Qué opinan los jueces de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento

Este miércoles, la Corte Suprema de EE. UU. escuchará la apelación de Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

Tribunales federales han bloqueado uniformemente su orden para terminar con la ciudadanía de niños nacidos en el país de padres indocumentados o temporales.

Un juez federal en Nueva Hampshire dictaminó que la orden ejecutiva de Trump, firmada al inicio de su segundo mandato, "probablemente viola la Decimocuarta Enmienda" y la ley federal.

La medida, parte de su ofensiva migratoria, nunca entró en vigor. El debate se centra en la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda: "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción".

Entre los jueces que se han pronunciado figuran los tres miembros liberales de la Corte Suprema, quienes han dejado claro que creen que la orden de Trump debe ser anulada.

“Con el trazo de una pluma, el presidente ha hecho de nuestra Constitución una ‘burla solemne’”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en junio, citando una opinión de 1809 redactada por John Marshall, en ese entonces presidente del máximo tribunal.

Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discrepó de una decisión de los seis jueces conservadores del tribunal, que utilizó una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento para limitar el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de jueces federales.

Tras la decisión del tribunal supremo, los jueces han explicado por qué creen que la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, está en desacuerdo con las concepciones de ciudadanía establecidas desde hace mucho tiempo, es contraria a una decisión de la Corte Suprema de hace 126 años y no concuerda con el significado de la 14ª Enmienda en el momento en que fue adoptada en 1868.

Han escrito también sobre por qué es apropiado impedir que la orden entre en vigor a nivel nacional, incluso después del fallo de la Corte Suprema sobre las medidas cautelares.

A continuación se presentan extractos de algunas de las opiniones, así como del caso de la Corte Suprema de 1898 —Estados Unidos contra Wong Kim Ark—, que los jueces han citado como el precedente más claro para sus fallos:

El juez Horace Gray redactó la opinión mayoritaria en la decisión por 6 votos a favor y 2 en contra que determinó que Wong era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense:

“El verdadero objeto de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al calificar las palabras ‘todas las personas nacidas en Estados Unidos’ con la adición ‘y sujetas a su jurisdicción’, parecería haber sido excluir, con la menor cantidad de palabras y las más adecuadas (aparte de los hijos de miembros de las tribus indígenas, que se hallan en una relación peculiar con el gobierno nacional, desconocida para el derecho consuetudinario), dos clases de casos: los hijos nacidos de enemigos extranjeros en ocupación hostil, y los hijos de representantes diplomáticos de un Estado extranjero”.

″... La Decimocuarta Enmienda reafirma la antigua y fundamental regla de la ciudadanía por nacimiento dentro del territorio, en la lealtad y bajo la protección del país, incluyendo a todos los niños nacidos aquí de extranjeros residentes, con las excepciones o condiciones (tan antiguas como la propia regla) de los hijos de soberanos extranjeros o de sus ministros, o nacidos en buques públicos extranjeros, o de enemigos dentro y durante una ocupación hostil de parte de nuestro territorio, y con la única excepción adicional de los hijos de miembros de las tribus indígenas, que deben lealtad directa a sus respectivas tribus”.

“La enmienda, en palabras claras y con intención manifiesta, incluye a los hijos nacidos dentro del territorio de Estados Unidos de todas las demás personas, de cualquier raza o color, domiciliadas dentro de Estados Unidos”.

En disenso, el presidente de la Corte Suprema en ese entonces, Melville Fuller, escribió que Wong no podía ser ciudadano porque sus padres aún debían lealtad al emperador chino y no podían estar plenamente “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. El juez John Marshall Harlan se sumó al disenso.

“Los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a sus leyes son ciudadanos de Estados Unidos”, escribió Sotomayor.

El gobierno de Trump, señaló, se apartó de su práctica habitual de solicitar la aplicación a nivel nacional de las restricciones de ciudadanía. “¿Por qué? La respuesta es obvia: para obtener tal asistencia, el gobierno tendría que demostrar que la orden probablemente es constitucional, una tarea imposible a la luz del texto y la historia de la Constitución, los precedentes de esta corte, la ley federal y la práctica del poder ejecutivo”, escribió Sotomayor.

La jueza consultó un diccionario de 1865 para ayudar a definir el término clave en disputa en el caso: qué significa estar “sujeto a la jurisdicción” de Estados Unidos. “Estar ‘sujeto a la jurisdicción’ de Estados Unidos significa simplemente estar obligado por su autoridad y sus leyes”, escribió, aportando la entrada de “jurisdicción” en el diccionario American Dictionary of the English Language como “poder de gobernar o legislar”, o “el poder o derecho de ejercer autoridad”.

La respuesta a la cuestión jurídica es sencilla, escribió. “Pocas cuestiones constitucionales pueden responderse recurriendo únicamente al texto de la Constitución, pero esta es una de ellas. La Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por nacimiento”, escribió Sotomayor.

Sin embargo, su opinión sólo obtuvo el respaldo de los votos de las tres liberales. La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria que restringió las medidas cautelares de alcance nacional, señaló el carácter limitado del caso del año pasado.

“El análisis de la orden ejecutiva realizado por el principal disidente es prematuro porque la cuestión de la ciudadanía por nacimiento no está ante nosotros. Y como la cuestión de la ciudadanía por nacimiento no está ante nosotros, no adoptamos ninguna posición sobre si el análisis del disidente es correcto”, escribió Barrett.

El juez federal de distrito Joseph N. LaPlante en Nueva Hampshire, cuyo fallo está siendo revisado por la Corte Suprema, escribió en julio: “La orden ejecutiva probablemente viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución” y la ley federal. LaPlante aplicó su fallo a un grupo de niños nacidos en diversas partes del país cuyas madres se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal. Negar la ciudadanía a esos niños, escribió LaPlante, “convertiría a los niños en extranjeros sin documentación o en apátridas completamente. ... Los niños correrían el riesgo de ser deportados a países que nunca han visitado”.

Al mes siguiente, la jueza federal de distrito Deborah Boardman, en Greenbelt, Maryland —un suburbio de Washington—, mantuvo su fallo inicial a favor de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de sus clientes que impugnaban la orden. Boardman escribió: “La corte reafirma aquí su conclusión previa de que ‘la orden ejecutiva viola el texto explícito de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, entra en conflicto con la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema y contradice los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento’. Es extremadamente probable que los demandantes tengan éxito en su alegato de que la orden ejecutiva es inconstitucional”.

“Quizá el poder ejecutivo, al reconocer que no podía cambiar la Constitución, formuló su orden ejecutiva en términos de una interpretación forzada y novedosa de la Constitución. El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta por la orden ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Coincidimos plenamente”, escribió en julio el juez Ronald Gould, de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito con sede en San Francisco, junto con el juez Michael Daly Hawkins. El caso involucraba una demanda presentada por varios estados.

La orden ejecutiva, escribió Gould, malinterpreta la historia estadounidense. “La interpretación propuesta por los demandados de la Cláusula de Ciudadanía se basa en una serie de inferencias que se desvinculan de los principios jurídicos aceptados de 1868. ... La orden ejecutiva intenta matizar y limitar el lenguaje claro de la cláusula de ciudadanía de la Constitución, que en sus términos sólo dice que una persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana, al añadir la noción de que la persona debe ser hija de un ciudadano o de un residente permanente legal. ... Rechazamos este enfoque porque es contrario al lenguaje expreso de la Cláusula de Ciudadanía, al razonamiento del caso Wong Kim Ark, a la práctica del poder ejecutivo durante los últimos 125 años, a la historia legislativa en la medida en que deba considerarse, y porque es contrario a la justicia”, escribió.

El juez Patrick Bumatay discrepó, al afirmar que él habría desestimado el fallo del tribunal inferior porque considera que los estados que impugnaron la orden ejecutiva no tenían derecho a demandar. Bumatay no se pronunció sobre la legalidad de la orden de Trump.

El juez David Barron, de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito en Boston, dedicó 100 páginas a exponer su opinión para un panel unánime de tres jueces en octubre. “Pero la extensión de nuestro análisis no debe interpretarse como un indicio de que la cuestión fundamental que estos casos plantean sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento sea difícil”, escribió Barron. “No lo es, lo que quizá explique por qué ha pasado más de un siglo desde que una rama de nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo tan concertado como el que ahora realiza el poder ejecutivo para negar a los estadounidenses su derecho de nacimiento”.

Al remontarse a la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que prohibió a los estadounidenses negros, libres o esclavizados, ser ciudadanos y que condujo a la adopción de la 14ª Enmienda, Barron escribió: “La historia de nuestra nación en cuanto a los esfuerzos por restringir la ciudadanía por nacimiento ... no ha sido motivo de orgullo”.

“Las ‘lecciones de la historia’ nos dan así todas las razones para desconfiar de que ahora avalemos este esfuerzo más reciente por romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento, y por hacer que la ciudadanía dependa de las acciones de los padres de una persona en lugar de —salvo en las circunstancias más excepcionales— el simple hecho de nacer en Estados Unidos. Tampoco el texto de la Decimocuarta Enmienda, que contrarrestó nuestro intento más infame de romper con esa tradición, nos permite avalar este esfuerzo, como tampoco lo hace la interpretación de esa enmienda por la Corte Suprema en el caso Wong Kim Ark, los muchos precedentes relacionados que le han seguido, o la ley de 1952 del Congreso que incorporó las palabras de esa enmienda en el Código de Estados Unidos”, escribió.