Persisten preguntas un año tras los disturbios en Kazajistán

El mes pasado, hilos de niebla se cernían sobre el centro de Almaty, Kazajistán, cuando el presidente Kassym-Jomart Tokayev inauguró sombríamente un monumento a los que murieron hace un año en los peores disturbios en las tres décadas de independencia de la nación de Asia Central.

Las palabras en el escueto monumento conmemorativo de concreto “Reverencia” hablan de la necesidad de unidad y armonía en el país de 19 millones de habitantes rico en energía.

Pero un año después de que se restableciera la calma y se levantara el estado de emergencia el 20 de enero de 2022, ambas parecen esquivas. Y una niebla oficial todavía envuelve muchos de los eventos alrededor de los días conocidos como “Enero Sangriento”.

A pesar de las promesas del gobierno de rendición de cuentas, así como de reformas económicas y políticas en la antigua república soviética, muchos kazajos dicen que no han visto cambios significativos ni tampoco claridad sobre lo que ocurrió a las personas que fueron asesinadas y detenidas en los disturbios.

“Quedan muchas preguntas sobre lo que sucedió”, dijo Dimash Alzhanov, analista político kazajo y cofundador del movimiento cívico conocido como Oyan, Qazaqstan, o “Despierta, Kazajistán”.

El video del gobierno de la inauguración del monumento el 23 de diciembre en la Plaza de la República, a la que asistieron una veintena de funcionarios, mostró una ceremonia apagada. La escena era totalmente diferente 11 meses antes, cuando los manifestantes asaltaron dos edificios gubernamentales palaciegos el 5 de enero y les prendieron fuego.

La oficina del Fiscal General dijo que 238 personas murieron; los grupos de derechos humanos dicen que más de 10.000 fueron detenidos.

Las manifestaciones comenzaron el 2 de enero en la región productora de petróleo del oeste de Kazajistán contra un aumento en los precios del gas controlado por el estado cuando amanecía el 2022. Esas protestas se extendieron y se transformaron en amplias críticas a la corrupción, la desigualdad económica y el continuo control del poder y de la riqueza energética del país por parte de su primer líder en funciones, Nursultan Nazarbayev, y su familia. Los manifestantes se refirieron a él con gritos de “¡Fuera, viejo!”.

En el transcurso de una semana, las reuniones inicialmente pacíficas se volvieron violentas. Los participantes en las marchas dijeron a The Associated Press en ese momento que hombres armados, con el rostro cubierto y que viajaban en autos sin placas, aparecieron en Almaty, la antigua capital, los instaron a asaltar edificios gubernamentales y les prometieron armas.

El gobierno, dirigido por Tokayev, el sucesor elegido por Nazarbayev, respondió con órdenes de “disparar a matar”, y culpó a “terroristas” entrenados y financiados en el extranjero.

A solicitud de Tokayev, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva —una alianza militar de seis antiguas repúblicas soviéticas— envió 2.000 soldados encargados de mantener la paz, en su mayoría rusos. Esto generó temores de una intervención de Moscú semanas antes de su invasión a Ucrania el 24 de febrero. Esos temores nunca se materializaron, y la Organización se retiró a fines de enero.

Los activistas por los derechos humanos afirman que las tropas de seguridad kazajas hicieron uso excesivo de la fuerza, practicaron detenciones arbitrarias y torturas generalizadas contra miles de manifestantes detenidos. Criticaron las listas de víctimas publicadas por el gobierno por no aclarar las circunstancias de sus muertes.

La administración de Tokayev rechazó los pedidos de una investigación internacional.

Sin embargo, promovió reformas que incluyeron el fortalecimiento del parlamento, la reducción de los poderes presidenciales y la limitación de la presidencia a un solo mandato de siete años. Tokayev, quien sucedió a Nazarbayev en 2019, ganó una elección presidencial anticipada en noviembre con un 81% de los votos, lo que garantiza su permanencia en el cargo hasta 2029.

Las reformas también despojaron a Nazarbayev, de 82 años, de los poderes que aún tenía sobre la política interior y exterior. En septiembre, la capital del país volvió a llamarse Astana, después de que, en 2019, su nombre fue cambiado a Nur-Sultán en su honor.

A pesar de esas reformas, los activistas y analistas de derechos humanos dicen que ven patrones familiares preocupantes.

“Seguimos viviendo en un régimen autoritario al estilo soviético, y no ha cambiado mucho desde los eventos de enero”, dijo a la AP Yevgeniy Zhovtis, jefe de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho de Kazajistán. “De hecho, los eventos de enero han dado lugar a nuevos problemas, relacionados con la tortura y la muerte de civiles, y el cierre de las investigaciones relacionadas (con eso)”.

Tatiana Chernobil, abogada kazaja de derechos humanos quien trabaja con la organización no gubernamental Coalición contra la Tortura, dijo que mientras que su grupo recibió 190 denuncias de tortura y maltrato en 2022, la cifra real podría ser mucho mayor.

Agregó que 104 de los casos presentados por su organización fueron desestimados por falta de pruebas. La comisionada para los derechos humanos, Elvira Azimova, dio una cifra similar en noviembre, y los medios estatales la citaron al decir que alrededor del 80% fueron desestimados antes de llegar a los tribunales.

En febrero, el servicio de prensa del presidente dijo que se iniciaron investigaciones penales sobre 170 casos de tortura y abuso de poder a raíz de los disturbios. En octubre, Aset Chindaliyev, fiscal general adjunto, dijo que 17 policías y 12 agentes de seguridad estaban implicados en casos penales por presuntas torturas a manifestantes detenidos.

Chernobil aseguró que las autoridades no hacen lo suficiente para verificar las acusaciones, y señaló que muchas personas declaran que pueden identificar a quienes las torturaron y tienen expedientes médicos de las lesiones. Los investigadores “a menudo se detienen al interrogar a los sospechosos —quienes afirman que no cometieron ningún delito— y eso es todo”, y luego concluyen que su declaración no puede ser verificada, añadió.

Según las Naciones Unidas, la carga de la prueba en los casos de tortura recae en el Estado. Siempre que los denunciantes proporcionen pruebas de daños corporales o de haber sido detenidos, corresponde a las autoridades demostrar que la tortura no ocurrió.

“En Kazajistán vemos una falta de cumplimiento de los estándares internacionales. Vemos una especie de culpabilización de las víctimas, y se impone la carga de la prueba a quienes presentan las acusaciones”, dijo Chernobil.

Rachel Gasowski, investigadora de Asia Central en la organización no gubernamental International Partnership for Human Rights (Asociación Internacional para los Derechos Humanos), dijo que las acusaciones de tortura en Kazajistán son anteriores a 2022. Los casos citados después de las protestas en la ciudad productora de petróleo de Janozén, en 2011, no llevaron a la investigación ni a la indemnización de las víctimas a pesar de las recomendaciones de órganos de derechos vinculados a la ONU. Un informe conjunto de grupos kazajos e internacionales sobre la tortura se publicará este mes.

Gasowski dijo que su grupo estaba “consternado” porque la mayoría de los casos de las protestas de 2022 han sido cerrados.

Chernobil expresó un optimismo cauteloso sobre la decisión del gobierno de transferir la jurisdicción en casos de tortura de la policía y la agencia estatal anticorrupción a la Oficina del Fiscal General, pero no está segura de si eso traerá un cambio real. Su grupo ha dejado de exigir un organismo de investigación independiente, dijo, “porque una cuestión importante es hasta qué punto puedes ser realmente independiente en Kazajistán”.

Zhovtis, el activista, dijo que se necesita una investigación internacional porque la mayoría de las investigaciones criminales de muertes de civiles han sido desestimadas debido a que las autoridades frecuentemente ocultan evidencia clave, como videos de CCTV, citando razones de seguridad nacional.

La lista del gobierno de los muertos a menudo omite si fueron muertes accidentales, como por fuerza excesiva, o si fueron “terroristas genuinos”, dijo Zhovtis al referirse al argumento del gobierno de que extranjeros están detrás de los disturbios. El gobierno no ha presentado ninguna evidencia al respecto.

En febrero, un funcionario de la Oficina del Fiscal General dijo al periódico Kazakhstanskaya Pravda que las autoridades investigaban la muerte de al menos seis personas bajo custodia como resultado de “métodos de interrogatorio prohibidos”.

Algunos funcionarios de alto rango fueron acusados de participar en los disturbios. Karim Masimov, exjefe antiterrorista descrito como aliado de Nazarbayev, fue detenido en enero de 2022 junto con otras figuras clave de seguridad y acusado de alta traición en un juicio cerrado aún en curso.

Tokayev habla a menudo de un “nuevo Kazajistán” que rompe con la era de Nazarbayev, uno con rendición de cuentas y democratización. Pero Zhovtis ve límites a estas promesas.

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes todavía enfrentan presiones, desde el acoso en línea hasta las detenciones y los ataques físicos.

El sábado, la periodista Dinara Yegeubayeva, quien planea contender en las elecciones parlamentarias del 19 de marzo, publicó fotos de su auto incendiado en Almaty.

“¡Tokayev! ¡Explique! ¿Es este su nuevo Kazajistán?”, dijo. Los informes de los medios dicen que Yegeubayeva recibió amenazas de bomba el año pasado, aunque los servicios de emergencia no encontraron evidencia de ninguna en su automóvil. Se ha abierto una investigación criminal.

Zhovtis vinculó el ataque a lo que llamó una falta de voluntad oficial para permitir una verdadera oposición política.

Alzhanov, el analista, dijo que los candidatos tienen dificultades para registrarse y recolectar firmas de quienes los apoyan.

Él culpa a la administración de Tokayev de aplicar “reformas de imitación” para impresionar a Occidente. Citó el caso del líder opositor Zhanbolat Mamai, quien ha sido acusado de organizar disturbios masivos y difundir información falsa en las protestas de 2022. Enfrenta hasta 10 años de prisión por acusaciones que él llama políticamente motivadas.

A pesar de los desafíos, Zhovtis se mantuvo optimista.

“La sociedad es diferente ahora. Los eventos de enero y su cobertura en las redes sociales de los medios han hecho su parte, y la sociedad se ha vuelto más abierta —hay más información y más críticas a las autoridades—”, dijo a la AP.

También espera que se puedan elegir algunos candidatos de la oposición e independientes. Las autoridades permiten que el 30% de los escaños parlamentarios se asignen fuera de las listas del partido.

“Algo está pasando. Muy lentamente, y el régimen se mantiene prácticamente igual, pero el cambio está ocurriendo”, dijo.