Trump declara a EE. UU. inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles del Caribe
Las autoridades enviaron una notificación al Congreso en la que calificaban a los presuntos traficantes de combatientes “armados no estatales” en un intento de justificar legalmente las ejecuciones extrajudiciales
Estados Unidos está formalmente involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas. Según una notificación confidencial a los miembros del Congreso, la administración de Donald Trump etiquetó a las organizaciones como “combatientes ilegales”.
The Independent tuvo acceso a una notificación no clasificada que se entregó esta semana a los comités de seguridad nacional del congreso. El New York Times informó por primera vez las declaraciones.
La designación parece alegar poderes extraordinarios en tiempo de guerra para justificar una serie de ataques contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe, que han suscitado un escrutinio jurídico y acusaciones de que la administración y los funcionarios de defensa cometieron asesinatos extrajudiciales.
La administración había declarado que los ataques “dirigidos por el presidente” se llevaron a cabo en defensa de la seguridad nacional y son “plenamente coherentes con el derecho de los conflictos armados”. Asimismo, argumentó que la fuerza letal estaba permitida contra objetivos que presuntamente traficaban con drogas para cárteles designados organizaciones terroristas extranjeras.
Según la notificación, la administración afirma que el presidente “determinó” que los cárteles son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos” y que ahora están inmersos en un “conflicto armado no internacional”, es decir, en una guerra con un agresor no estatal.
La administración cita una ley que exige informar a los legisladores sobre los conflictos en los que esté implicado el personal militar estadounidense.
“El presidente dirigió estas acciones en consonancia con su responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero y para promover la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos, de conformidad con su autoridad constitucional como comandante en jefe y jefe del ejecutivo para dirigir las relaciones exteriores”, indica el comunicado.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.
Al menos 17 personas murieron en ataques selectivos contra buques en el Caribe en las últimas semanas.
El 2 de septiembre, Trump anunció en Truth Social que los activos militares mataron a “narcoterroristas del Tren de Aragua” que “operaban bajo el control de Nicolás Maduro”, presidente de Venezuela, para introducir drogas en Estados Unidos.
El ataque mató a 11 personas a bordo, afirmó Trump. Las autoridades de Venezuela han dicho que los fallecidos en el ataque no estaban relacionados con la banda Tren de Aragua, a la que la administración Trump ha calificado de grupo terrorista extranjero cuyos miembros deben ser deportados sumariamente del país.
Trump anunció un segundo ataque el 15 de septiembre contra otro buque que presuntamente transportaba narcóticos, en el que murieron tres “terroristas” a bordo, según dijo.
Anunció un tercer ataque el 19 de septiembre y aseguró que “los servicios de inteligencia confirmaron” que un buque estaba “traficando con narcóticos ilícitos” y “transitando por un conocido paso de narcotráfico en ruta para envenenar a los estadounidenses”. Al menos tres personas murieron, según el presidente.
“Con base en los efectos acumulados de estos actos hostiles contra los ciudadanos y los intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, según la notificación de la administración al Congreso.
Se ordenó a los funcionarios de Defensa que “lleven a cabo operaciones contra ellos de conformidad con el derecho de los conflictos armados”, establece la notificación.
“Estados Unidos llegó ahora a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de los demás contra los continuos ataques de estas organizaciones designadas terroristas”, según el comunicado.
Aún no está claro qué pruebas ha reunido Estados Unidos para justificar los ataques; la Casa Blanca y funcionarios de Defensa se han negado a compartir información adicional sobre los ataques, ya que alegan motivos de seguridad nacional.
Expertos jurídicos y exfuncionarios de seguridad nacional han cuestionado la autoridad legal del presidente para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes, lo que plantea interrogantes tanto sobre el creciente conflicto de la administración con Venezuela como sobre la agenda antiinmigración del presidente.
En enero, Trump emitió una orden ejecutiva que designaba a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y con la cual allanó el camino para su orden que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sumariamente a presuntos miembros de la pandilla.
Ni la Ley de Enemigos Extranjeros ni las designaciones de “organización terrorista extranjera” permiten el uso de la fuerza letal.
El despliegue de fuerza letal ante la sospecha de actividad ilegal “viola la letra y el espíritu de más de un siglo de normas internacionales y la propia normativa de Estados Unidos sobre operaciones marítimas contra buques civiles en aguas internacionales”, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, organización defensora de los derechos humanos.
La administración afirma que los cárteles “causan de manera ilegal y directa la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”, pareciendo confundir el tráfico de drogas con un ataque armado en un esfuerzo por justificar el uso de la fuerza militar que el Congreso no ha aprobado.
“Todo estadounidense debería alarmarse de que el presidente Trump haya decidido que puede librar guerras secretas contra cualquiera al que califique de enemigo”, según el senador Jack Reed, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado.
“Hay que detener a los cárteles de la droga, pero declarar la guerra [y] ordenar una fuerza militar letal sin contar con el conocimiento del Congreso ni del público (ni con una justificación legal) es inaceptable”, afirmó.
La intensificación por parte de la administración de la llamada “guerra contra las drogas” internacional se produce tras una reducción significativa de los recursos policiales destinados a combatir el flujo de drogas ilegales en Estados Unidos.
Miles de agentes de las fuerzas del orden federales, entre ellos más de 2.000 de la Administración para el Control de Drogas, han sido desviados para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración.
Este cambio ha ralentizado de forma significativa los procesamientos de presuntos narcotraficantes, ya que el número de personas acusadas de infringir las leyes federales sobre drogas ha descendido al nivel más bajo en décadas, según un análisis de Reuters.
Según Reuters, el Departamento de Justicia también tiene previsto cerrar los Grupos de acción contra el crimen organizado y la droga como parte de un plan de reorganización de toda la agencia que suprimiría unos 275 puestos y reasignaría o eliminaría las funciones de otros 140 empleados.