Jueza critica la “negligencia” de ICE por atribuir condena por marihuana a niño de 4 años
Los jueces reprenden de forma reiterada a abogados del gobierno y al DHS por errores y desacatos
Una jueza federal reprendió al Gobierno de Donald Trump por afirmar que un inmigrante que solicitaba su liberación de custodia había sido condenado por posesión de marihuana en 2009, cuando tenía apenas 4 años.
Para sustentar su argumento de que debía permanecer detenido y ser deportado, los abogados del gobierno adjuntaron un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según indicaron, correspondía a su historial criminal.
Sin embargo, la jueza federal del Distrito Sur de Virginia Occidental, Irene Berger, señaló en su orden de liberación emitida el martes que el documento fue presentado a pesar de las “diferencias” en fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombres de los padres y estatus migratorio. “Esta negligencia confirma aún más las preocupaciones del tribunal sobre los procedimientos utilizados por los demandados para privar de su libertad a personas presentes en Estados Unidos”, escribió.
El reproche, que se volvió viral y fue reportado inicialmente por Politico, constituye el más reciente de una serie de reveses para los abogados del Departamento de Justicia y funcionarios de Seguridad Nacional, quienes no han logrado cumplir con órdenes judiciales tras miles de arrestos realizados en el marco de los esfuerzos de deportación masiva impulsados por Trump.
En la última semana, al menos dos abogados del gobierno fueron declarados en desacato civil por jueces por incumplir órdenes judiciales en casos migratorios, según documentos revisados por The Independent.
De hecho, la semana pasada la jueza federal de distrito en Minnesota, Laura M. Provinzino, declaró en desacato civil a un fiscal federal por “desobediencia flagrante” de órdenes judiciales en el caso de un no ciudadano detenido durante el despliegue masivo de agentes migratorios impulsado por Donald Trump en ese estado.
Asimismo, Provinzino ordenó al fiscal especial adjunto de Estados Unidos, Matthew Isihara, pagar una multa de 500 dólares diarios hasta que el gobierno devolviera los documentos de identificación de un hombre tras su liberación. El desacato quedó sin efecto una vez que los documentos fueron restituidos.
Esta semana, el juez Eric C. Tostrud, designado por Trump en Minnesota, declaró a la administración en desacato civil por trasladar a un detenido del ICE a Texas en violación de su orden judicial y luego liberarlo sin sus pertenencias. Además, el magistrado ordenó a la administración reembolsarle 568 dólares por el costo de un boleto de avión para que pudiera regresar a su hogar.
Los intentos del gobierno por arrestar y deportar a decenas de miles de personas —sin brindarles amplias oportunidades para defender sus casos antes de quedar detenidas por tiempo indefinido en centros de inmigración— han generado una avalancha de demandas que satura a tribunales y fiscales.
Cada semana se suman decenas de nuevos recursos de habeas corpus, mediante los cuales los inmigrantes cuestionan la constitucionalidad de su arresto y detención, mientras los abogados del Gobierno enfrentan una carga desbordante o renuncian ante la presión de litigar a un ritmo difícil de sostener. En este contexto, algunos jueces han advertido que se trata de una crisis provocada por el propio Gobierno.
De hecho, la jueza federal de distrito en California, Sunshine Sykes, escribió que los funcionarios “decidieron” colocarse en estas mismas circunstancias de las que ahora se quejan, en una orden emitida este mes que instruyó permitir que los detenidos impugnen su detención.
En Nueva Jersey, abogados del gobierno reconocieron recientemente haber incumplido cerca de 50 órdenes judiciales vinculadas a más de 500 casos. En este marco, el mes pasado un abogado del gobierno dijo a un juez en Minnesota: “¿Qué quiere que haga? El sistema es un desastre. Este trabajo es un desastre”.
Días después de ese exabrupto en la corte, Julie Le, abogada del ICE asignada para reforzar la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Minnesota, fue apartada de esa función.
Asimismo, ese mismo mes el juez federal en jefe de Minnesota criticó con dureza a la administración tras concluir que ICE había incumplido casi 100 órdenes judiciales relacionadas con el reciente despliegue de agentes en el estado, “más órdenes judiciales en enero de 2026” que algunas agencias federales en toda su existencia.
“ICE tiene todo el derecho de impugnar las órdenes de este tribunal”, escribió el juez Patrick J. Schiltz, aunque aclaró que, como cualquier litigante, la agencia debe acatarlas a menos y hasta que sean revocadas o anuladas.
Por su parte, funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional calificaron públicamente a los jueces de “activistas” y miembros “rebeldes” del poder judicial al cuestionar sus fallos, pese a que en la mayoría de los casos no han presentado apelaciones formales.
Traducción de Leticia Zampedri
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