El Gobierno de Trump quiere despojar de la ciudadanía a los inmigrantes naturalizados: ¿es legal?
Más de 25 millones de estadounidenses son ciudadanos naturalizados que emigraron a Estados Unidos
Se reveló recientemente un memorándum del Departamento de Justicia de EE. UU. que indica que la administración de Donald Trump planea llevar “al máximo” la desnaturalización de ciudadanos estadounidenses, marcando así una expansión radical de la agenda antiinmigración del presidente.
Según el memorándum del 11 de junio, la división civil del Departamento de Justicia “dará prioridad y llevará al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.
La agencia se propone tomar medidas contra los ciudadanos que considere que “suponen un peligro potencial para la seguridad nacional” o que, según los funcionarios, hayan adquirido su ciudadanía mediante “tergiversaciones materiales”. La división también señala que podría emprender el proceso de desnaturalización en “cualquier otro caso” que los funcionarios consideren “lo suficientemente importante como para llevar a cabo”.
Según la nota, “estas categorías no limitan a la división civil a la hora de procesar un caso concreto, ni están enumeradas por orden de importancia”.
Los abogados especializados en inmigración y los grupos de defensa de los inmigrantes advierten que el trasfondo político de unas directrices tan amplias implica que podrían afectar a un amplio espectro de ciudadanos estadounidenses.
![El Departamento de Justicia ordena a los fiscales que prioricen y “[lleven] al máximo” los procedimientos de desnaturalización mientras Trump busca aumentar las expulsiones de inmigrantes de EE. UU.](https://static.independentespanol.com/2025/07/01/17/01/ICE-Arrest-New-York-xwwf14bf.jpeg)
¿Es legal?
Trump no sería el primer presidente en despojar de la ciudadanía a ciudadanos naturalizados, pero es una medida extremadamente rara. El Gobierno procesó un promedio de 11 casos de desnaturalización entre 1990 y 2017, cuando la primera administración de Trump comenzó a intensificar los esfuerzos para despojar la ciudadanía estadounidense, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
Aproximadamente 25 millones de personas en EE. UU. son ciudadanos naturalizados, es decir, inmigrantes que completaron el largo proceso legal para convertirse en ciudadanos.
Más de 22.000 estadounidenses fueron desnaturalizados a raíz de la Ley de Naturalización de 1906 hasta 1967, pero los esfuerzos se disiparon en gran medida tras la histórica sentencia de la Corte Suprema de ese año. El órgano sostuvo que la desnaturalización es inconstitucional en la mayoría de las circunstancias, a menos que un inmigrante haya obtenido la ciudadanía “por circunstancias ilegales” mediante fraude u otros medios.
“La ciudadanía no es una nimiedad que se pueda poner en peligro en cualquier momento en que el Congreso decida hacerlo bajo el nombre de una de sus concesiones generales o implícitas de poder”, escribió en ese momento el juez Hugo Black al expresar la opinión mayoritaria del tribunal.
Pero en 2020, el primer Gobierno de Trump emprendió 94 casos de desnaturalización. Por su parte, la administración de Joe Biden procesó 64 casos de este tipo.
La primera administración de Trump también abrió una “Sección de Desnaturalización” dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia para investigar y procesar específicamente un “creciente número de remisiones anticipadas de las agencias policiales”.
¿Cómo funciona?
Según el Departamento de Justicia, los casos de desnaturalización se tramitarían en tribunales civiles, donde la carga de la prueba es menor que en los casos penales, no prescriben y no hay derecho a abogado.
Mientras que a los acusados de delitos penales se les asignan abogados de oficio y tienen derecho a un juicio con jurado y a un veredicto de prueba “más allá de toda duda razonable”, en un proceso civil no existen tales garantías.
La carga de la prueba consiste en “pruebas claras y convincentes” en lugar de “más allá de toda duda razonable”, y un juez emite el veredicto sin la intervención de un jurado.
Los nuevos criterios del Departamento de Justicia expuestos en su memorándum del 11 de junio instan a los fiscales a abrir “cualquier” caso que consideren “suficientemente importante”. Por consiguiente, abren la puerta a una ejecución “opaca y arbitraria” de los mismos, según el profesor de economía de la inmigración de la Universidad George Mason, Michael Clemens.
Asimismo, según el profesor emérito de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, Steve Lubet, el texto otorga al gobierno “criterios más amplios” para decidir a quién procesar.
“Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido”, declaró Lubet a NPR. Añadió: “Ni siquiera está claro si se refieren a la obtención fraudulenta [de la ciudadanía], o la conducta posterior a la naturalización”.
Lubet también teme al “efecto dominó” que puede producir la privación de la ciudadanía a un mayor número de ciudadanos, ya que podría amenazar a las familias con estatus jurídico mixto, en particular a los ciudadanos nacidos en EE. UU. cuyos padres perdieron la ciudadanía.
“Las personas que pensaban que su ciudadanía estaba garantizada y que no habían hecho nada malo podrían correr de repente el riesgo de ser desnaturalizados”, añadió.
Pero, ¿quiénes están en la mira?
La Casa Blanca ha utilizado la ciudadanía como garrote en un proyecto de deportación que involucra a todo el Gobierno; incluso funcionarios de la administración y miembros republicanos del Congreso han amenazado con quitar la ciudadanía a sus enemigos políticos.
La semana pasada, el representante republicano Andy Ogles envió una carta a la fiscal general Pam Bondi para exigir una investigación federal y determinar si el candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani —ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Uganda— debe ser despojado de su ciudadanía.
El 10 de junio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que las acusaciones contra él “debían ser investigadas”.
Algunos funcionarios republicanos también están alentando el resurgimiento del tristemente célebre Comité de Actividades Antiestadounidenses del senador Joseph McCarthy y pidiendo al presidente que invoque la Ley de Control Comunista, una ley de hace décadas que aparentemente iba dirigida contra los miembros del Partido Comunista y prohibía a los comunistas desempeñar determinadas funciones públicas.
Desde entonces, la ley se ha enfrentado a una oleada de impugnaciones legales por considerarla una reliquia macartista de la época del temor a la ideología.
“La ciudad de Nueva York está a punto de elegir como alcalde a un socialista”, escribió la semana pasada el senador republicano Mike Collins, y agregó: “Podría ser el momento de traer de vuelta al comité”.
El último memorándum del Departamento de Justicia también repite la promesa de Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, quien en 2023 prometió que el “proyecto de desnaturalización” de la primera administración sería “repotenciado” bajo un segundo gobierno de Trump.
Miller, arquitecto clave de la agenda antiinmigración del presidente, ha liderado los esfuerzos agresivos de todo el Gobierno federal para expulsar a los inmigrantes del país.
Trump también ha planteado enviar a ciudadanos nacidos en Estados Unidos a prisiones extranjeras.
“¿Qué, creen que hay una categoría especial de personas?”, dijo en declaraciones desde la Casa Blanca junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele en abril, tras el acuerdo de El Salvador de detener a los deportados en la tristemente célebre prisión CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) del país.
“Son igual de malos que cualquiera que viene”, manifestó Trump. “También tenemos [personas] malas”.
Trump revivió la idea de deportar ciudadanos mientras hablaba en Florida el martes durante una visita a un nuevo y expansivo centro de detención de inmigrantes en los Everglades.
“También tenemos mucha gente mala que lleva aquí mucho tiempo”, formuló Trump.
“Muchos de ellos nacieron en nuestro país”, añadió. “Para ser muy honestos, creo que deberíamos sacarlos de aquí también. Así que quizá ese sea el próximo trabajo en el que trabajemos juntos”.
La administración de Trump también está llevando a cabo un intento de redefinir de manera unilateral quién tiene derecho a la ciudadanía.
Poco después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que pretende modificar la 14.ª Enmienda de la Constitución para excluir la ciudadanía a los recién nacidos de ciertos padres inmigrantes.
Dos docenas de estados, grupos de defensa de los inmigrantes e inmigrantes embarazadas presentaron demandas para impedir que la orden entrara en vigor. Varias sentencias de jueces federales y tribunales de apelación emitieron medidas cautelares a nivel nacional para bloquear la orden, pero un fallo de la Corte Suprema limitó el alcance de dichas medidas cautelares, preparando así más desafíos legales contra la orden ejecutiva de Trump.
El Departamento de Justicia tiene la intención de volver a la Corte Suprema con una nueva impugnación contra la ciudadanía por derecho de nacimiento a finales de este año.
El Departamento de Estado de Trump ha tomado medidas para despojar del estatus legal a miles de estudiantes internacionales, incluidos estudiantes con estatus legal permanente, por las manifestaciones en el campus contra la guerra de Israel en Gaza.
La administración de Trump también ha despojado del estatus legal a más de un millón de personas a las que se les concedió protección humanitaria para vivir y trabajar en Estados Unidos. Tal medida, amplía de forma radical el grupo de “indocumentados” que ahora son vulnerables a la detención y expulsión.
La administración “deslegalizó” a cerca de 1,4 millones de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al retirarles la designación de “estatus de protección temporal”, destinada a permitir legalmente la entrada a Estados Unidos de inmigrantes que huyen de catástrofes, violencia y crisis en el extranjero.
Por otro lado, miles de personas con casos de inmigración pendientes han sido convocadas a las audiencias de los tribunales de inmigración y las citas de verificación de ICE cada semana solo para que desestimen sus casos y los agentes federales las esperen para arrestarlas.
Traducción de Sara Pignatiello y Michelle Padilla