¿Fue ilegal el pago de Trump a los militares? Todo indica que sí, pero no pasará nada
Análisis: Expertos señalan que el uso de una donación privada y fondos destinados a investigación violaría, en distintos aspectos, la Ley Antideficiencia, escribe John Bowden
El Gobierno de Donald Trump recurrió a una millonaria donación privada y a una orden ejecutiva para resaltar sus esfuerzos por garantizar el pago a los miembros de las fuerzas armadas durante el cierre del gobierno federal, que ya alcanza los 25 días.
Pero según coinciden varios expertos, tanto la Casa Blanca como el Pentágono probablemente traspasaron los límites legales. La gran pregunta ahora es: ¿eso realmente importa a esta altura?
Cuando demócratas y republicanos no lograron llegar a un acuerdo antes del 1 de octubre para financiar al gobierno en el nuevo año fiscal, el Congreso activó una cuenta regresiva: más de un millón de empleados federales estaban a punto de quedarse sin sueldo una vez que el tiempo se agotara.
La situación se dio el 15 de octubre, lo que dejó a cientos de miles de empleados federales sin cobrar su salario. Ese mismo día, Trump firmó una orden ejecutiva que reiniciaba el reloj, pero solo para los miembros de las fuerzas armadas, ya que instruyó al Pentágono a garantizar que el personal militar siguiera recibiendo su paga.
La orden señalaba: “Los fondos utilizados para el pago y las asignaciones militares durante la actual interrupción deberán ser aquellos que el Secretario de Guerra determine que están destinados a fines que guarden una relación razonable y lógica con el pago y las asignaciones del personal militar, conforme a la ley aplicable, incluyendo el 31 U.S.C. 1301(a)”.
La mayoría de los expertos no partidistas coinciden: la medida probablemente violó la Ley Antideficiencia, a pesar de los intentos del gobierno de Trump por ajustarse a sus requisitos mediante una orden ejecutiva.
Esta ley prohíbe que las agencias federales gasten dinero que no haya sido aprobado previamente por el Congreso y, en términos generales, también les impide aceptar donaciones privadas. Tal es el caso de Timothy Mellon, un importante financista de la campaña de Trump para 2024, quien aportó 130 millones de dólares destinados al pago del personal militar.
Todo indica que la administración Trump incumplió varios requisitos establecidos por esta norma, entre ellos, el uso de dinero donado sin la autorización del Congreso.
Por otro lado, funcionarios del gobierno informaron que se identificaron 8 mil millones de dólares adicionales para seguir pagando a los miembros de las fuerzas armadas.
Sin embargo, esos fondos se agotarían a finales de octubre. Esta suma también podría constituir una violación de la Ley Antideficiencia, ya que al menos una parte provino de partidas asignadas a investigación y desarrollo (I+D). El Pentágono argumentó que no estaba obligado a gastar ese dinero, pero el Congreso lo había destinado específicamente a proyectos de I+D, sin importar el año fiscal en que se usara.
“Cuando el presidente Trump usó dinero autorizado solo para apoyar investigación y desarrollo con el fin de pagar a los militares, utilizó fondos existentes para un propósito no permitido por esa asignación. También gastó dinero para pagarles sin tener una partida presupuestaria válida para ese fin”, explicó Bobby Kogan, exasesor de la Oficina de Gestión y Presupuesto, en un blog del Center for American Progress.
Rich Brady, experto de la Society of Defense Financial Management, explicó a Federal News Network:
“Los fondos de investigación y desarrollo asignados en 2025 son válidos para compromisos durante los años fiscales 2025 y 2026 —es decir, hay cierta flexibilidad en esa cuenta. La pregunta es: ¿cuánto de eso pueden legalmente transferir y usar para pagar salarios militares? Probablemente, no lleguen a los 8 mil millones de dólares de los que hablan”.
Entre la donación de Timothy Mellon y el uso de fondos de I+D, los expertos ya han identificado al menos tres posibles violaciones de la Ley Antideficiencia, tras el primer impago registrado el 15 de octubre.
Mientras tanto, el proyecto de Ley de Defensa Nacional para 2026 (NDAA) sigue estancado en el Congreso: el avance está paralizado tanto por el cierre del Gobierno como por la decisión del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de suspender las sesiones hasta que se resuelva el conflicto. Aunque ambas cámaras ya aprobaron sus respectivas versiones del proyecto, el proceso se encuentra trabado en la etapa de conciliación. Se espera que los comités finalicen su trabajo antes del Día de Acción de Gracias, y que la versión definitiva sea aprobada antes de fin de año.
Hasta que esa legislación llegue al escritorio de Donald Trump, el pago a los miembros de las fuerzas armadas continúa en riesgo. El Congreso tiene hasta este fin de semana para evitar que tanto empleados federales como personal militar pierdan su segundo salario consecutivo. Una posible salida sería que la Cámara y el Senado logren aprobar una ley temporal que extienda los pagos militares en los niveles actuales —como ya hicieron mediante resoluciones continuas en 2024—, pero esas negociaciones están prácticamente congeladas por el cierre.
Y ahí aparece la verdadera pregunta, en un país trumpificado y con un sistema judicial profundamente politizado: ¿De verdad importa todo esto?
Que algo viole la ley y que esa ley se haga cumplir son dos cosas muy distintas. En este caso, lo segundo es lo que realmente importa, especialmente considerando que el Departamento de Justicia bajo Donald Trump ha seguido una línea clara: proteger a sus aliados.
Ejemplos sobran. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, han sido señalados por conductas cuestionables. En el caso de Homan, se lo acusa de haber aceptado un soborno de 50 mil dólares de parte de agentes encubiertos del FBI. Sin embargo, no enfrentó consecuencias.
El Departamento de Justicia en manos de Trump parece más enfocado en perseguir a sus adversarios políticos, incluso si eso lleva a que fiscales de carrera renuncien en protesta.
Todo indica que la única posibilidad real de que estas violaciones a la Ley Antideficiencia se traduzcan en cargos penales dependerá de que haya un cambio de gobierno. Aun así, es probable que una nueva administración tenga otras prioridades, como investigar incidentes más graves ocurridos durante un eventual segundo mandato de Trump.
Uno de ellos ya genera controversia: ataques militares contra embarcaciones en el Caribe que el gobierno justificó como parte de una operación antidrogas, pero que incluso un senador republicano calificó este domingo como “ejecuciones extrajudiciales”.
También es altamente probable —a juzgar por antecedentes— que Donald Trump emita una gran cantidad de indultos a miembros de su círculo cercano antes de dejar el poder. Eso podría complicar seriamente, o incluso bloquear por completo, cualquier intento de presentar cargos penales contra su secretario de Defensa, Pete Hegseth, u otros integrantes de su equipo.
En resumen, las probabilidades de que se tomen acciones legales por lo que parece ser una violación clara y múltiple de la ley federal son mínimas. Todo apunta a que, una vez más, la impunidad tendrá la última palabra.
Traducción de Leticia Zampedri