¿Qué se sabe sobre el asalto al Capitolio y el intento de revertir las elecciones de 2020?
El expresidente ha sido acusado de cuatro cargos penales después de una extensa investigación del Departamento de Justicia sobre su proceder y el de sus aliados, lo cual pone al descubierto su deseo de permanecer al poder a cualquier precio. Informa Alex Woodward.
Un expresidente ha sido acusado de delitos por intentar revertir los resultados de las elecciones estadounidenses.
La investigación federal sobre los intentos de Donald Trump y sus aliados para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 ha dado lugar a cuatro cargos penales y a una acusación de 45 páginas, por participar en tres presuntas conspiraciones criminales y por obstruir la victoria de Joe Biden. Además, detalla un esquema multiestatal construido sobre un legado de mentiras y teorías conspirativas para socavar el proceso democrático.
La acusación presentada por el abogado especial Jack Smith del Departamento de Justicia de los EE. UU. tuvo lugar después de que se presentaran pruebas y declaraciones de testigos durante meses, y de que un gran jurado votara a favor de acusar a Trump. La fecha del juicio se fijó para el 4 de marzo de 2024 en Washington D. C.
Trump y las 18 personas coacusadas fueron imputadas por separado en Georgia, en un extenso caso de crimen organizado en el que se detalla un plan multiestatal para presionar a los funcionarios estatales y al exvicepresidente Mike Pence, a fin de revertir los resultados electorales en contra de la voluntad de los votantes de Georgia.
Las acusaciones tuvieron lugar después de que un comité seleccionado por la Cámara de Representantes realizara una extensa investigación individual de los acontecimientos que condujeron al asalto del Capitolio de los EE. UU., el 6 de enero de 2021. Dicha investigación incluyó una serie de audiencias públicas muy populares en las que se presentaron pruebas y declaraciones de testigos, con detalles sobre los intentos de Trump para permanecer en el cargo a cualquier precio.
En el informe final del panel que consta de 845 páginas, se describe cómo el expresidente se negó a ceder el poder a pesar del resultado, mientras reconocía por privado su derrota, así como su reclamo infundado sobre las elecciones “robadas”, que impulsó a sus partidarios a tomar los pasillos del Capitolio y que sirvió para respaldar su segundo juicio político en la Cámara de Representantes.
En diciembre, los legisladores del comité de la Cámara votaron en unanimidad a favor de recomendar cargos en contra del expresidente, y alegaron que existen pruebas suficientes para procesarlo por al menos cuatro delitos, entre ellos ayudar o facilitar una insurrección destinada a derrocar al gobierno de los EE. UU.
El panel también remitió a Trump al Departamento de Justicia por obstruir un procedimiento oficial, por conspirar para engañar al país y por conspirar para emitir una declaración falsa ante el gobierno federal.
John Eastman, el abogado que argumentó que Pence podía rechazar los resultados de las elecciones, y Kenneth Chesebro, que ayudó a desarrollar el plan de votantes falsos, también quedaron implicados en el informe del comité, junto con el exjefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado Rudy Giuliani, y el exasistente del fiscal general de los EE. UU., Jeffrey Clark.
La votación fue más que nada simbólica y marcó el fin de una investigación del comité que duró varios meses. También fue un mensaje contundente por parte de un grupo de legisladores bipartidistas que disponían de una montaña de pruebas: el expresidente tiene que rendir cuentas por sus presuntos delitos contra el gobierno.
¿A quién se investiga?
La investigación del Departamento de Justicia se basa en años de trabajo de los fiscales federales a cargo de investigar a más de 1.000 personas en relación con el asalto al Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero, un hecho que promovió el expresidente al afirmar falsamente que las elecciones habían sido manipuladas en su contra.
En una acusación consecuente, figuran seis cocospiradores no identificados, que podrían incluir a algunos abogados vinculados con Trump, y a funcionarios y asesores de la gestión anterior, por ejemplo, los exabogados Giuliani y Eastman, Sidney Powell, Clark y Cheseboro.
Los fiscales también han hablado con varios asesores y funcionarios importantes del círculo de Trump, incluido el exvicepresidente Mike Pence, Meadows, el exasesor de la Casa Blanca Pat Cipollone, su suplente Pat Philbin y el exasesor de seguridad nacional Robert O’Brien, entre otros.
También han hablado con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien recibió una llamada de Trump en la que se le exigía al principal funcionario electoral del estado que "encontrara los 11.780 votos" necesarios para revertir la victoria de Biden en el estado.
La llamada, que fue grabada, también está en el centro de una investigación individual de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, sobre la interferencia en las elecciones estatales.
Arizona, la zona donde se gestó el negacionismo electoral que dio origen a los principales candidatos del Partido Republicano para los tres cargos estatales más importantes, incluida Kari Lake, fue un punto central para la campaña de Trump y sus aliados, quienes presentaron varias demandas contra el estado y algunos condados para intentar revertir los resultados legítimos. Biden ganó las elecciones estatales por unos 10.000 votos.
Los fiscales federales han hablado con el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, quien silenció una llamada de Trump mientras certificaba los resultados de las elecciones de su estado, un proceso que se transmitió en directo a través de los medios de comunicación.
También citaron a la oficina del secretario de Estado de Arizona y se reunieron con altos funcionarios electorales en Wisconsin, Nuevo México y Pennsylvania.
Por otra parte, entrevistaron a la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, cuya oficina proporcionó una serie de documentos que incluían comunicaciones entre funcionarios que participaron en las elecciones estatales, los exabogados de Trump y miembros de su campaña, mientras los aliados del expresidente criticaban el proceso electoral en un estado clave.
Un elemento central en la investigación es determinar si Trump sabía sobre su derrota, pero aun así intentó de manera espuria revertir los resultados de la elección. Por este motivo, los investigadores se habrían comunicado con su yerno y exasesor Jared Kushner, y con las exdirectoras de comunicación Hope Hicks y Alyssa Farah Griffin para aclarar lo ocurrido.
¿A qué cargos se enfrenta Trump?
El expresidente ha sido acusado de cuatro cargos, entre ellos conspiración para engañar al país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de la ciudadanía.
Los cargos de la acusación están fundados en las mentiras de Trump y su "engaño" respecto al resultado de las elecciones, sus intentos de presionar a funcionarios estatales e impulsar listas de votantes falsos para obstruir la certificación de los resultados, un intento fallido de persuadir a Pence para que rechazara el resultado y su incapacidad para impedir que una horda de sus partidarios irrumpiera en el Capitolio.
En mayo de 2020, cuando aún faltaban meses para las elecciones presidenciales, Trump señaló que, si perdía, era porque estas habían sido manipuladas en su contra. En junio, afirmó que la elección sería el “escándalo de nuestra época” y la tildó de “poco precisa y fraudulenta”, y del “mayor desastre electoral en la historia”. Hasta ese entonces, no se había depositado ni un solo voto.
Su propio Departamento de Justicia, sus asesores más cercanos y su equipo de campaña no encontraron pruebas de fraude electoral generalizado; de hecho, varias de sus demandas tuvieron que ser retiradas o desestimadas. Por otra parte, los abogados de Trump y la red de derecha que se hizo eco de sus falsas acusaciones, ahora, se enfrentan a demandas masivas por difamación de las empresas de máquinas de votación y el personal que participó en las elecciones.
Obstrucción
Cientos de personas ya han sido acusadas de obstruir un procedimiento legal en relación con el ataque al Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021.
El comité selecto de la Cámara de Representantes y un juez federal que participó en casos derivados de la investigación argumentaron previamente que existen pruebas de que Trump trató de obstruir de manera corrupta la certificación de los votos del colegio electoral en el Congreso, un delito con una pena de hasta 20 años de prisión si se lo declara culpable.
Según la acusación, el expresidente Trump aprovechó la violencia en el Capitolio, promovida con sus continuos relatos sin fundamento sobre el robo electoral, y les solicitó a todos los legisladores que detuvieran la certificación de los resultados de la votación.
Conspiración para engañar al país
Los esfuerzos de Trump a través de su equipo legal y su círculo más íntimo para bloquear la certificación de la victoria de Biden en los estados en los que perdió, y la manera en que vociferó falsamente el fraude electoral y la manipulación de los votos, sientan las bases para esta acusación penal en su contra.
El expresidente también fue acusado según este estatuto en el caso de los documentos de Mar-a-Lago por haber utilizado a un abogado para mentir ante el Departamento de Justicia.
En la acusación, se detalla cómo Trump presionó a funcionarios electorales en los estados en los que perdió la votación (es decir, Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin) para que revirtieran el resultado y, luego, promovió un plan de votantes “alternativos” para comunicar listas de votantes falsos al Congreso.
El 18 de julio, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, presentó cargos contra 16 votantes "falsos" en ese estado, lo que supuso los primeros cargos penales contra los votantes "alternativos" con los que se pretendían anular los resultados de 2020.
Según la acusación, Trump hizo uso del Departamento de Justicia un tiempo después para promover el plan, y presionó a Pence para que rechazara los resultados el 6 de enero mediante la alteración de los resultados de los comicios.
Conspiración contra los derechos de la ciudadanía
Este delito está vinculado con la Sección 241 del Título 18 del Código de los EE. UU., una ley que se remonta a la época de la Reconstrucción después de la Guerra Civil y de la protección básica de los derechos civiles, y que tiene una pena de hasta 10 años en prisión.
Formaba parte de los códigos penales de las Leyes de Ejecución (también conocidas como las Leyes del Ku Klux Klan), elaboradas para proteger los derechos civiles del pueblo estadounidense consagrados en las Enmiendas 13.ª, 14.ª y 15.ª que habían sido promulgadas recientemente. Esto le permitió al gobierno federal velar por el derecho de las personas negras a votar, ocupar cargos públicos, a formar parte de jurados y a recibir la misma protección ante la ley.
En la Sección 241, se criminalizan las conspiraciones con el fin de "lesionar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona" para que no ejerza tales derechos.
¿Hay motivos para acusarlo de insurrección?
Después de hablar en un acto electoral frente a sus seguidores mientras se celebraba una sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las elecciones de 2020 (el cual habría incitado el asalto al Capitolio), transcurrieron 187 minutos hasta que Trump les pidió que se fueran a casa.
El comité selecto de la Cámara de Representantes acordó por unanimidad que Trump debía ser acusado de incitar una insurrección y de ayudar o reconfortar a insurgentes, un cargo inusual y grave que los fiscales abordarán con extrema cautela si deciden llevarlo a juicio.
Una condena por ese cargo conlleva una pena de hasta 10 años de prisión e impediría que Trump ejerza el cargo, pero no está incluido en la acusación contra él ni contra las más de 1.000 personas detenidas en relación con el ataque.
La historia se publicó inicialmente el 19 de julio y, desde entonces, se ha actualizado según las novedades.
Traducido por Noelia Hubert