Más de 30 muertos por ataques de EE. UU. a “narcolanchas”: Trump lanza el primer ataque en el Pacífico
Al menos 34 personas han muerto ya en una campaña de tipo bélico, a pesar de las crecientes dudas sobre la justificación legal y las pruebas
El gobierno de Donald Trump atacó otro supuesto barco cargado de drogas y mató a dos personas a bordo, en lo que parece ser la primera ofensiva en el Océano Pacífico.
La operación anunciada el martes por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, eleva a más de 30 la cantidad de muertos en la campaña del gobierno, en la que Estados Unidos se declara en guerra con los cárteles de la droga en una campaña militar en expansión por Sudamérica.
Según Hegseth, “nuestros servicios de inteligencia sabían que el buque estaba implicado en el contrabando de estupefacientes, que transitaba por una ruta de tránsito conocida del narcotráfico y que transportaba estupefacientes”.
Dos “narcoterroristas” murieron en el ataque frente a las costas de Colombia, dijo el miércoles.
El último ataque —que se cree que es el octavo desde septiembre—eleva al menos a 34 la cantidad de muertos de los atentados del gobierno, que Hegseth comparó con el grupo terrorista responsable del 11-S.
“Los narcoterroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas, no encontrarán puerto seguro en ningún lugar de nuestro hemisferio”, añadió Hegseth. “Al igual que Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos carteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.
Las autoridades no identificaron inmediatamente al grupo o país acusado de traficar drogas en el Pacífico.
Los críticos argumentaron que la campaña equivale a ejecuciones extrajudiciales ilegales, mientras que miembros del Congreso y grupos de defensa de los derechos civiles presionan al gobierno para que aporte pruebas y los memorandos jurídicos compartidos entre funcionarios de la Casa Blanca para justificar los ataques.
Dos personas que sobrevivieron a un reciente ataque en el Caribe fueron enviadas a sus países de origen, Ecuador y Colombia, después de que Trump aclamara la destrucción de un “SUBMARINO PORTADOR DE DROGAS muy grande”.
La aparente repatriación de personas etiquetadas como “terroristas” por el gobierno (en lugar de ser procesadas en Estados Unidos) también plantea cuestiones jurídicas adicionales sobre las operaciones, como si se debe tratar a los supervivientes como detenidos en tiempo de guerra o transferirlos a las autoridades militares o penales para su procesamiento.
Funcionarios ecuatorianos dijeron que no había “ninguna denuncia de delito” contra el superviviente ecuatoriano, que no está detenido. Un ciudadano colombiano que sobrevivió al ataque sigue hospitalizado tras su repatriación, pero se espera que sea procesado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que un ataque estadounidense en septiembre tuvo como objetivo un barco civil en apuros (no una embarcación de contrabando de drogas) y acusó a Trump de “asesinato”.
Trump, en Truth Social, llamó a Petro “líder ilegal de la droga” y acusó a su Gobierno de “estafar” la ayuda estadounidense.
La mayor parte de la cocaína que se introduce de contrabando en Estados Unidos llega desde el océano Pacífico, pero el gobierno de Trump centró en gran medida sus ataques en las costas de Venezuela y el Caribe, en una aparente campaña dirigida por militares contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La semana pasada, Trump dijo que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, marcando una escalada significativa de su agresiva campaña contra el régimen de Maduro y los cárteles de la droga que, según Trump, son alimentados por el gobierno de Maduro.
Trump afirmó el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA en suelo venezolano porque Venezuela “[había vaciado] sus prisiones en EE. UU.” y había inundado el país de drogas.
Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que “autorizó” las operaciones de la CIA porque Venezuela “vació sus prisiones en Estados Unidos de América” e inundó el país de drogas.
El aviso parece invocar poderes extraordinarios en tiempo de guerra para justificar una serie de ataques con misiles dirigidos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y en el Caribe.
Trump dijo que los funcionarios de defensa ahora están “considerando ataques terrestres” en Venezuela.
En enero, Trump emitió un decreto que designó al Tren de Aragua de Venezuela como una organización terrorista extranjera, y así allanó el camino para su orden invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sumariamente a presuntos miembros de la banda. Ni la Ley de Enemigos Extranjeros ni las designaciones de “organización terrorista extranjera” permiten el uso de la fuerza letal.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó al gobierno de Trump de intentar “forzar un cambio de régimen” en el país.
“Quiero advertir a la población: tenemos que prepararnos porque la irracionalidad con la que opera el imperio estadounidense no es normal”, dijo Padrino en declaraciones televisadas este mes. “Es antipolítica, antihumana, belicista, grosera y vulgar”.
Traducción de Olivia Gorsin