Demanda acusa a Trump de agravar descontento en Chicago con maniobras militares “ilegítimas y peligrosas”
Según el documento, el envío de tropas de la Guardia Nacional de EE. UU. al estado de Illinois y la ciudad de Chicago, después de que los agentes federales dispararan gases lacrimógenos a los manifestantes y asaltaran apartamentos, podría provocar que “continúen las manifestaciones”
Funcionarios del estado de Illinois, EE. UU., y de la ciudad de Chicago, están demandando al Gobierno de Donald Trump para impedir que el presidente despliegue inminentemente tropas de la Guardia Nacional en la entidad, ampliando la batalla legal multiestatal que desafía los intentos del presidente de enviar a los militares a estados y ciudades liderados por políticos demócratas.
La demanda se presentó horas después de que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, amenazara con convocar a cientos de miembros de la Guardia Nacional de Texas para llevar a cabo “misiones de protección federal” en Chicago y en Portland, Oregón, después de que un juez federal descontento impidiera al presidente ordenar el despliegue de miembros de la Guardia de cualquier estado a Oregón.
La semana pasada, las autoridades de Oregón presentaron una demanda similar contra la Administración, alegando que las amenazas del presidente de enviar tropas son “totalmente pretextuales” y están diseñadas para provocar disturbios que justifiquen la ocupación militar de Portland y otros lugares por parte de las fuerzas de seguridad federales.
“El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debe vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del ejército del país, y menos aún simplemente porque los dirigentes de su ciudad o estado hayan caído en desgracia ante el presidente”, escribieron el lunes los abogados de Illinois y Chicago.
“Para evitarlo, los principios fundamentales de la legislación estadounidense limitan la autoridad del presidente para implicar a los militares en asuntos internos”, continuaron, y añadieron: “Esos principios fundamentales están en peligro”.
Según se señala en la demanda, las últimas maniobras de Trump en su largamente declarada “guerra” contra Chicago son “ilegítimas y peligrosas”, con una federalización “ilegal” de las tropas estatales de la Guardia Nacional por motivos puramente “pretextuales y sin fundamento”.
En el documento judicial, se argumenta que el “poco sólido pretexto” de Trump para enviar a fuerzas militares a la ciudad incluye protestas frente a una instalación de dos pisos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) en un suburbio de Chicago en el que viven menos de 8.000 personas.
Las fuerzas de seguridad federales también han “disparado repetidamente munición química contra grupos entre los que había medios de comunicación y observadores legales”, mientras “decenas de agentes federales enmascarados y armados han desfilado por el centro de Chicago en una demostración de fuerza y control”, según la demanda.
“La indignación de la comunidad ante estas tácticas y sus importantes consecuencias han dado lugar a protestas totalmente previsibles”, escribieron los abogados. Asimismo, afirmaron que el envío de más tropas federales amenazaba con “socavar la seguridad pública, incitando a su vez a que continúen las manifestaciones”.
Las fuerzas del orden estatales y locales son capaces de responder a esos incidentes, y la federalización por parte de Trump de la Guardia Nacional de otros estados “infringe la soberanía y el derecho al autogobierno de Illinois”, de acuerdo con el documento.
“Solo causará más malestar, además de dañar el tejido social y las relaciones comunitarias, y aumentar la desconfianza en la policía”, argumentaron los abogados, y prosiguieron: “También crea perjuicios económicos, deprimiendo las actividades empresariales y el turismo que no solo perjudican a los habitantes de Illinois, sino también a los ingresos fiscales del estado”.
Del mismo modo, Trump ha enviado a las fuerzas de seguridad federales a otros estados y ciudades liderados por los demócratas, como Los Ángeles y Washington D. C., mientras que Memphis (Tennessee) también se prepara para ser visitada por las tropas.
En este sentido, California demandó a la Administración a principios de este año a raíz del despliegue por parte de Trump de tropas de la Guardia Nacional e infantes de marina estadounidenses en Los Ángeles en respuesta a las protestas contra las redadas y detenciones de inmigrantes a gran escala.
El mes pasado, un juez federal determinó que el Gobierno había desplegado ilegalmente recursos militares en la zona de Los Ángeles, en violación de la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a los militares hacer cumplir la legislación nacional.
Trump —cuyos esfuerzos parecían diseñados para crear “una fuerza policial nacional con el presidente como jefe”— desplegó tropas en el sur de California “ostensiblemente para sofocar una rebelión y garantizar que se cumpliera la ley federal de inmigración”, según el fallo de Charles Breyer, juez de distrito de California.
Pero “no hubo rebelión, ni las fuerzas del orden civiles fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley”, añadió.
En lugar de ello, el presidente “utilizó ilegal y sistemáticamente soldados armados (cuya identidad quedaba a menudo oculta por el blindaje protector) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes, y, en general, hacer sentir la presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”, según la sentencia del juez.
Funcionarios de Illinois y Oregón argumentan de forma similar que los despliegues del presidente en esos estados violan la Ley Posse Comitatus, así como las protecciones de la Décima Enmienda que garantizan que la autoridad policial corresponde a los estados, no al gobierno federal.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ha rechazado las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que Chicago era una “zona de guerra”, y ha criticado a los agentes federales por intensificar un ambiente ya de por sí tenso.
“La secretaria no sabe de lo que habla”, declaró el domingo en el programa State of the Union de CNN.
Además, Pritzker denunció una reciente redada nocturna de la Patrulla Fronteriza en un edificio de apartamentos de Chicago, en la que los agentes derribaron puertas a patadas, lanzaron granadas de estruendo y detuvieron a niños y adultos, a quienes obligaron a salir al exterior del edificio atados con bridas.
Por su parte, Noem compartió un video de la redada en las redes sociales con imágenes a cámara lenta ambientadas con música dramática.
Los agentes federales “se limitaron a detener a personas morenas y negras, y luego comprobaron sus credenciales”, declaró Pritzker a CNN.
“Son ellos los que están convirtiendo [a Chicago] en una zona de guerra”, añadió, y continuó: “Tienen que salir de Chicago si no van a centrarse en detener a lo peor de lo peor, que es lo que el presidente dijo que iban a hacer”.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha sugerido la creación de “zonas libres de ICE” que prohibirían la presencia de agentes federales de inmigración en propiedades municipales y negocios privados sin una orden judicial.
“No podemos permitir que arrasen nuestra ciudad sin controles ni consecuencias”, afirmó el lunes. Agregó: “Si el Congreso no pone freno a esta Administración, lo hará Chicago”.
Traducción de Sara Pignatiello