Consejo de Europa adopta declaración sobre migración y deportaciones a terceros países

Cuarenta y seis naciones de Europa y de otros lugares acordaron el viernes una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de migración, incluida la forma en que se aplicaba al controvertido uso de centros de deportación instalados en terceros países.

La declaración política se produjo después de que algunos Estados miembros pidieran enfoques más estrictos para combatir la migración irregular y facilitar las deportaciones.

Grupos defensores criticaron la declaración política, al señalar que podría flexibilizar las prohibiciones contra la tortura y debilitar las protecciones de derechos humanos de Europa para los migrantes.

“La declaración subraya que los Estados tienen el innegable derecho soberano de controlar la entrada y la residencia de nacionales extranjeros, y que es una obligación y una necesidad para los Estados proteger sus fronteras en cumplimiento del Convenio”, indicó en un comunicado el Consejo de Europa, después de que la declaración no vinculante fuera adoptada el viernes por los ministros de Exteriores de sus 46 miembros en una reunión en Chisináu, la capital de Moldavia.

Añadió que las naciones “expuestas a llegadas masivas” pueden impulsar nuevos enfoques para disuadir la migración irregular, incluidos “’centros de retorno’ en terceros países, y la cooperación con países de tránsito”.

El Consejo supervisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el máximo tribunal que protege el convenio de derechos humanos del continente.

La declaración podría debilitar al tribunal y al convenio, sostuvo Chiara Catelli, portavoz del grupo de derechos humanos PICUM, con sede en Bruselas.

“En la práctica, los gobiernos buscan presionar a un tribunal independiente para que debilite protecciones de derechos humanos consolidadas desde hace mucho tiempo con el fin de facilitar las deportaciones, con el riesgo de deportar a personas a lugares donde podrían enfrentar tortura, tratos inhumanos o degradantes, o donde dejarían de recibir atención médica que les salva la vida”, manifestó.

“Un sistema de derechos humanos de dos niveles basado en el estatus migratorio es un agravio al principio básico de que los derechos humanos son universales”, afirmó Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional.

El año pasado, Italia envió a varias decenas de migrantes sin permiso para permanecer en el país a un “centro de retorno” en Albania, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en enviar a migrantes rechazados a una nación fuera de la UE que no es la suya ni un país por el que hubieran transitado en su trayecto.

Activistas por los derechos humanos han dicho que esas políticas son inhumanas y las comparan con las políticas de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La UE ha endurecido de forma constante sus políticas migratorias desde la llegada al poder de partidos de derecha en algunos países en 2024.

El año pasado, los líderes de nueve países del bloque —Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania y Polonia— firmaron una carta abierta en la que afirmaban que el convenio de derechos humanos les impedía expulsar a delincuentes extranjeros.

Las naciones argumentaron que la interpretación del convenio por parte del tribunal en “casos relativos a la expulsión de nacionales extranjeros delincuentes” ha protegido a “las personas equivocadas” y ha impuesto demasiados límites a la hora de decidir quién puede ser expulsado.

El comisario de Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, celebró la declaración como “un paso importante” hacia una política migratoria unificada.

La declaración “refuerza nuestro enfoque hacia una política migratoria justa y firme en Europa. La migración es un desafío compartido que requiere soluciones compartidas”, señaló.

Tras la firma de la declaración, el secretario general del Consejo, Alain Berset, señaló que la Declaración de Chisináu “ayudará a orientar nuestro propio trabajo, así como el de las autoridades nacionales y los tribunales internos”.

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McGrath informó desde Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.