Ron DeSantis contrató vuelos de migrantes de un donante del Partido Republicano, según reporte

Una empresa de aviación contratada por la administración donó miles de dólares a causas republicanas, incluyendo la campaña del gobernador y un legislador estatal fundamental para su agenda legislativa

El sheriff dice que los migrantes fueron “engatusados” para volar a Massachusetts

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Una semana antes de que dos vuelos con migrantes, en su mayoría venezolanos, aterrizaran sin previo aviso en Martha’s Vineyard tras salir de San Antonio, el Departamento de Transporte de Florida pagó US$615.000 a una empresa de aviación.

Los registros estatales muestran que el pago del 8 de septiembre fue para el “PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE EXTRANJEROS NO AUTORIZADOS”.

Los registros también muestran que el Estado pagó a la misma empresa, Vertol Systems Company Inc, otros US$950.000 dólares, por el mismo motivo, el 19 de septiembre, como ya había informado The Independent.

En total, la empresa ha recibido más de US$1,56 millones del plan del gobernador Ron DeSantis, financiado por el Estado, de US$12 millones para enviar a los migrantes a estados y ciudades demócratas, situación tan ridiculizada como una maniobra política para protestar contra el presidente Joe Biden y en un intento de pintar los “santuarios” como hipócritas.

Pero Vertol Systems Company Inc. y su presidente también han contribuido con miles de dólares a funcionarios republicanos en Florida, según los registros de financiamiento de campañas estatales reportados por primera vez por The Intercept.

Los registros de Florida muestran que un legislador estatal republicano -cuyo padre forma parte de la Comisión de Transporte de Florida, que supervisa el Departamento de Transporte del estado- recibió US$1.000 de Vertol Systems en junio.

Jay Trumbull Jr no es el solo receptor del Partido Republicano de donaciones de campaña de la compañía. En 2016, Vertol Systems también contribuyó con US$2.500 a un comité de acción política asociado con el representante de EE.UU. Matt Gaetz, según los registros financieros de la campaña federal.

El presidente y director ejecutivo de Vertol, James Montgomerie, también donó US$5.000 al PAC (comité de acción política) afiliado a Gaetz en 2017, según los registros de financiamiento de campaña.

El padre de Trumbull, Jay Trumbull Sr., también donó US$2.500 a la campaña del gobernador DeSantis para la gobernación en 2018, y un PAC asociado a su empresa Trumbull Water Services of Northwest Florida dio US$10.000 al comité de acción política asociado a la campaña de reelección del gobernador.

Las solicitudes de comentarios de The Independent a Vertol Systems -incluyendo la forma en que la compañía utiliza los fondos estatales- siguen sin respuesta. Su sitio web parece estar fuera de línea desde hace varios días.

Una partida de US$12 millones en el presupuesto del estado de Florida - metida en la página 494 de un documento de 518 páginas - está respaldada por “las ganancias de intereses asociadas con el Fondo Federal de Recuperación Fiscal del Estado del Coronavirus”, una parte del Plan de Rescate Americano de US$1,9 billones firmado como ley por el Presidente Biden, con la oposición universal del Partido Republicano en el Congreso.

El propio gobernador también criticó el Plan de Rescate Estadounidense por estar “diseñado básicamente para rescatar a los estados mal gobernados”, a pesar de contar con ayudas estatales dentro del paquete.

Los cerca de US$350.000 millones de financiamiento estatal en el Plan de Rescate Estadounidense están destinados a apoyar los esfuerzos de ayuda a la pandemia a nivel estatal y local y la respuesta de salud pública, así como a mantener los servicios gubernamentales en funcionamiento frente a las tensiones económicas.

El presupuesto de Florida afirma que el Departamento de Transporte del estado “puede, tras recibir al menos dos presupuestos, negociar y celebrar contratos con partes privadas, incluidos los transportistas comunes, para implementar el programa” y “puede celebrar acuerdos con cualquier agencia federal aplicable para implementar el programa”.

Durante el debate legislativo sobre el presupuesto a principios de este año, los legisladores demócratas de Florida cuestionaron si el plan era siquiera legal.

En una carta dirigida a los líderes republicanos el 19 de septiembre, los legisladores demócratas de Florida exigieron su apoyo para detener el “uso inapropiado del dinero de los contribuyentes antes de que vuelva a ocurrir.”

“Este uso de los fondos del estado no es lo que se pretendía o se describe en la ley, ni fue lo que se discutió en el debate”, escribieron los legisladores Evan Jenne y Fentrice Driskell.

El gobernador DeSantis y su asesor y campaña han defendido una y otra vez los vuelos y han sugerido que podría haber otros.

En una conferencia de prensa el 16 de septiembre, el gobernador señaló que los vuelos a Martha’s Vineyard son “solo el comienzo” de sus planes.

“Ya tenemos una infraestructura en marcha. Va a haber muchas más cosas”, advirtió.

“La legislatura me dio $12 millones”, añadió. “Vamos a gastar cada centavo de eso para asegurarnos de que estamos protegiendo a la gente del estado de Florida”.

Los migrantes enviados a Martha’s Vineyard no se encontraban en Florida, sino en la zona de San Antonio (Texas), donde hace poco fueron procesados y liberados por las autoridades de inmigración a la espera de que un juez atienda sus casos de solicitud de asilo.

Los abogados de derechos civiles en Massachusetts que representan a tres de los migrantes presentaron una demanda colectiva federal contra la administración de DeSantis, alegando un “esquema fraudulento y discriminatorio” para transportar a un grupo de personas, incluyendo familias con niños pequeños, como parte de un ardid político.

La demanda alega que el gobernador, los miembros de su administración y los acusados no identificados en San Antonio trabajaron para coaccionar a los inmigrantes recién liberados para que abordaran los vuelos con falsas promesas de oportunidades de trabajo y asistencia financiera, entre otros beneficios. Al final aterrizaron en la isla con solo el apoyo voluntario de grupos locales y la asistencia de emergencia de las agencias estatales antes de ser trasladados a una operación de refugio más grande gestionada por el estado en el continente.

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