Green Card: nuevo cambio aumentaría el escrutinio sobre atención médica y beneficios sociales

Las personas que soliciten una Green Card, o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, podrían enfrentar mayores obstáculos si tienen familiares o dependientes considerados una “carga pública”, término utilizado para referirse a quienes dependen principalmente de la asistencia del Gobierno para su manutención.

El cambio forma parte de una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En un memorando emitido el martes, la agencia indicó que sus funcionarios podrán tomar en cuenta si los familiares del solicitante han recurrido a determinados programas de asistencia social durante su permanencia en el país.

Para aplicar este criterio, los agentes evaluarán cinco factores al decidir si una persona puede ser considerada inadmisible por motivos de “carga pública”. Además, tendrán la facultad de considerar todos los “hechos pertinentes” de cada caso, lo que amplía los elementos que pueden influir en la decisión final.

El Gobierno de Donald Trump defiende este enfoque como una medida destinada a limitar la dependencia de los programas de asistencia pública y proteger los recursos de los contribuyentes.

“El Gobierno de Trump está haciendo cumplir la ley y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de tener que subsidiar a extranjeros que podrían llegar a depender de beneficios públicos”, afirmó en julio Zach Kahler, portavoz del USCIS.

En esa misma línea, Kahler aseguró que la agencia está “comprometida con proteger la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”.

Podemos darle más continuidad y evitar que cada párrafo parezca un bloque independiente. También conviene eliminar algunas repeticiones de “carga pública” y explicar la fianza como una consecuencia natural de los nuevos criterios:

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece que ciertos extranjeros que solicitan una visa, el ingreso al país o un ajuste de estatus pueden ser considerados inadmisibles si las autoridades determinan que existe la posibilidad de que dependan de la asistencia del Gobierno, una condición conocida como “carga pública”, según el Center for Immigration Studies.

Para determinarlo, los funcionarios pueden evaluar cinco aspectos del solicitante: edad, estado de salud, educación, habilidades y situación familiar, además de tomar en cuenta sus bienes, recursos y situación económica.

Con el nuevo enfoque, ese análisis puede extenderse al entorno familiar. En la práctica, el uso de determinadas ayudas gubernamentales por parte de un pariente podría influir en la decisión sobre una solicitud de green card, incluso si el propio solicitante no recibe esos beneficios.

Aun así, el marco mantiene una alternativa para algunos casos: la fianza por carga pública, una garantía económica destinada a demostrar que la persona no dependerá de la asistencia del Gobierno.

“Una fianza por carga pública es una garantía financiera mediante la cual una persona o empresa deposita dinero en efectivo o presenta una fianza ante el USCIS como garantía de que el extranjero no se convertirá en una carga pública”, explica la agencia.

Si la garantía cumple con los requisitos y las instrucciones establecidas por el USCIS, el funcionario a cargo puede aprobar la solicitud de ajuste de estatus, lo que permitiría al solicitante obtener la residencia permanente legal y permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, las nuevas disposiciones no afectan a todos los inmigrantes de la misma manera. Según el USCIS, están exentos ciertos grupos, entre ellos refugiados, personas que han recibido asilo, víctimas de trata de personas y determinados menores inmigrantes que cuentan con protección especial.

En cambio, la evaluación por “carga pública” puede aplicarse a distintas categorías migratorias, entre ellas determinados cónyuges, hijos y padres de inmigrantes, además de trabajadores prioritarios, inversionistas y algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El nuevo marco sustituye las reglas que entraron en vigor en 2022, durante el Gobierno de Joe Biden, y amplía los elementos que los funcionarios pueden considerar al decidir sobre una solicitud.

The Independent se puso en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para solicitar comentarios sobre los cambios.

Traducción de Leticia Zampedri