6 de enero, Mar-a-Lago y un campo de golf: las investigaciones que enfrenta Donald Trump

Donald Trump está bajo varias investigaciones en el Congreso, civiles y penales, que abarcan desde sus intereses empresariales y las acusaciones de fraude fiscal hasta sus esfuerzos por socavar las elecciones presidenciales de 2020 y alimentar la violencia en el Capitolio estadounidense.

El expresidente, su empresa familiar, sus intereses inmobiliarios y sus aliados políticos están bajo el escrutinio de investigadores federales, fiscales estatales y miembros del Congreso.

Esta es una lista parcial de las principales investigaciones que involucran a Trump y su situación actual tras una redada sin precedentes del FBI en su casa de Palm Beach, Florida, en Mar-a-Lago, el 8 de agosto.

El 8 de agosto, los agentes federales llevaron a cabo un registro autorizado por el tribunal en el complejo turístico del expresidente en Florida, que parecía estar en busca de los documentos que Trump llevó consigo tras dejar la Casa Blanca.

Según una copia de la orden y el inventario de los documentos recuperados en la propiedad, los agentes federales recibieron la instrucción de incautar “documentos y registros físicos que constituyen pruebas, contrabando, productos del delito u otros artículos poseídos ilegalmente en violación” de tres leyes penales: la Ley de Espionaje, que tipifica como delito la sustracción de información relacionada con la defensa nacional “de su debido lugar de custodia”, así como las leyes penales relacionadas con la obstrucción de la justicia y la sustracción de registros gubernamentales.

El 6 de agosto, Trump dijo en un comunicado a través de su comité de acción política Save America y en su plataforma Truth Social que su “hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI” y acusó al Departamento de Justicia de lanzar un ataque político contra él.

“¡Incluso abrieron mi caja fuerte!”, dijo.

Un comité selecto formado por una votación en la Cámara de Representantes tiene la tarea de investigar el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, alimentado por la narrativa infundada de Trump de que el resultado le fue “robado”, lo que llevó a una multitud de sus partidarios a los pasillos del Congreso mientras los legisladores se reunían para certificar los resultados.

Las audiencias públicas preliminares comenzaron en julio de 2021 y continuaron con audiencias públicas televisadas en vivo, incluidas dos que se emitieron en horario de máxima audiencia, en las que se presentaron testimonios de testigos y pruebas relacionadas con las teorías conspirativas promovidas por Trump y sus aliados, los intentos de Trump y sus aliados de presionar al entonces vicepresidente Pence y a los funcionarios electorales de otros estados, y lo que sabían los funcionarios de la Casa Blanca en los días previos al 6 de enero, así como las acciones y la inacción de Trump durante el ataque.

Tras la investigación, la comisión podría hacer remisiones penales al Departamento de Justicia de EE.UU. basándose en las pruebas descubiertas a través del testimonio de testigos, cientos de entrevistas y documentos obtenidos por el comité.

Como parte de una investigación más amplia sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, los fiscales federales supuestamente están investigando la campaña de presión del expresidente contra Pence para rechazar la certificación del Colegio Electoral y si Trump instruyó a sus abogados y asesores sobre el llamado esquema de elector alternativo.

En las últimas semanas, los investigadores han intensificado la investigación, incluyendo el testimonio ante el gran jurado de dos exasistentes de Pence y una citación emitida al abogado John Eastman, una figura central en el esfuerzo legal de Trump por promover la teoría marginal de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían nombrar listas “alternativas” para asegurar la victoria de Trump.

La investigación es independiente de la del comité de la Cámara de Representantes, así como del registro del FBI del 8 de agosto.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes lleva años tratando de obtener las declaraciones de impuestos y los registros financieros de Trump para corroborar las antiguas acusaciones de fraude. El 9 de agosto, la mañana después de que los agentes federales llegaron a Mar-a-Lago, el comité anunció que una decisión del tribunal federal de apelaciones significa que los miembros del comité tendrán acceso “inmediato” a los documentos.

Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia se puso del lado de la mayoría demócrata del comité el 9 de agosto, permitiéndoles el acceso a las declaraciones de impuestos federales de cinco años del expresidente y sus empresas.

“Si bien es posible que el Congreso intente amenazar al presidente en funciones con una solicitud invasiva después de dejar el cargo, todo presidente asume el cargo sabiendo que estará sujeto a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos al dejar el cargo”, escribió el juez superior de circuito David Sentelle en la presentación de 33 páginas. “Esta es una característica de nuestra república democrática, no un error”.

Trump nunca ha dado a conocer públicamente sus declaraciones de impuestos, a pesar de que prometió hacerlo durante su campaña inicial, y ha librado una prolongada batalla legal contra los legisladores que buscan esos documentos tras las acusaciones planteadas por su exabogado Michael Cohen durante el testimonio del Congreso en 2019.

Cohen testificó que su exjefe inflaba sus activos para impulsar su perfil personal y empresarial y luego desinflaba ilegalmente sus activos declarados para evadir los impuestos de bienes raíces. Trump ha negado esas afirmaciones.

El fiscal del condado de Fulton en Georgia, Fani Willis, está investigando los intentos de anular la derrota electoral de Trump en el estado, después de haber presionado al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para “encontrar” 11.000 votos para revertir el resultado.

Un gran jurado especial de 23 personas se constituyó en mayo y ha citado a varios actores clave del equipo legal y de los asesores del expresidente, como Rudy Giuliani, John Eastman, Jenna Ellis y el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, entre otros.

Willis también ha informado a los 16 electores republicanos “alternativos” del estado que podrían enfrentarse a cargos penales por comprometerse a certificar falsamente la elección de Trump y anunciarse como los electores “debidamente elegidos y calificados” de Georgia a pesar de la victoria de Joe Biden.

La fiscal general de Nueva York, Letitita James, ha iniciado una investigación civil para determinar si Trump infló fraudulentamente el valor de sus activos. Ha acusado a la familia Trump y a su Organización Trump, con sede en Nueva York, de prácticas “fraudulentas o engañosas”, como falsear repetidamente el valor de los activos, “para obtener una serie de beneficios económicos, como préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.

James ha buscado información relacionada con las tasaciones de tres propiedades de Trump, entre ellas el 40 de Wall Street, el Trump National Golf Club y la finca Seven Springs en el condado neoyorquino de Westchester.

Se espera que Trump y su hija mayor Ivanka Trump presenten su testimonio en ese caso. Su hijo mayor Donald Trump Jr. también ha sido entrevistado, según se informa. Eric Trump fue depuesto en 2020.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan también ha estado investigando las prácticas comerciales y los activos de Trump desde 2019. Esa investigación penal, lanzada bajo el anterior fiscal de distrito Cyrus Vance, sigue abierta bajo el actual fiscal Alvin Bragg, aunque dos de los principales fiscales renunciaron a principios de este año, y un gran jurado ha sido disuelto.

El año pasado, basándose en las pruebas de la investigación del fiscal general, los fiscales de Manhattan acusaron a la Organización Trump y a su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, de fraude fiscal, alegando que Weisselberg cobró más de US$1,7 millones que no declaró.

El 18 de agosto se declaró culpable de 15 infracciones fiscales. También tendrá que declarar en el juicio por las empresas que también fueron acusadas de fraude.

Weisselberg y Eric Trump invocaron la Quinta Enmienda más de 500 veces cuando fueron interrogados por los fiscales, según los documentos.

Aparte de las investigaciones en curso en Manhattan y con el fiscal general del estado, el Trump National Golf Club Westchester, a unas 30 millas (50 kilómetros) de la ciudad, se enfrenta a una investigación de la fiscal del distrito de Westchester Miriam “Mimi” Rocah.

No está claro qué progresos se han logrado en la investigación; la noticia de la investigación de Rocah y las citaciones para los registros de impuestos de propiedad se informaron por primera vez en octubre de 2021.

Un portavoz de la Organización Trump en ese momento afirmó que una revisión de las evaluaciones de impuestos “se resolvió de manera amistosa” a principios de ese año, y “la insinuación de que algo era inapropiado es completamente falsa e increíblemente irresponsable. La caza de brujas continúa”.

Esta historia fue publicada el 9 de agosto y ha sido actualizada.