Colombia y disidencias FARC mantienen diálogos, pese a ataques a la fuerza pública al suroeste
El gobierno colombiano y la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron el viernes continuar con la mesa de diálogos, que pasaba por una crisis, pese a que horas antes el ejército señaló al grupo ilegal de atacar con explosivos a la fuerza pública.
Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes sucedieron los primeros ataques con explosivos y armas contra la fuerza pública desde el asesinato de una líder indígena en marzo, tras un ataque a la población civil de la disidencia Estado Mayor Central que causó la suspensión de un acuerdo del cese al fuego bilateral en el suroeste del país y sumió a la mesa de negociación en una crisis.
“Hemos analizado las dificultades del cese al fuego, lo relacionado con el decreto de suspensión parcial y los retos para el estricto cumplimiento de los acuerdos”, indicaron el gobierno y la disidencia en un comunicado conjunto que no hace referencia a los recientes ataques con explosivos.
Un militar colombiano resultó herido por las esquirlas de una granada que fue lanzada por un sujeto que se transportaba en una motocicleta contra la sede del Gaula Militar de Tumaco, capital del departamento de Nariño. El hecho, ocurrido cerca de la medianoche, está siendo investigado. El Gaula es un grupo dedicado a evitar y actuar contra del secuestro y la extorsión.
Minutos antes fueron lanzados cinco artefactos explosivos tipo cilindros frente a un cantón militar de Cali, capital del Valle del Cauca, uno de los cuales explotó afectando algunas viviendas pero sin causar heridos. El ataque fue atribuido por el Ejército a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.
“La táctica que utilizan es: aproximan el vehículo cerca de la instalación militar, activan una carga que lanza los cilindros dentro de la instalación militar", dijo a la prensa el mayor general Erik Rodríguez Aparicio.
Las autoridades detonaron los cilindros de manera controlada con equipos de especialistas.
Por efecto de la onda explosiva resultaron afectadas una vivienda donde viven familiares de los militares y otra más de civiles. La alcaldía dijo estar recolectando información sobre la infraestructura afectada.
Rodríguez Aparicio indicó que el ataque es una “reacción a las operaciones contundentes” de la fuerza pública en Valle del Cauca, Nariño y Cauca contra las estructuras de las disidencias de las FARC autodenominadas Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central.
En estos departamentos el gobierno suspendió en marzo el cese al fuego bilateral pactado con el Estado Mayor Central, luego de un ataque a una población indígena en el que murió una de sus líderes. Desde entonces, la fuerza pública y la disidencia han sostenido al menos 18 combates, según el Ministerio de Defensa.
Como respuesta al aumento de la ofensiva estatal en el suroeste, el Estado Mayor Central anunció el surgimiento de una nueva estructura que operaría en los departamentos de Valle del Cauca, Huila, Tolima y Quindío, al centro-oeste del país, u na expansión que ha sido interpretada por analistas como una forma de mostrar una posición de fortaleza en medio de las negociaciones.
“No nos vamos a detener en que ellos estén reorganizando sus estructuras, sabemos que han aprovechado el cese al fuego para tratar de incrementar el control ilegal del territorio", señaló el martes el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La alcaldía de Cali ofreció cerca de 13.200 dólares de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque contra la instalación militar.
Un tercer ataque se registró en la madrugada del viernes en zona rural de Jamundí, un poblado ubicado a 25 kilómetros de Cali, cuando sujetos armados dispararon desde una zona montañosa contra una estación de policía.
Tras solicitar refuerzos al ejército fueron atacados con cilindros de gas rellenos con explosivos y metrallas, indicó la policía en un comunicado.