Audiencias del 6 de enero

¿Quiénes pidieron a Trump un indulto por el 6 de enero? Las acusaciones de Cheney aumentan la especulación

La vicepresidenta del comité selecto, Liz Cheney, está planteando acusaciones de que varios miembros republicanos de la Cámara buscaron indultos después del ataque del 6 de enero al Capitolio. Andrew Feinberg informa las consecuencias

<p>Una fotografía de Liz Cheney durante la primera audiencia sobre el ataque del 6 de enero </p>

Una fotografía de Liz Cheney durante la primera audiencia sobre el ataque del 6 de enero

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La presentación de Liz Cheney, representante de Wyoming, durante la audiencia del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero renovó las especulaciones sobre el grado en que sus colegas en la Conferencia Republicana de la Cámara desempeñaron un papel en el ataque violento contra el Capitolio y si alguno podría enfrentar cargos criminales como resultado.

Liz Cheney, la vicepresidenta del comité selecto, lanzó una bomba durante sus comentarios de apertura cuando reveló que un número incalculable de republicanos de la Cámara presionaron al entonces presidente Donald Trump para que les otorgara indultos en los días posteriores al peor ataque contra el Capitolio desde la guerra de 1812.

Dijo que un miembro de la Cámara, el representante de Pensilvania Scott Perry, se acercó a la Casa Blanca en busca de un indulto en las semanas entre el ataque y la expiración del mandato del expresidente Donald Trump el 20 de enero de 2021.

Aunque un portavoz calificó la acusación a su colega Scott Perry como “una mentira risible, ridícula y completamente desalmada”, Perry desempeñó un papel destacado en un plan en el que Trump habría reemplazado al entonces fiscal general interino Jeffrey Rosen con el leal Jeff Clark.

Cheney dijo que Donald Trump “quería que Clark tomara una serie de medidas”, como “enviar [una] carta a Georgia y otros cinco estados, diciendo que el Departamento de Justicia de EE.UU. había ‘identificado preocupaciones importantes que podrían haber afectado el resultado de la elección’”.

El contenido de la carta, aclaró, era “una mentira”.

Clark invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación durante una declaración ante el comité selecto, pero Perry se negó a comparecer y arremetió contra el panel, calificándolo de “ilegítimo”.

Pero Perry no fue el único republicano de la Cámara que contactó a la Casa Blanca en busca de clemencia luego del ataque.

Después, Cheney reveló que “muchos otros congresistas republicanos” contactaron a la Casa Blanca en los últimos días de la administración de Trump con la esperanza de obtener indultos por acciones no especificadas que creían que los dejaban expuestos a ser acusados de delitos.

Cheney no reveló quién más entre sus colegas buscó indultos luego de la insurrección, pero otras figuras involucradas en los eventos del 6 de enero han puesto varios nombres en circulación.

Ali Alexander, el agente derechista y provocador que organizó uno de los mítines “Stop the Steal” que tuvieron lugar cerca del Capitolio ese día, ha dicho públicamente que trabajó con dos representantes republicanos, Mo Brooks de Alabama y Paul Gosar de Arizona.

Ambos han negado cualquier coordinación con Alexander, pero Brooks también fue uno de los oradores en el mitin de la Casa Blanca que precedió a los disturbios y les dijo a los asistentes que era hora de “comenzar... a patear traseros”.

Otro miembro republicano de la Cámara de Representantes que podría haber buscado un indulto es el representante Barry Loudermilk de Georgia.

El mes pasado, el comité selecto solicitó que Loudermilk prestara testimonio sobre una gira que supuestamente dirigió el 5 de enero de 2021, el día anterior al ataque al Capitolio.

La representante de Nueva Jersey, Mickie Sherrill, y otros 33 demócratas alegaron en una carta de enero de 2021 que los “visitantes” que se encontraron haciendo recorridos el día anterior a los disturbios “parecían estar asociados” con el mitin de la Casa Blanca en el que Trump instó a sus seguidores a “luchar como diablos” justo antes de que un grupo de ellos comenzara a atacar a la policía del Capitolio. Además, la carta señaló que los alborotadores “parecían tener un conocimiento inusualmente detallado del diseño del complejo del Capitolio”.

Aunque el Capitolio y los edificios de oficinas de la Cámara y el Senado conectados a él son notoriamente difíciles de recorrer, la multitud de partidarios de Trump parecía moverse con facilidad por el complejo laberíntico después de haber entrado a través de ventanas rotas y puertas forzadas.

Los miembros del grupo extremista violento conocido como Oath Keepers parecían estar familiarizados con la red bizantina de túneles que pasa por debajo del Capitolio y sus edificios de oficinas adyacentes.

En documentos judiciales, los fiscales alegaron que un miembro del grupo envió un mensaje encriptado durante el ataque que les decía a los coconspiradores que los legisladores estaban “en los túneles debajo del capitolia [sic]” e instaban al destinatario a “encerrarlos” y “encender el gas”.

Otro mensaje enviado mientras los miembros de la Cámara estaban siendo reubicados en un lugar seguro informaba al insurgente acusado que “todos los legisladores” estaban “abajo en los túneles, [tres] pisos abajo”.

Los alborotadores también pudieron llegar a las oficinas privadas de algunos legisladores de alto rango, coloquialmente conocidas como “escondites”, a pesar de que las puertas de dichas oficinas no están marcadas y sus ubicaciones están bien vigiladas.

En mayo de 2021, Loudermilk lideró un grupo de republicanos en el comité de administración de la Cámara que presentó una queja de ética contra Sherril y negó enérgicamente las acusaciones de que algún miembro había realizado “visitas guiadas de reconocimiento” por el complejo.

Pero la carta del comité selecto a Loudermilk señaló que el panel había revisado pruebas que “contradecían directamente” su negación de haber dirigido alguna visita guiada. Más tarde afirmó que la visita que dirigió era simplemente un grupo de electores.

Los representantes de Brooks, Gosar y Loudermilk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Independent.

Según el artículo II de la constitución de los EE.UU., los presidentes tienen la facultad de “otorgar prórrogas e indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político”, es decir, cualquier delito que pueda ser procesado en tribunales federales.

Este poder, que tiene sus raíces en la capacidad de la soberanía británica para perdonar a los infractores, también ha sido utilizado por presidentes anteriores para anticiparse a los enjuiciamientos antes de que se presenten cargos.

En la historia, ha habido dos casos famosos de indultos preventivos. Primero, el presidente Gerald Ford indultó a Richard Nixon por “todas las ofensas contra los Estados Unidos que él... [había] cometido o pudo haber cometido, o en las que participó durante el periodo comprendido entre el 20 de enero de 1969 hasta el 9 de agosto de 1974” a pesar de que Nixon no había sido acusado. Y luego, en 1977, el presidente Jimmy Carter concedió un indulto general a cualquier estadounidense que eludió ilegalmente el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam.

Aceptar un indulto presidencial después de la condena absuelve a una persona de las sanciones que se le hayan podido imponer, como penas de prisión o suprimir el derecho al voto o la posesión de armas de fuego.

Aceptar un indulto preventivo significa que una persona no puede ser procesada en un tribunal federal por un delito determinado.

Pero según la ley de los EE.UU., aceptar un indulto, incluso uno preventivo, significa que el destinatario también admite haber cometido el delito por el que lo recibe.

El representante demócrata Eric Swalwell señaló este hecho en Twitter poco después de que Cheney hiciera la acusación explosiva y escribió: “Si no hiciste nada ilegal, ¿por qué necesitas un indulto?”.

Su antiguo colega, el exrepresentante republicano de Illinois Joe Walsh, también intervino y escribió: “Varios republicanos de la Cámara buscaron el perdón de Trump. No puedo dejar de pensar en esto”.

Y la representante de Missouri, Cori Bush, una de las legisladoras que asistió a la audiencia del jueves, dijo a The Independent que “sea quien sea, incluso los representantes” deben “responsabilizarse” si fueron “parte” de la violencia ese día.

“Deberían ser investigados, si fueron parte de esto, deberían ser expulsados porque esa es la sección tres de la Enmienda 14”, declaró, refiriéndose a la sección de la constitución de los EE.UU. que prohíbe que cualquiera que “participe en una insurrección o rebelión” contra los Estados Unidos ocupe cualquier cargo federal.

“No deberían estar en el cargo. Y luego, dependiendo de lo que hayan hecho, si tiene que ir más allá, entonces deberían ser procesados”, agregó.

Steve Vladek, profesor de derecho de la Universidad de Texas y experto en tribunales federales, hizo una observación similar poco tiempo después.

“El titular es que varios congresistas republicanos solicitaron el indulto del presidente Trump. Pero la historia es por qué sintieron la necesidad de hacerlo”, escribió.

Eric García contribuyó con el reportaje

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