Aseguran que ICE “seguirá inundando la zona” de Los Ángeles tras orden de la Corte Suprema de EE. UU.

El Gobierno de Trump acaba de prometer “[inundar] la zona” de Los Ángeles, California, después de que la Corte Suprema de EE. UU. autorizara a los agentes de seguridad federales a recorrer las calles del condado para realizar detenciones de inmigrantes basándose en perfiles raciales.

Una decisión de seis jueces contra tres del tribunal supremo del país anuló el lunes una orden judicial que impedía a los agentes federales llevar a cabo redadas en el sur de California, emitida después de que un juez de rango menor determinara que estaban persiguiendo indiscriminadamente a personas en función de su raza y de si hablaban español, entre otros factores.

La mayoría conservadora del tribunal no informó del motivo de su decisión, algo habitual en los dictámenes de urgencia.

En una opinión concurrente, el juez Brett Kavanaugh, quien fue designado por Trump, dijo que “la etnia aparente por sí sola no [podía] proporcionar una sospecha razonable”, pero podía ser un “factor relevante” para la aplicación de la ley de inmigración.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que el fallo era una “enorme victoria” que permitía a los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) “seguir patrullando California de forma itinerante sin microgestión judicial”.

Asimismo, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) afirmó que sus agentes “[seguirían] inundando la zona de Los Ángeles” tras la orden judicial.

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“Esta decisión es una victoria para la seguridad de los estadounidenses en California y para el Estado de Derecho”, dijo la agencia en un comunicado en el que también se acusaba a la alcaldesa demócrata Karen Bass de “proteger” a los inmigrantes que habían cometido delitos.

Según la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, las fuerzas del orden federales “no se ralentizarán y seguirán deteniendo y expulsando a los asesinos, violadores, miembros de bandas y otros delincuentes extranjeros ilegales a los que Karen Bass sigue dando cobijo”.

El dictamen del tribunal suscitó una enérgica reprimenda de la jueza liberal Sonia Sotomayor, la primera hispana en la Corte Suprema, que acusó a los jueces conservadores de ignorar la Cuarta Enmienda, que protege contra los registros e incautaciones ilegales.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, escribió en un documento de disensión.

“La Cuarta Enmienda protege el derecho constitucional de toda persona a estar 'libre de injerencias arbitrarias por parte de los agentes de la ley'”, añadió, y continuó: “A partir de hoy, eso puede dejar de ser cierto para quienes por casualidad tienen un determinado aspecto, hablan de una determinada manera y parecen trabajar en un determinado tipo de empleo legítimo que paga muy poco”.

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Las redadas de inmigración en toda el área de Los Ángeles en junio provocaron protestas masivas exigiendo a la Administración Trump que retirara a ICE y a los agentes federales que patrullaban las comunidades de inmigrantes.

En respuesta, Trump federalizó las tropas de la Guardia Nacional y envió a cientos de infantes de marina a pesar de las objeciones de los funcionarios demócratas de la ciudad y el estado. La Administración envió alrededor de 5.000 soldados de la Guardia Nacional y de la Marina al área metropolitana de Los Ángeles, quienes colaboraron en más de 170 operativos policiales junto a agencias federales, según datos del Departamento de Defensa de EE. UU.

Aunque el Pentágono ha suspendido la mayoría de esas operaciones, cientos de efectivos de la Guardia Nacional permanecen activos en el sur de California.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, demandó al Gobierno federal, alegando que el presidente había desplegado ilegalmente las tropas, en violación de una ley de 140 años de antigüedad que prohíbe a las fuerzas armadas llevar a cabo operaciones policiales nacionales.

La directora jurídica de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), Cecillia Wang, quien representa a los grupos que demandaron para bloquear las redadas indiscriminadas en Los Ángeles, dijo que la orden de la Corte Suprema “pone a la gente en grave peligro”.

Afirmó que el dictamen permitía a los agentes federales “perseguir a individuos por su raza, su forma de hablar, los trabajos que [desempeñaban], o simplemente por estar en una parada de autobús o en un autolavado cuando los agentes de ICE [decidieran] hacer una redada en algún lugar”.

“Para cualquier persona a la que un agente de ICE considere latina, esto significa vivir en un temible régimen de 'papeles por favor', con riesgo de arrestos y detenciones violentas por parte de ICE”, añadió Wang.

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En su extenso documento de apoyo a la orden, Kavanaugh sugirió que la demografía del sur de California y los aproximadamente 2 millones de personas sin permiso legal que viven en el estado apoyan las operaciones de barrido de ICE.

También argumentó que, dado que los inmigrantes latinos sin estatus legal “[tendían] a reunirse en determinados lugares para buscar trabajo a diario”, solían trabajar en construcción, y podían no hablar inglés, los agentes tenían razones para sospechar que estaban infringiendo la ley de inmigración.

Sotomayor criticó la valoración de Kavanaugh de que ICE se limitaba a realizar “breves paradas para interrogar”.

“Innumerables personas de la zona de Los Ángeles han sido agarradas, arrojadas al suelo y esposadas simplemente por su aspecto, su acento y el hecho de ganarse la vida haciendo trabajos manuales”, escribió la jueza, y añadió: “Hoy, el tribunal somete innecesariamente a innumerables personas más a estas mismas indignidades”.

Debido a que el tribunal supremo no proporcionó un razonamiento detrás del fallo, es difícil discernir si los jueces tienen la intención de que la orden tenga un efecto más amplio, y que dé a Donald Trump una poderosa herramienta para ejecutar sus órdenes de millones de arrestos para su agenda de deportación masiva.

Bass, por su parte, advirtió que la sentencia podría tener amplias consecuencias.

“Quiero que toda la nación me escuche: esto no es solo un ataque a la gente de Los Ángeles, es un ataque a todas las personas de todas las ciudades de este país”, afirmó en un comunicado.

Traducción de Sara Pignatiello