Smartmatic dice que la “campaña de represalias” de Trump impulsa el proceso penal en su contra

La empresa de tecnología electoral Smartmatic busca que se desestime una acusación penal por lavado de dinero, y culpa al presidente estadounidense Donald Trump y a sus aliados de intentar que se la procese como parte de una “campaña de represalias” contra aquellos a los que responsabilizan por su derrota en las elecciones de 2020.

La empresa matriz de Smartmatic, SGO Corporation, con sede en Reino Unido, fue incorporada el otoño pasado a una acusación penal que ya imputaba a varios ejecutivos por el pago de 1 millón de dólares en sobornos a funcionarios electorales en Filipinas.

En una moción para desestimar la acusación presentada el martes, los abogados de Smartmatic manifestaron que la compañía había cooperado con el Departamento de Justicia desde que supo por primera vez de la investigación en 2021, incluso mediante la entrega de millones de páginas de documentos y la realización de presentaciones ante agentes federales. Ya se había fijado una fecha de juicio para los ejecutivos, incluido el cofundador Roger Pinate, y la empresa creía que el asunto estaba resuelto a su favor.

Pero cuando Trump regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia cambió de rumbo y decidió presentar cargos contra la empresa. Sus abogados sostuvieron que la decisión fue impulsada por las exigencias del mandatario de procesar a quienes considera sus enemigos y por su “mantra” de que Smartmatic ayudó a amañar la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos, en la que Joe Biden fue el ganador; tales acusaciones son el elemento central de una demanda por 2.700 millones de dólares presentada por Smartmatic contra aliados del presidente en los medios.

“El proceso penal contra SGO refuerza su falsa narrativa colectiva de que el presidente Trump en realidad no perdió las elecciones de 2020”, afirmó Smartmatic en el escrito presentado ante el tribunal federal de Miami.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los abogados compararon el proceso con el hecho de que el Departamento de Justicia pusiera en la mira a Kilmar Armando Ábrego García, un migrante salvadoreño acusado penalmente por conductas de años anteriores después de que demandó con éxito al gobierno de Trump por su decisión de deportarlo.

“En los años transcurridos desde la elección, Smartmatic USA ha ejercido su derecho a exigir responsabilidades legales a esas personas y entidades por su aluvión de declaraciones difamatorias y el daño consecuente que inflige a su negocio, colocándola directamente en la mira de las represalias”.

El caso penal contra Smartmatic y sus empleados se deriva de pagos que, presuntamente, se realizaron entre 2015 y 2018 para obtener un contrato con el gobierno filipino a fin de ayudar a organizar la elección presidencial de ese país en 2016. Pinate, que ya no trabaja para Smartmatic pero sigue siendo accionista, se ha declarado inocente.

En agosto, como parte del caso penal, los fiscales solicitaron permiso al tribunal para presentar pruebas que, según argumentan, muestran que los ingresos de un contrato de 300 millones de dólares con el condado de Los Ángeles para ayudar a modernizar sus sistemas de votación fueron desviados a un “fondo opaco” controlado por Pinate mediante el uso de empresas fantasma en el extranjero, facturas falsas y otros métodos.

También acusaron a Pinate de sobornar en secreto a la que, durante mucho tiempo, había sido la jefa electoral de Venezuela al entregarle una casa de lujo con piscina en Caracas. Los fiscales señalan que la vivienda fue transferida a la funcionaria electoral en un intento de recomponer relaciones tras la abrupta salida de Smartmatic de Venezuela en 2017, cuando acusó al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro de manipular los resultados contabilizados en las elecciones para establecer una asamblea constituyente complaciente.

Smartmatic fue fundada hace más de dos décadas por un grupo de venezolanos que tuvo éxito desde el inicio al organizar elecciones mientras el fallecido Hugo Chávez, un partidario del voto electrónico, estaba en el poder. Más tarde, la empresa se expandió a nivel mundial, proporcionando máquinas de votación y otra tecnología para ayudar a llevar a cabo elecciones en 25 países, desde Argentina hasta Zambia.

Pero Smartmatic ha dicho que su negocio se desplomó desde que Fox News se convirtiera en una plataforma para que los abogados de Trump presentaran a la empresa como parte de una conspiración para robar las elecciones de 2020.

Fox sostuvo que informaba legítimamente sobre hechos noticiosos, pero con el tiempo emitió un segmento donde refutaba las acusaciones después de que los abogados de Smartmatic se quejaran. Aun así, se ha defendido de manera enérgica frente a la demanda por difamación en Nueva York, al argumentar que la empresa enfrentaba un colapso inminente por su propia mala conducta interna, y no por ninguna cobertura negativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.