Kilmar Abrego García solicita orden de silencio contra Trump y denuncia a Noem y Bondi por comentarios incendiarios
Los abogados de Abrego García advierten que los ataques públicos pueden sesgar al jurado con declaraciones falsas y perjudiciales
Kilmar Abrego García solicitó a un juez federal una orden de silencio para impedir que funcionarios del gobierno de Trump lo ataquen públicamente con declaraciones “incendiarias”, las cuales, según sus abogados, ponen en riesgo su derecho a un juicio justo por cargos penales de contrabando de personas.
Los abogados del inmigrante salvadoreño, deportado por error, afirmaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general, Pam Bondi, entre otros, lanzaron durante meses acusaciones públicas que dañan su “carácter y reputación”, al presentarlo como golpeador de mujeres, pedófilo, miembro de pandillas y terrorista.
“La avalancha continua de declaraciones perjudiciales del gobierno representa una amenaza grave —y quizá ya irreversible— para la posibilidad de llevar a cabo este juicio en cualquier jurisdicción,” escribieron los abogados la noche del jueves.
Los abogados escribieron que el gobierno de Trump presentó públicamente una versión distorsionada de los hechos y las pruebas fundamentales del caso; tergiversó su historial delictivo; difundió afirmaciones falsas, irrelevantes e incendiarias y expresó su opinión de que él es culpable de los delitos imputados.
El mes pasado, el juez federal a cargo del caso penal ordenó su liberación antes del juicio, al concluir que los fiscales no presentaron “ninguna prueba” que justificara su permanencia en prisión, ni en función de su historial ni por los argumentos en su contra. Los jueces calificaron las acusaciones de “fantasiosas” y dictaminaron formalmente que no representa un peligro para la sociedad.
Abrego García fue deportado por error a una prisión brutal en su país de origen, lo que desató una batalla legal de alto perfil por su regreso, en medio de la agenda antiinmigrante de Donald Trump.
Los abogados del gobierno admitieron que su expulsión de Estados Unidos se debió a un error procesal. Varios jueces federales y una Corte Suprema unánime ordenaron al gobierno de Trump “facilitar” su regreso tras una detención considerada “ilegal.”
Sin embargo, el gobierno ignoró durante semanas las órdenes judiciales. Al mismo tiempo, funcionarios emitieron una serie de ataques públicos y afirmaron que Abrego García “jamás volvería a pisar” el país.
En junio, las autoridades ordenaron su regreso de manera abrupta para enfrentar acusaciones de haber trasladado ilegalmente a otros inmigrantes dentro del país. Él se declaró inocente.
En su solicitud para mantenerlo en prisión antes del juicio, los fiscales federales afirmaron que es miembro de la pandilla transnacional MS-13 y que “participó personalmente en actos de violencia, incluido un asesinato”.
Los fiscales también lo acusaron de haber “maltratado” a mujeres y de haber traficado con menores, armas y drogas. Además, existe una investigación en curso por “solicitud de pornografía infantil”.
Abrego García no enfrenta cargos por ninguna de esas acusaciones ni ha sido condenado por delito alguno. Un juez federal determinó que el gobierno no logró vincular dichas acusaciones con pruebas que lo impliquen directamente.
La esposa de Abrego García solicitó hace varios años una orden de protección contra él, aunque nunca presentó cargos y declaró que la pareja resolvió sus conflictos desde entonces. Actualmente, ella desempeña un papel público destacado en su defensa.
La semana pasada, un juez federal autorizó su liberación de la detención preventiva. Sin embargo, las autoridades migratorias lo arrestaron días después y amenazaron con deportarlo a Uganda.
Un juez distinto prohibió al gobierno proceder con la deportación mientras él impugna su arresto más reciente. Se espera una decisión final después del 6 de octubre.
Sus abogados sostienen que la acusación busca castigar a Abrego García por su prolongada disputa legal con el gobierno de Trump, que lo ha “vilificado” desde que el caso salió a la luz y provocó una fuerte crisis política para la Casa Blanca.
Tras su liberación de prisión este mes, Noem lo calificó como “miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, agresor doméstico reincidente y depredador de menores”.
Ese mismo día, la Casa Blanca lo describió como “un inmigrante ilegal delincuente, golpeador de mujeres y miembro de MS-13 acusado de graves delitos de tráfico de personas”.
Esta semana, el presidente lo llamó “animal” y afirmó que “le dio una paliza brutal a su esposa”.
Pero la “pieza central”, según los abogados de Abrego García, fue una caricatura publicada en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca, en la que aparece representado con la inscripción “MS-13” debajo de su imagen.
“Si se permite que el gobierno continúe actuando de esta forma, contaminará cualquier posible jurado al exponer a todo el país a afirmaciones irrelevantes, falsas y perjudiciales sobre el señor Abrego,” escribieron los abogados.
Un funcionario del DHS declaró a The Independent que si Abrego García “no quiere ser mencionado” por los funcionarios del gobierno, entonces no debió “haber ingresado ilegalmente al país ni haber cometido crímenes atroces”.
“Una vez más, los medios se desesperan por defender a este delincuente ilegal, miembro de MS-13, acusado de tráfico de personas, violencia doméstica y abuso infantil,” añadió el funcionario.
“La narrativa sentimental de los medios sobre este inmigrante ilegal se ha venido abajo por completo, pero siguen difundiendo su historia lacrimógena,” continuó. “Escuchamos demasiado sobre falsos relatos trágicos de pandilleros y criminales, y muy poco sobre sus víctimas”.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios a The Independent.
Traducción de Leticia Zampedri