La Cámara de Representantes aprobó la megaley fiscal de Donald Trump: ¿cómo afecta a los contribuyentes?

El presidente Donald Trump está a punto de firmar el paquete presupuestario del Partido Republicano después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, desmintiera la fanfarronada de sus colegas y pusiera el paquete del Senado en el hemiciclo para su votación el jueves por la tarde.

Se aprobó con un margen ligero pero firme de 218-214 después de que los conservadores de la cámara, molestos con los cambios introducidos en el proyecto por el Senado, se opusieran por última vez. Lo mismo hicieron los diversos republicanos que trazaron límites en relación con los recortes de los beneficios de Medicaid o las normas de elegibilidad.

El proyecto de ley se aprobó mediante el proceso de conciliación presupuestaria en el Senado, lo que significa que solo requería mayoría simple para ser aprobado. Este proceso también impidió que el proyecto de ley contuviera disposiciones políticas explícitas, aunque el dinero en sí mismo es política, y esta legislación sigue proporcionando abundantes fondos para las prioridades políticas del presidente.

Presentamos un resumen de los elementos que se incluyeron en la versión final y cómo podría suponer cambios reales para millones de estadounidenses:

En su esencia, la prioridad del paquete son 4,5 billones de dólares en exenciones fiscales promulgadas en 2017 durante el primer mandato de Trump que expirarían si el Congreso no actúa, junto con otras nuevas. Tales excepciones incluyen permitir a los trabajadores deducir las propinas y el pago de horas extras, y una deducción de 6.000 dólares para la mayoría de los adultos mayores que ganan menos de 75.000 dólares al año.

La primera y más costosa disposición de la megaley “One Big Beautiful Bill” (gran y hermoso proyecto de ley), es en realidad una extensión de la legislación más amplia que se aprobó durante la primera presidencia de Trump. Entonces, tras un intento fallido de derogar la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare), Trump y sus aliados republicanos se enfocaron en un objetivo políticamente más atractivo: los recortes fiscales.

El resultado fue un proyecto de ley fiscal aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado antes de finales de 2017, notable por sus cambios en el tipo del impuesto corporativo (fijó un tipo fijo del 21 %) y la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque los analistas consideraron que los recortes favorecían a los hogares más ricos.

En aquel momento, los republicanos preveían que no aumentaría la deuda federal, aunque sí la aumentó.

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¿Parece familiar? Las insistencias de los líderes del Partido Republicano hoy en que la megaley fiscal no aumentará la deuda nacional fueron las mismas promesas que hicieron los republicanos en 2017, cuando afirmaron que el resurgimiento del crecimiento económico estimulado por el toque mágico de Donald Trump compensaría la brecha. Ahora, los líderes del Partido Republicano tienen la irónica tarea de vender ese argumento cuando la parte más cara de la megaley es una extensión de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, que agrava el déficit.

En esta ocasión, los republicanos elevaron la apuesta al ampliar de forma temporal el crédito fiscal por hijos y eliminar los impuestos sobre algunos salarios de propina. También se aumentó el límite de las deducciones fiscales estatales y locales, como parte de un acuerdo para conseguir la adhesión de los republicanos de los estados demócratas. El tope pasó de los 10.000 dólares anuales actuales a 40.000, aunque revertirá en 2030.

Alguien tiene que pagar por todo esto, o al menos por una parte. Ahí es donde entran Medicaid y el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP), antes conocido como cupones de alimentos.

Ambos programas estarán sujetos a nuevos requisitos de trabajo en virtud de la ley. Según el último análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), solo el gasto en Medicaid se reducirá en algo más de un billón de dólares durante la próxima década.

Para los estadounidenses que utilizan el programa, eso significa nuevos requisitos de información y papeleo. Los controles individuales de elegibilidad seguirán a cargo de los organismos estatales, que establecerán sus propias directrices para determinar si los beneficiarios cumplen los requisitos. Ahora se retendrán las prestaciones del SNAP a los adultos con hijos que no vuelvan a trabajar, si el hijo menor tiene 14 años o más.

La legislación también exige a los gobiernos estatales que asuman parte de la factura de los pagos del SNAP si su tasa de error en los pagos dentro del estado supera un determinado umbral. Otra excepción en el proyecto de ley, esta vez para asegurar el voto de la senadora por Alaska Lisa Murkowski, retrasa esta disposición en su estado.

Esta sección, que es lo más parecido a una verdadera disposición política del proyecto de ley del Partido Republicano y uno de los aspectos de los que menos se ha informado, convertiría a la división estadounidense encargada de hacer cumplir la ley de inmigración en una de las organizaciones policiales mejor financiadas de todo el mundo.

El proyecto de ley supone un aumento absolutamente masivo de los fondos destinados a transformar el tamaño y el alcance de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.

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Entre las disposiciones se incluyen: 46.600 millones de dólares para completar el vallado fronterizo que Trump exigió durante su primer mandato; 29.900 millones para operaciones de aplicación de la ley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluida la contratación de hasta 10.000 nuevos agentes; y 45.000 millones para la construcción de nuevos centros de detención.

En pocas palabras, la administración de Trump va a disponer de los recursos que necesita para un aumento masivo del número diario de detenciones y redadas que los agentes de ICE están llevando a cabo en todo el país.

Presentado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey, el “Nuevo Pacto Verde” nunca llegó a convertirse en ley en ninguna de sus formas después de que la derecha lo catalogara totalmente como perjudicial (un esfuerzo que resultó menos efectivo de lo que aparentaba).

Sin embargo, eso no impide que los republicanos insistan en lo contrario, y muchos se han aferrado a la frase mientras presionan para revertir los créditos fiscales para vehículos eléctricos aprobados como parte de la Ley de Reducción de la Inflación bajo la presidencia de Joe Biden.

Estas disposiciones tienen su origen en la legislación “Build Back Better” (Reconstruir mejor) de Biden, que fracasó a principios del mandato del presidente demócrata gracias a la incapacidad de los demócratas para alinear a dos miembros centristas de su bancada en el Senado.

La megaley fiscal suprime los incentivos fiscales a los proyectos eólicos, solares y de otras energías renovables de aquí a 2027 e impone a los promotores requisitos estrictos para reclamarlos.

Y los fabricantes de vehículos eléctricos como Elon Musk también se verán afectados porque el proyecto de ley pone fin a los créditos fiscales para vehículos eléctricos de hasta 7.500 dólares a finales de septiembre; estaban programados para durar hasta 2032. Ese fue un gran incentivo para los potenciales compradores de coches eléctricos

Esta parte de la factura es un regalo para dos personas: Mike Johnson y John Thune.

Los líderes del Partido Republicano han visto cómo los miembros de ambas cámaras se oponían una y otra vez a elevar el tope de la deuda, causando así preocupaciones a los líderes del Congreso y agotando el tiempo y el capital político de todo el poder legislativo.

La legislación recién aprobada eleva el tope de la deuda en 5 billones de dólares, lo que evita al menos una fecha límite a finales de este verano.

También hay una fuerte inversión, unos 350.000 millones de dólares, en seguridad nacional y en la agenda de deportaciones de Trump y para ayudar a desarrollar en Estados Unidos la “Cúpula de Oro”, un sistema defensivo similar a la Cúpula de Hierro israelí.

_{Traducción de Michelle Padilla}