Trump prometió que su visa “dorada” sería un éxito, pero solo una persona ha sido aprobada

Cuando presentó el plan en febrero, el secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, afirmó que 200.000 personas estaban dispuestas a pagar un millón de dólares cada una por el programa de visas “doradas”.

Sin embargo, más de un año después, la administración solo ha aprobado a una persona, cuya identidad no se ha dado a conocer.

El programa, gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, otorga residencia permanente (”green card”) a cambio de un “don” de un millón de dólares al gobierno de Estados Unidos, sin considerar méritos adicionales. Además, las empresas que solicitan visas para trabajadores extranjeros deben pagar dos millones de dólares.

En diciembre, se lanzó un sitio web para comenzar a recibir solicitudes. Más de cuatro meses después, Lutnick aseguró que hay “cientos de personas en la cola” que ya pagaron la tarifa de 15.000 dólares para aplicar, aunque solo una ha sido aprobada.

“Este es un programa nuevo, lo acaban de implementar y querían asegurarse de que funcionara a la perfección”, dijo Lutnick el jueves ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. “Es un programa del DHS que ha pasado por un proceso de selección riguroso”.

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La identidad del único solicitante aprobado no fue revelada.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional remitió las consultas de The Independent al Departamento de Comercio.

Actualmente, los inmigrantes que buscan la residencia permanente legal —la llamada “green card”— enfrentan tiempos de espera de más de tres años y, en muchos casos, procesos legales prolongados mientras siguen trabajando y pagando impuestos. En contraste, el programa de “tarjeta dorada” permite que extranjeros con alto poder adquisitivo obtengan estatus legal con mayor rapidez.

Pueden postularse quienes dispongan de un millón de dólares, cifra que la administración de Donald Trump considera prueba de una “capacidad empresarial excepcional”. Sin embargo, el proceso no exige que el dinero provenga del propio trabajo o negocio, ni impide que se utilicen fondos de familiares, préstamos o incluso criptomonedas para cubrir las tasas.

Las visas tradicionales como EB-1 y EB-2 están destinadas a trabajadores extranjeros con “habilidades extraordinarias” o trayectorias destacadas en áreas como la medicina, las artes o la ciencia. Además, el Congreso limita su número anual y establece que se asignen según el orden de solicitud. En cambio, críticos del nuevo programa sostienen que prioriza la riqueza por sobre el mérito.

De hecho, una demanda federal afirma que el plan convierte el sistema en un mecanismo ilegal para recaudar fondos, en detrimento de inmigrantes cuya admisión está regulada por ley. En esa línea, un grupo de médicos e investigadores no ciudadanos lo calificó como un “carril rápido” que deja de lado a perfiles cualificados y favorece a extranjeros adinerados.

“Olvídense de ‘envíen a sus trabajadores, a sus pobres y a sus masas oprimidas’”, dijo Norm Eisen, cofundador de Democracy Defenders Fund, que respalda la demanda. “Para Donald Trump, la consigna es ‘dennos su dinero, sus oligarcas y sus privilegiados’ con este programa de tarjetas doradas, que es ilegal”.

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Mientras tanto, el Gobierno de Trump avanza con medidas para revocar el estatus legal de decenas de miles de inmigrantes y desnaturalizar a ciudadanos como parte de su política de deportaciones. Según The New York Times, el Departamento de Justicia identificó a 384 personas nacidas en el extranjero a las que busca retirarles la ciudadanía.

En contraste, el propio Gobierno sostiene que la “tarjeta dorada” es una “vía directa” a la ciudadanía para quienes cumplan los requisitos y superen los controles de verificación.

El sitio oficial del programa —trumpcard.gov— promete “abrir la puerta a la vida en Estados Unidos” con residencia legal “en tiempo récord”, tras una verificación de antecedentes a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el pago de una tasa de 15.000 dólares al DHS y un aporte de un millón de dólares al Gobierno.

Además, las empresas que patrocinan a empleados deben abonar dos millones de dólares, una cuota anual de 20.000 y una tasa del 5% cada vez que transfieran la visa entre trabajadores.

Todos los solicitantes deben cumplir los requisitos de residencia permanente y contar con una visa disponible. Sin embargo, en varios países los tiempos de espera superan el año, y el presidente suspendió de forma indefinida las solicitudes de visa para decenas de naciones.

“Las oportunidades en Estados Unidos hoy son más accesibles que nunca”, indica el sitio web. “Tiene por delante oportunidades únicas”.

Traducción de Leticia Zampedri