Trump envió ilegalmente a la Guardia Nacional a Los Ángeles, dictamina un juez federal
El plan de Trump para crear una "fuerza policial nacional" viola una ley de hace 140 años que prohíbe a los militares participar en la aplicación de la ley dentro del país, según dictaminó el juez
Un juez federal de California determinó que Donald Trump y funcionarios de su gobierno violaron la ley al desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a las protestas contra su política migratoria.
Según la sentencia emitida este martes por el juez de distrito Charles Breyer, el despliegue ordenado por Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso del Ejército estadounidense para tareas de seguridad o control del orden público dentro del país.
Casi 140 años después de la promulgación de esa norma, Trump, junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth, ordenaron el envío de la Guardia Nacional y de un grupo de marines a Los Ángeles, “para sofocar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración”, escribió el juez.
Breyer reconoció que hubo protestas en la ciudad, algunas de ellas con actos violentos, pero aclaró que “no existía ninguna rebelión, ni las fuerzas del orden civiles estaban imposibilitadas para controlar la situación y hacer cumplir la ley”.
Tras un breve juicio celebrado el mes pasado, el magistrado concluyó que el gobierno de Trump utilizó de manera ilegal y sistemática tropas armadas, muchas veces con la identidad oculta bajo equipo táctico, junto con vehículos militares, para establecer perímetros de seguridad, bloqueos de tráfico, controlar multitudes y reforzar la presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores.
“En resumen, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus”, escribió el juez en su fallo.
La decisión judicial supone un golpe significativo a los planes del presidente, quien —según el Breyer— aspiraba a formar “una fuerza policial nacional con el presidente como comandante en jefe”.
En términos específicos, la orden bloquea al Ejecutivo de “desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, así como a cualquier otra tropa militar, para hacer cumplir las leyes”. Entre las actividades restringidas se incluyen arrestos, patrullajes, detenciones, registros, controles de tráfico, control de multitudes, recolección de pruebas, interrogatorios o incluso la actuación de soldados como informantes, según se detalla en el fallo.
No obstante, la orden judicial quedará en pausa hasta el 12 de septiembre, con el fin de dar tiempo a Trump para apelar la decisión ante una instancia superior.
The Independent ha solicitado comentarios tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Defensa.
Una serie de redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona de Los Ángeles, en junio, desató una ola de manifestaciones que llevó al presidente a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional y de cientos de marines.
La administración envió alrededor de 5.000 soldados e infantes de marina de la Guardia Nacional al área metropolitana de Los Ángeles, quienes colaboraron en más de 170 operativos policiales junto a agencias federales, según datos del Departamento de Defensa.
Aunque el Pentágono ha suspendido la mayoría de esas operaciones, cientos de efectivos de la Guardia Nacional permanecen activos en el sur de California.
A pesar de que la presencia militar actual es menor, “ya han sido entrenados en cuanto a las actividades en las que pueden o no participar”, señaló el juez Breyer. Además, advirtió que “las recientes órdenes ejecutivas y declaraciones públicas de Trump respecto a la Guardia Nacional plantean serias preocupaciones” sobre su intención de continuar violando la ley.
Trump federalizó a la Guardia Nacional, habitualmente bajo control estatal, y pasó por alto la autoridad y las objeciones del gobernador Gavin Newsom, así como de otros funcionarios de California. Las tropas, bajo ese nuevo mando, asumieron una misión limitada para apoyar a los agentes federales y custodiar edificios gubernamentales en el centro de las protestas contra la agenda de deportaciones masivas de su administración.
Funcionarios demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles expresaron su preocupación por lo que consideran un intento del presidente de probar los límites de su autoridad al enviar fuerzas militares activas a las calles del país, lo que, según advierten, rompe con el principio constitucional que exige a las fuerzas armadas mantenerse al margen de la política interna.
Newsom presentó una demanda contra el gobierno, lo que dio inicio a una batalla legal entre el gobernador demócrata y un gobierno federal que ya había desplegado a la Guardia Nacional en las calles de Washington, D. C., y se preparaba para ingresar en otras ciudades gobernadas por demócratas con grandes poblaciones minoritarias.
Un tribunal federal de apelaciones bloqueó de forma temporal un fallo previo del juez Breyer, lo que abrió el camino para un juicio sin jurado destinado a examinar los fundamentos y la legalidad del despliegue de tropas ordenado por Trump.
“DONALD TRUMP VUELVE A PERDER”, escribió el gobernador Gavin Newsom en la red social X, tras conocerse el fallo del martes.
“Los tribunales están de acuerdo: su militarización de nuestras calles y el uso del ejército contra ciudadanos estadounidenses es ILEGAL”, añadió.
Traducción de Leticia Zampedri