Sobrevivientes de “narcolancha” murieron tras orden de Pete Hegseth de “matar a todos”: informe
Más de 80 personas murieron en una campaña que expertos en derecho de guerra califican como ejecución extrajudicial
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal para no dejar sobrevivientes mientras el Gobierno de Donald Trump lanzaba el primero de más de una docena de ataques contra embarcaciones supuestamente usadas para transportar drogas, operaciones que han dejado más de 80 muertos en los últimos tres meses.
El 2 de septiembre, personal militar estadounidense disparó un misil contra una embarcación en el Caribe que llevaba a 11 personas acusadas de traficar drogas hacia Estados Unidos.
Cuando dos sobrevivientes salieron de los restos, un comandante de Operaciones Especiales al mando del ataque ordenó un segundo golpe para cumplir con las instrucciones de Hegseth de “matar a todos”, según The Washington Post, que citó a funcionarios con conocimiento directo de la operación.
En el reporte se indicó que los dos hombres “volaron en pedazos en el agua”.
La revelación sobre la presunta orden de Hegseth se conoce tras una intensa revisión legal por parte de investigadores internacionales y miembros del Congreso, quienes señalan que la campaña letal del Gobierno de Trump equivale a ejecuciones extrajudiciales ilegales, definidas por expertos en derecho de guerra consultados por The Independent como homicidio directo y crimen de guerra.
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The Independent solicitó comentarios al Pentágono.
En septiembre, el Gobierno de Trump informó al Congreso que Estados Unidos participa formalmente en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, a los que el presidente calificó como “combatientes ilegales”.
Funcionarios del Gobierno describieron a los cárteles como “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos” y afirmaron que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional”, es decir, una guerra contra un actor no estatal.
En las semanas siguientes, el Gobierno de Trump ordenó más de una docena de ataques que han dejado más de 80 muertos en embarcaciones en el Caribe y el Océano Pacífico, sin presentar públicamente evidencia ni justificación legal alguna para esas muertes, según legisladores y organizaciones de derechos civiles.
Un nuevo memorando legal del Departamento de Justicia afirma que el personal militar involucrado en los ataques no enfrentará procesos penales en el futuro, una defensa que expertos legales y especialistas en seguridad nacional consideran insuficiente para evitar una posible responsabilidad criminal.
Los presuntos traficantes no representan una amenaza inminente para Estados Unidos ni forman parte de lo que el Gobierno definió como un “conflicto armado” con el país, según funcionarios y especialistas.
“El término para un asesinato premeditado fuera de un conflicto armado es homicidio”, señaló Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group, una organización de análisis de conflictos.
“Y el Gobierno de Trump no ha demostrado que estos ataques ocurren dentro de un conflicto armado ni que los objetivos serían legítimos bajo el derecho de guerra”, dijo a The Independent este mes.
Aunque no está claro qué instrucciones emitió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia al gobierno, la Casa Blanca parece usar esa guía como un “permiso legal para cometer actos que de otro modo serían criminales”, según Finucane.
Al ser consultado sobre por qué no busca autorización del Congreso para su campaña militar contra gobiernos sudamericanos que, según él, alimentan una epidemia de drogas en Estados Unidos, Trump afirmó que su Gobierno “va a matar gente”.
“No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlos”, afirmó Trump durante una mesa redonda en la Casa Blanca con funcionarios de su administración.
“Van a terminar muertos, ¿entendido?”, remató.
Trump compartió imágenes del primer ataque del 2 de septiembre en su cuenta de Truth Social al día siguiente y advirtió que el golpe también funcionaba como “aviso” para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos.
El presidente afirmó que las 11 personas a bordo eran “terroristas” del grupo venezolano Tren de Aragua, al que su Gobierno ha catalogado como organización terrorista extranjera
Esta es una noticia en desarrollo.
Traducción de Leticia Zampedri