nueva York a principios de la próxima semana.

En el tiempo transcurrido entre el momento en que afirmó falsamente que lo arrestarían y el anuncio de que el gran jurado lo había imputado, el expresidente ha intensificado los ataques cada vez más desquiciados contra Bragg, incluso durante un mitin el 25 de marzo en Waco, Texas.

Durante un vuelo de avión al mitin de Texas, le dijo a un grupo de reporteros que viajaban con él que creía que Bragg había “abandonado el caso” y alegó que constituía “un caso falso”.

Pero más tarde esa noche, Trump acusó al fiscal de Manhattan de haber interfido en las elecciones presidenciales del próximo año.

“La mala conducta de los fiscales es su nueva herramienta y están dispuestos a usarla a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Lo hemos visto antes, pero nunca a ese nivel,” él dijo. “Debemos frenarlos. No debemos permitir que se metan en otra elección en la que tengan otra herramienta más en su caja de herramientas”.

Trump también ha pasado gran parte de las últimas semanas publicando diatribas incoherentes contra Bragg en Truth Social, en las que acusó al principal fiscal de Manhattan, que es negro, de ser racista y de “usar el poder de su cargo para perseguir, acusar y perseguir a un ex presidente de los Estados Unidos de América” mientras deja en libertad a “asesinos, violadores y narcotraficantes”.

Además, el expresidente publicó una foto en su sitio web en la que aparece sosteniendo un bate de béisbol junto a una foto de la cabeza de Bragg, lo cual daba a entender que Trump se preparaba para agredir al fiscal de Manhattan. Más tarde eliminó la publicación, que uno de sus abogados calificó de “inoportuna” y culpó al personal del expresidente durante una aparición en Meet the Press de NBC.

Es posible que la retórica violenta e incendiaria contra Bragg ya haya surtido efecto. La semana pasada, el fiscal de Nueva York recibió una amenaza de muerte por correo junto con una sustancia blanca en polvo que luego se determinó que era inofensiva.

Los cargos contra Trump se presentarán a pesar de una serie de interferencias del partido repúblicano

Bragg sigue adelante con la presentación de cargos contra el expresidente a pesar de un esfuerzo sin precedentes de los aliados republicanos de la Cámara de Representantes de Trump para obligarlo a presentar pruebas sobre su investigación en curso a tres comités de la Cámara.

La semana pasada, los presidentes de los comités judiciales, de supervisión y de administración de la Cámara de Representantes (los representantes Jim Jordan, James Comer y Bryan Stiel) le enviaron una carta a Bragg exigiendo que se presente a una entrevista transcrita y que entregue los documentos de su investigación. Al igual que Trump, han tachado la investigación de Bragg como un esfuerzo por interferir en las elecciones presidenciales de 2024.

El abogado general de Bragg señaló que la solicitud del Congreso “claramente transgrede asuntos del estado” al solicitar información sobre el esfuerzo de un fiscal local para hacer cumplir la ley estatal. También afirmó que Bragg “está obligado por las constituciones federal y estatal a proteger la independencia de las funciones estatales de aplicación de la ley de la interferencia federal”. Los tres presidentes de los respectivos comités respondieron en una carta del sábado. Afirmaron que su solicitud es legítima dado que “la posible acusación penal de un expresidente de los Estados Unidos (quien quiere postularse de nuevo al cargo) por parte de un fiscal local electo del partido político opositor, no puede sino suscitar los intereses de los poderes federales”.

Agregaron que el trabajo de Bragg cae bajo la jurisdicción del Comité Judicial de la Cámara de Jordan porque dicho panel, y el Congreso, tienen "un interés específico y manifiestamente importante en la prevención de enjuiciamientos por motivos políticos" de presidentes actuales y anteriores por fiscales estatales y locales electos, en particular aquellos juzgados ante jueces de primera instancia estatales y locales electos.

“Por lo tanto, el Comité del Poder Judicial, como parte de su amplia autoridad para desarrollar legislación de justicia penal, ahora debe considerar si redactar una legislación que, de ser promulgada, aislaría a los presidentes actuales y anteriores de tal estado inapropiado y procesamientos locales,” dijeron.

“Debido a que la acusación inminente de un expresidente es una cuestión de primera impresión, los comités requieren información de su oficina para informar nuestra supervisión.”

La acusación contra Trump lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos para arrastrar cargos criminales en los casi 250 años de historia del país. Las autoridades federales alguna vez consideraron presentar una acusación contra el ex presidente Richard Nixon por los delitos que cometió durante su mandato, pero el indulto que le otorgó su sucesor, Gerald Ford, imposibilitó el caso.

A diferencia de los cargos que nunca se presentaron contra Nixon, quien murió en 1994, los cargos contra Trump se presentaron en un tribunal estatal y no se pueden evitar con un futuro indulto presidencial.

Pero el estatus de Bragg como fiscal estatal que está fuera del sistema judicial federal no ha impedido que los aliados de Trump en la conferencia republicana de la Cámara intenten aprovechar su influencia para defenderlo.

En una carta enviada a Bragg el lunes, el presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y el presidente del comité de administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil, acusaron al fiscal demócrata de estar "a punto de infringir la autoridad del oficio de fiscal de forma inaudita”.

“A la luz de las graves consecuencias de sus acciones, esperamos que testifique sobre lo que claramente parece ser una decisión procesal políticamente motivada,” alegaron.

Bragg dijo en un comunicado que su oficina “evalúa los casos en nuestra jurisdicción en función de los hechos, la ley y la evidencia”.

“Es improcedente que el Congreso interfiera con las investigaciones locales pendientes. Esta investigación sin precedentes por parte de funcionarios federales electos sobre un asunto en curso solo sirve para obstaculizar, interrumpir y socavar el trabajo legítimo de nuestros dedicados fiscales. Como siempre, nos guiaremos por los hechos y por el estado de derecho en todo lo que hagamos,” afirmó.

¿Cómo terminó Donald Trump en el banquillo?

La decisión de imputar al exmandatario, ya acusado dos vece, es el capítulo más reciente de una saga que se remonta a 2016, cuando el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, arregló pagos secretos a dos mujeres con quienes el expresidente sostuvo relaciones extramatrimoniales: Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Gregory Clifford; y la ex modelo de Playboy Karen McDougal.

Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Gregory Clifford, recibió supuestos pagos del abogado de Trump, Michael Cohen, para tapar su presunta relación con el expresidente

Se depositó la suma de US$130.000 a Daniels a través de una empresa ficticia creada a tal efecto por Cohen, que luego fue reembolsada por la compañía de Trump.

A principios de 2016, Cohen también arregló que el editor de la publicación de prensa amarilla, National Enquirer, le pagara a McDougal US$150.000. Como resultado, la historia nunca se publicó gracias a una práctica turbia conocida como ‘catch and kill’. Es una técnica adoptada por los medios de comunicación que emplea acuerdos de confidencialidad para callar a un individuo que quiere publicar información que perjudique a una tercera persona.

Trump ha negado repetidamente haber tenido una aventura con Daniels. Sin embargo en sus memorias de 2018, Full Disclosure, la actriz de cine porno describió sus encuentros de 2006 con el futuro presidente, además de entrar en detalles sobre su anatomía, al señalar que el pene de Trump era “más pequeño que el promedio” pero “no anormalmente pequeño”.

“Él sabe que tiene un pene inusual: tiene una enorme cabeza de hongo. Sí, es como un hongo,” ella escribió. “Puede haber sido el sexo más decepcionante que he tenido, pero claramente, él no estaba de acuerdo”.

El momento en que Trump eligió pagarle a Daniels por su silencio, una década después del asunto, se destacará en cualquier juicio por los cargos que enfrenta. La oficina de Bragg deberá demostrar que los pagos estaban relacionados con las elecciones de 2016 y que no se realizaron con otros fines.

Dichos pagos, que fueron reembolsados a Cohen por la Organización Trump, hicieron que la corporación de licencias y bienes raíces “falsificara” el reembolso de Cohen a efectos de “impuestos” según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018.

Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiación irregular de campañas electorales en relación con los pagos. Los fiscales federales alegan que los pagos equivalían a asistencia ilegal y no declarada para la campaña de 2016 del expresidente. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump, al citar una antigua prohibición de acusar a los presidentes en funciones.

El exabogado caído en desgracia, que fue inhabilitado tras su declaración federal de culpabilidad, ha sido un testigo clave contra Trump. Se reunió con los fiscales el 13 de marzo, pocos días antes de que el gran jurado votara para acusar a su exjefe.

Los fiscales alegan que Trump falsificó los asientos contables de su empresa al declarar el reembolso de Cohen por el pago de Daniels como gastos legales. Si bien se considera un cargo menor según la ley de Nueva York, pasaría a ser un delito grave si queda probado que Trump falsificó los registros para encubrir otro crimen.

Michael Cohen has sido un testigo clave contra Trump después de declararse culpable de infringir la ley de debida financiación de campañas electorales

La decisión del gran jurado de acusar a Trump se produjo a raíz de un giro inesperado en la investigación de larga data sobre el exmandatario por parte de la oficina dirigida por Bragg.

Después de años de ignorar el caso del dinero secreto, los fiscales comenzaron a entrevistar a testigos al respecto a principios de este año. Entre los exsocios de Trump entrevistados ante el gran jurado se encontraban Hope Hicks, la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, y Kellyanne Conway, su directora de campaña de 2016 y exconsejera de la Casa Blanca.

Los fiscales también hablaron en repetidas ocasiones con Cohen, el ex mediador de Trump que es la única persona que enfrenta cargos como resultado del plan de dinero secreto (hasta ahora) y que una vez prometió "recibir una bala" por su antiguo jefe.

Más tarde le confesó al comité de supervisión de la Cámara que “todo” lo relacionado con los cargos que enfrenta “se hizo con el pleno conocimiento y bajo la dirección de Trump”.

Debido a que los cargos penales anteriores de Cohen incluían haberle mentido al Congreso, la oficina de Bragg entrevistó a Cohen más de 20 veces para asegurarse de su testimonio antes de llevarlo ante el gran jurado en dos sesiones, una el lunes y otra el miércoles. También ha dicho que ha proporcionado a los fiscales documentos concretos para respaldar su testimonio.

Hasta ahora, el equipo de Trump ha adoptado la misma postura de siempre para exonerar al expresidente de toda culpa. Buscan tachar los cargos como un intento ilegítimo y políticamente motivado de perjudicar las ambiciones electorales del expresidente en lugar de un intento de hacer cumplir las leyes penales contra una persona que supuestamente las violó.

En una declaración incoherente publicada el jueves pasado, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, expresó que el expresidente “es completamente inocente” y “no hizo nada malo”.

“Los demócratas han investigado y atacado al presidente Trump desde antes de que fuera elegido, y siempre han fallado. Ahora los demócratas se metieron de nuevo. Presionaron el ‘botón nuclear’ y quieren atacar a un expresidente por culpa de un extorsionador caído en desgracia. Justo cuando Trump lidera las encuestas por un amplio margen frente a demócratas y republicanos. Nunca se ha visto algo tan descarado en la historia política estadounidense,” lamentó.

¿Qué otro peligro criminal podría enfrentar Donald Trump?

La acusación del gran jurado de Nueva York contra Trump podría ser solo la primera serie de cargos penales que enfrenta el expresidente en su intento de convertirse en el primer expresidente en regresar a la Casa Blanca por un período no consecutivo desde que Grover Cleveland logró esa hazaña en 1892.

Las autoridades de varias jurisdicciones están supervisando otras cuatro investigaciones que podrían dar lugar a más acusaciones contra el expresidente, acusado dos veces e imputado una vez.

En el condado de Fulton, Georgia, la fiscal de distrito Fani Willis está considerando pedirle a un gran jurado que acuse formalmente a Trump de cargos relacionados con sus esfuerzos para presionar a los funcionarios del estado de Peach para que anulen su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden.

En 2022, un gran jurado especial solicitado por Willis concluyó una investigación de meses sobre los esfuerzos de Trump para revertir su derrota electoral de 2020 ante Biden, incluidas sus llamadas a los funcionarios electorales del estado de Peach y un complot para presentar documentos electorales falsos a los Archivos Nacionales para darle al entonces vicepresidente Mike Pence una razón para secuestrar la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 al declararlo a él y a Trump como los ganadores de las elecciones.

En un informe presentado ante el Tribunal de Distrito del condado de Fulton, el informe del gran jurado de 23 miembros decía, "La mayoría del gran jurado cree que uno o más testigos presentaron falsos testimonios” y recomendó que Willis “busque acusaciones apropiadas para tales delitos donde la evidencia sea convincente”.

El equipo legal de Trump ha pedido a la corte que descarte el trabajo del gran jurado en su totalidad, al citar declaraciones públicas de los grandes jurados y otros motivos que, según dicen, imposibilitan que Willis enjuicie al expresidente. Pero no está claro si la estrategia del expresidente dará sus frutos.

Los esfuerzos del expresidente en el período previo al ataque del 6 de enero en el Capitolio también están siendo investigados por un gran jurado federal que trabaja con Jack Smith, un abogado especial designado para supervisar las investigaciones sobre Trump por el abogado general Merrick Garland en noviembre.

Smith, un exfiscal federal que recientemente trabajó en el extranjero para un tribunal de crímenes de guerra en La Haya, ha tratado de entrevistar a numerosos exfuncionarios de la Casa Blanca de Trump que estaban al tanto de las ideas y acciones del expresidente en las semanas entre su derrota electoral de 2020 ante Biden y el peor ataque al Capitolio desde que el mayor general Robert Ross ordenó a las tropas británicas que lo quemaran durante la guerra de 1812.

También está investigando si Trump violó las leyes de EEUU que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional y la obstrucción de la justicia, y esa investigación se deriva de la supuesta posesión por parte de Trump de cientos de documentos confidenciales después de su mandato en la Casa Blanca, y su autorización para poseer dichos documentos, llegó a su fin.

Smith obtuvo recientemente una orden judicial que le permitía a él y a los miembros de un gran jurado separado de Washington, DC interrogar a uno de los abogados de Trump, Evan Corcoran, sobre las conversaciones con el expresidente en el período de tiempo entre el momento en que recibió una citación del gran jurado que lo obligaba a devolver cualquier documento confidencial que tuviera en su poder y la redacción de una declaración jurada falsa por parte de Corcoran en la que otra de las entonces abogadas de Trump, Christina Bobb, afirmaba que se habían devuelto todos los documentos en cuestión.

Otra investigación realizada por funcionarios federales no está dirigida personalmente a Trump, pero podría ponerlo en peligro en el futuro.

Según The Guardian, el Trump Media and Technology Group del expresidente, la compañía que opera su sitio web Truth Social, está sujeto a una investigación de parte de la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de la Justicia para averiguar si la empresa violó las leyes federales contra el lavado de dinero.

Se informa que la investigación se centra en la suma de US$8 millones que la compañía recibió en 2021 y 2022 de “dos entidades oscuras que parecen estar controladas en parte por la relación de un aliado del presidente ruso Vladimir Putin”.

Traducción de Anna McDonnell

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