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Juez cree que podrían acosar a testigos si se publica declaración jurada no censurada de cateo de Mar-a-Lago

“No puedo decir en este momento que las censuras parciales serán tan extensas que resulten en una divulgación sin sentido, pero puedo llegar a esa conclusión después de escuchar al gobierno”

Andrew Feinberg
Lunes, 22 de agosto de 2022 12:15 EDT
Schiff: la declaración jurada de Mar-a-Lago podría llevar a los abogados de Trump a intimidar a los testigos
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Es poco probable que el juez federal que aprobó el registro del 8 de agosto en la casa del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, permita que se haga pública gran parte (si es que se hace) de la declaración jurada utilizada para justificar la emisión de una orden de registro de la propiedad del expresidente.

El viernes, el juez de primera instancia Bruce Reinhart dijo a los abogados del Departamento de Justicia y a una coalición de organizaciones de noticias que buscan acceso a la declaración jurada que estaba “inclinado” a permitir que se hiciera pública al menos una versión censurada del documento.

En un dictamen y una orden de 13 páginas publicados el lunes, Reinhart ordenó al gobierno que presentara un escrito confidencial para proponer censuras que protejan la información sensible que debe permanecer privada en caso de que decida permitir que se haga pública una versión de la declaración jurada.

Pero el juez de primera instancia pareció dar marcha atrás al permitir la publicación de una versión de la declaración jurada que revela mucho sobre lo que el gobierno sabe acerca de la presunta conducta ilegal de Trump o cómo el gobierno sabe lo que sabe.

Aunque halló que desvelar la declaración jurada “promovería la comprensión pública de los acontecimientos históricamente significativos” porque el registro de la propiedad de un expresidente es un “[asunto] de interés público significativo”, el juez de primera instancia halló otros cuatro factores que “pesan a favor” de seguir manteniendo la declaración jurada confidencial.

Reinhart escribió que el gobierno tiene una preocupación legítima sobre si los testigos todavía estarían dispuestos a cooperar si se conoce su identidad y si habría “un mayor riesgo de obstrucción de la justicia o de soborno de perjurio si los sujetos de la investigación conocen las fuentes y los métodos de investigación”.

“Como el gobierno señaló acertadamente en la audiencia, estas preocupaciones no son hipotéticas en este caso”, dijo, añadiendo que uno de los estatutos bajo los cuales encontró que había causa probable para que el gobierno creyera que se había cometido un delito trata de la sección del código penal de Estados Unidos que prohíbe la obstrucción de las investigaciones.

“Dada la notoriedad pública y la controversia sobre este registro, es probable que incluso los testigos que no se nombran expresamente en la declaración jurada sean rápida y ampliamente identificados a través de las redes sociales y otros canales de comunicación, lo que podría resultar en el acoso e intimidación de los mismos”, continuó, y añadió que da “gran peso” a la “probabilidad significativa de que hacer pública la declaración jurada perjudicaría los intereses legítimos de privacidad al revelar directamente la identidad del declarante, así como al proporcionar pruebas que podrían utilizarse para identificar a los testigos”.

“Estas revelaciones podrían entonces obstaculizar la investigación en curso mediante la obstrucción de la justicia y la intimidación de los testigos o las represalias”, dijo. Pero también señaló que el gobierno “aún no ha demostrado” que seguir manteniendo la totalidad del documento confidencial esté justificado “dado el intenso interés público e histórico de un registro sin precedentes en la residencia de un expresidente”.

Reinhart ordenó al gobierno que presentara sus propuestas de censura de manera confidencial antes del 25 de agosto, junto con “cualquier prueba adicional o argumento jurídico” para seguir manteniendo confidencial toda la declaración jurada.

Pero también dejó abierta la posibilidad de que pueda negarse a ordenar que se haga pública una versión censurada (o cualquier versión) si las censuras propuestas fueran tan amplias que hicieran inútil la versión censurada.

“No puedo decir en este momento que las censuras parciales serán tan extensas que resulten en una divulgación sin sentido, pero puedo llegar a esa conclusión después de escuchar al gobierno”, dijo.

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