Supremo Tribunal de Brasil respalda leyes que hundieron la moratoria de la soya en la Amazonía

El Supremo Tribunal Federal asestó un duro golpe el miércoles al futuro de la moratoria de la soya en Brasil, al mantener leyes estatales que niegan incentivos fiscales a agricultores que acataron el acuerdo que prohíbe comprar soya cultivada en tierras amazónicas deforestadas. Al mismo tiempo, la corte ratificó la constitucionalidad del pacto voluntario.

En enero, grandes comerciantes de granos se retiraron de la moratoria de la soya, la cual ayudó a reducir la deforestación durante sus casi dos décadas de vigencia, después de que los principales estados productores de soya aprobaran proyectos de ley que revocaban beneficios fiscales para las compañías participantes.

Brasil es el mayor productor de soya del mundo, y representa aproximadamente el 40% de la producción global. Gran parte del cultivo se efectúa en estados del centro y del norte que incluyen partes del bioma amazónico, tales como Mato Grosso, Pará y Rondônia.

La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima mucho más allá de Sudamérica. Algunos científicos advierten que la pérdida de bosque podría acelerar el calentamiento global y alterar la agricultura, incluso en lugares tan lejanos como la región centro-norte de Estados Unidos y partes de Europa.

El país sudamericano produjo 171,5 millones de toneladas métricas de soya en la temporada 2024-25, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. China fue el principal destino de las exportaciones, de acuerdo con los datos oficiales de comercio de Brasil.

Lanzada en 2006, en respuesta a la presión de grupos ambientalistas y compradores internacionales, la moratoria fue un compromiso voluntario y no una ley. Los principales comerciantes de soya acordaron —y el gobierno brasileño posteriormente respaldó— una prohibición de comprar soya cultivada en tierras amazónicas taladas después de julio de 2008.

Pero los productores de soya alegaron durante mucho tiempo que la moratoria perjudicaba los negocios porque era más estricta que la legislación ambiental brasileña. Según las normas nacionales, los agricultores en la Amazonía deben preservar el 80% de sus tierras y pueden talar legalmente el 20% restante, mientras que la moratoria prohíbe cualquier deforestación, incluso cuando la ley la permite.

La moratoria de la soya ayudó a reducir la deforestación en áreas de riesgo en un 35% durante la primera década desde que entró en vigor en 2006, sin afectar la productividad, según un estudio publicado en julio en la revista Science. El fin del pacto podría derivar en deforestación de hasta 1,4 millones de hectáreas (3,5 millones de acres) en la próxima década, y dejar un área del tamaño de Portugal vulnerable a la deforestación legal, indicó el estudio.

Tras alcanzar niveles récord en las décadas de 1990 y 2000, la deforestación disminuyó hasta el mandato del expresidente Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, ampliamente criticado por debilitar las protecciones ambientales. Bajo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestación ha vuelto a disminuir, alcanzando sus niveles más bajos en una década.

La coordinadora jurídica de Greenpeace Brasil, Angela Barbarulo, considera que el reconocimiento por parte del Supremo Tribunal Federal de la constitucionalidad de la moratoria es “enormemente importante”, pero señaló que el fallo quedó debilitado por su aval a leyes estatales que penalizan a agricultores y empresas que adoptan estándares ambientales más allá de los exigidos por la ley.

“Hay una aparente contradicción entre reconocer la importancia ambiental de la moratoria de la soya y, al mismo tiempo, validar leyes estatales que pueden debilitar su eficacia", expresó Barbarulo. "Cuando se trata de proteger la Amazonía, no deberíamos permitir que la legislación estatal cree lagunas o incentivos que socaven compromisos ambientales construidos colectivamente”.

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE, por sus siglas en portugués) indicó que el fallo del Supremo Tribunal Federal pone fin a años de incertidumbre jurídica y valida compromisos voluntarios de sostenibilidad adoptados por los comerciantes. Sin embargo, el grupo se refirió a la moratoria en pasado, lo que deja entrever que la decisión del miércoles difícilmente reactivará el pacto.

La ABIOVE también manifestó que esperaba que el fallo “abra una nueva fase de diálogo entre diferentes partes de la cadena de suministro, con un enfoque en la seguridad jurídica, la competitividad y la sostenibilidad”.

La Asociación de Productores de Soya de Mato Grosso, que se opuso a la moratoria, señaló en un comunicado que el fallo reforzó la autoridad de los gobiernos estatales para resistir medidas del sector privado que imponen restricciones ambientales más allá de las exigidas por la ley. También se comprometió a seguir combatiendo cualquier acuerdo futuro que recree las restricciones de la moratoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.