¿Qué pasaría si la Corte Suprema elimina la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.?
Según la orden ejecutiva propuesta por el presidente, cualquier padre en EE. UU. tendría que demostrar primero su propia ciudadanía para que su hijo la obtenga
Si la Corte Suprema respaldara la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, miles de niños podrían quedar en condición de apatridia. Además, muchos padres tendrían que demostrar su propia ciudadanía para garantizar que sus hijos accedan a atención médica, servicios sociales, educación y otras prestaciones básicas.
El miércoles, el mandatario asistió a la audiencia en la que la Corte Suprema analizó si su orden para revocar la ciudadanía por nacimiento se ajusta a la Constitución. Hasta ahora, cualquier persona nacida en Estados Unidos obtenía la ciudadanía, independientemente del estatus legal de sus padres. Sin embargo, el presidente busca poner fin a esa política.
Expertos legales y organizaciones defensoras de derechos señalaron que, si la Corte Suprema respalda la iniciativa del Gobierno, las consecuencias podrían ser amplias, ya que la medida afectaría a los inmigrantes y a sus hijos, podría incrementar la población indocumentada y dejaría a muchas mujeres embarazadas y bebés sin acceso a servicios esenciales de salud.
“En esencia, significaría crear residentes de segunda clase en Estados Unidos: personas que nunca podrían formar parte plena de la comunidad estadounidense, algo que la Enmienda 14 prometió garantizar”, dijo Noah Baron, subdirector de litigios de Asian Americans Advancing Justice, a The Independent.
La medida también podría afectar a ciudadanos estadounidenses, ya que muchos tendrían que demostrar su estatus con copias de los certificados de nacimiento de sus padres o arriesgarse a perder acceso a servicios clave.
“A largo plazo, esto otorgaría al gobierno un amplio margen para retirar la ciudadanía a las personas, incluso si nacieron en Estados Unidos”, declaró Aziz Huq, experto en derecho constitucional y profesor en la Universidad de Chicago, a The Independent.

Durante más de 150 años, cualquier persona nacida en suelo estadounidense obtuvo automáticamente la ciudadanía bajo la Enmienda 14.
Hasta ahora, tribunales inferiores fallaron en contra de la orden ejecutiva. Además, expertos legales coinciden en que las teorías utilizadas para justificarla son marginales.
Huq señaló que, tras escuchar los argumentos orales del miércoles, “parece poco probable” que la Corte esté dispuesta a respaldar por completo la orden del presidente y también afirmó que la lógica del gobierno resultó “peculiar” y “extraña”.
Aun así, la Corte, de mayoría conservadora, podría volver a fallar a favor del mandatario, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, una decisión que podría sumir a gran parte de la burocracia en el “caos”.
Para ilustrarlo, Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, explicó a periodistas la semana pasada que “hoy en día, tener un bebé en Estados Unidos es un proceso sencillo”, ya que la documentación que entregan los hospitales agiliza el trámite para que el recién nacido obtenga un número de Seguro Social.

“La orden ejecutiva pondría fin a eso y generaría caos para todos, porque los padres tendrían que demostrar su estatus migratorio antes de que se reconozca la ciudadanía de su hijo, algo que puede parecer manejable hasta que se entiende la realidad”, explicó Kohli.
Además, señaló que las bases de datos utilizadas para verificar el estatus migratorio son “notoriamente poco confiables”.
La nueva regla se aplicaría a todos los padres en Estados Unidos, no solo a los inmigrantes, y plantearía interrogantes sobre el estatus de los niños abandonados al nacer.
“¿Cada niño abandonado pasaría de repente a ser considerado no ciudadano?”, preguntó Huq. “¿Quién asumiría la carga de la prueba? ¿Cómo podría un niño afrontarla?”.
Baron añadió que, a largo plazo, estas complicaciones también podrían derivar en la pérdida del derecho al voto y, como ejemplo, mencionó los requisitos de ciudadanía incluidos en el SAVE America Act, un proyecto de ley que exige a los votantes demostrar que son ciudadanos estadounidenses antes de participar en una elección federal.
Si el gobierno dejara de reconocer los certificados de nacimiento como prueba de ciudadanía, los votantes tendrían que buscar otras formas de acreditar su identidad, como un pasaporte o una licencia de conducir. Sin embargo, esos documentos suelen requerir un certificado de nacimiento para poder obtenerse.
“El certificado de nacimiento es la forma en que los estadounidenses obtienen un pasaporte, una licencia de conducir, se inscriben en la escuela y acceden a la atención médica. Para los niños que nazcan después de que esta orden entre en vigor, ya no sería una prueba suficiente de ciudadanía por sí sola”, dijo Kohli.

Los intentos del Gobierno de Trump por modificar los requisitos de ciudadanía forman parte de la agenda más amplia del presidente para reducir la inmigración ilegal. Sin embargo, para muchos, lo más inquietante es la posibilidad de que permitir al gobierno revocar la ciudadanía abra la puerta a nuevas reglas sobre quién puede ser considerado ciudadano en el futuro.
“Más allá de las implicaciones de debilitar la Enmienda 14, esto le daría al poder ejecutivo un nivel de discrecionalidad aterrador para tomar este tipo de decisiones”, expresó Baron.
Aunque la orden ejecutiva solo se aplicaría a los niños que nazcan después de que entre en vigor, Huq señaló que “no hay razón” para pensar que el gobierno no podría usarla como precedente para revocar la ciudadanía a otras personas.
Huq advirtió que nada impediría que el gobierno ampliara ese criterio y comenzara a revisar el origen de generaciones anteriores. Según explicó, podrían decir: “No vamos a fijarnos en tus padres, sino en tus abuelos, o en tus bisabuelos, o incluso en tus tatarabuelos”.
También señaló que, “una vez que se abre esa puerta”, no está claro cómo podría limitarse o frenarse el poder para retirar la ciudadanía que está reclamando el Gobierno de Trump.
Traducción de Leticia Zampedri







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