Juez desestima acusaciones contra dos enemigos políticos de Trump

Un juez federal ha desestimado los cargos penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y dictaminó que la fiscal que presentó los casos, a instancias del presidente Donald Trump, fue nombrada de manera ilegal por el Departamento de Justicia. Esta decisión representa una contundente reprimenda a las tácticas legales de la administración Trump.

Las resoluciones de la jueza federal de distrito Cameron McGowan Currie frenan, por ahora, una serie de procesamientos que habían generado inquietud sobre el posible uso del Departamento de Justicia como herramienta para procesar a opositores políticos del presidente. El fallo subraya las maniobras de la administración Trump para designar apresuradamente a una fiscal leal e inexperta.

Lindsey Halligan, la fiscal en cuestión, se suma así a la lista de individuos descalificados por la forma irregular en que fueron designados por el gobierno de Trump.

Aunque Comey y James habían solicitado que los casos fueran desestimados con prejuicio, lo que impediría al Departamento de Justicia volver a presentarlos, laa jueza optó por desestimarlos sin prejuicio. No obstante, aún no está claro si el Departamento de Justicia intentará revivir estos procesamientos en el futuro, ni cómo podría hacerlo.

La apelación a la designación de Halligan fue una parte de un asalto multifacético a las acusaciones por parte de Comey y James, quienes habían buscado que sus casos fueran desestimados por ser procesamientos vengativos. Los abogados de Comey también se habían centrado en irregularidades en el proceso del jurado investigador para intentar que el procesamiento fuera anulado. Cada una de esas solicitudes sigue pendiente.

La orden del lunes trata exclusivamente del mecanismo que la administración Trump empleó para nombrar a Halligan, una exasistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, para liderar una de las oficinas más elitistas e importantes del Departamento de Justicia.

Halligan fue nombrada para el puesto en septiembre después de que el fiscal interino Erik Siebert se vio obligado a renunciar en medio de la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James.

Después de la renuncia de Siebert, los abogados de Comey argumentaron que los jueces de la corte federal de distrito deberían haber tenido la decisión exclusiva sobre quién llenaría la vacante. En cambio, Trump nominó a Halligan mientras imploraba públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en una publicación en redes sociales que tomara medidas contra sus oponentes políticos y en su red social Truth Social publicó que “¡¡¡LA JUSTICIA DEBE SERVIRSE, AHORA!!!”.

Días después, Comey fue acusado de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso, y James fue acusada en una investigación de fraude hipotecario.

En una declaración, James dijo: “Estoy alentada por la victoria de hoy y agradecida por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país”.

“Permanezco sin miedo ante estos cargos infundados mientras continúo luchando por los neoyorquinos cada día”, dijo la fiscal demócrata.

Los jueces han descalificado por separado a fiscales federales interinos en Nueva Jersey, Los Ángeles y Nevada, pero han permitido que los casos presentados bajo su supervisión avancen. Pero los abogados de Comey y James argumentaron que el fallo de Currie necesitaba ir aún más lejos porque Halligan fue la única firmante de las acusaciones y la fuerza impulsora detrás de ellas.

Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump. Nombrado para el puesto en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey, en el momento de la elección de Trump en 2016, estaba supervisando una investigación sobre si su campaña presidencial había conspirado con Rusia para influir en el resultado de la contienda. Furioso por esa investigación, Trump despidió a Comey en mayo de 2017 y los dos funcionarios se han enfrentado verbalmente en los años posteriores.

James también es un objetivo frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que ganó un juicio asombroso contra él y la Organización Trump en una demanda que alegaba que él defraudó a los bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en declaraciones financieras. Un tribunal de apelaciones anuló la multa, que había aumentado a más de 500 millones de dólares con intereses, pero confirmó el fallo de un tribunal inferior de que Trump había cometido fraude.