¿Cómo puede España afrontar la crisis energética derivada de la guerra en Irán?

La actual crisis energética desatada por el ataque a Irán por parte de Israel y EE. UU., y que se parece a la creada en Europa por la invasión rusa de Ucrania, nos recuerda que los combustibles fósiles ocasionan más problemas además de su contribución al cambio climático: su concentración en zonas geográficas concretas, y el poder de mercado que pueden ejercer algunas de estas regiones, resultan en amenazas para la seguridad energética, que se pueden manifestar tanto en la cantidad disponible como en los precios de estos combustibles.

En ocasiones como la actual (o como en la invasión de Ucrania), el problema se origina inicialmente por la cantidad: el bloqueo del estrecho de Ormuz impide la salida de buques de petróleo y metaneros (que transportan gas natural licuado, ese que precisamente permitió a Europa sobrevivir tras el cierre de los gasoductos rusos), reduciendo significativamente la oferta de estos combustibles en el mercado.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. Frente a una demanda global aproximada de 100 millones de barriles por día (mbd) de petróleo y de 570 000 millones de metros cúbicos (570 bcm) de gas natural licuado, los buques que pasaban por el estrecho de Ormuz transportaban un 20 % del petróleo y un 21 % del gas natural licuado.

Esta menor disponibilidad de oferta se traduce, directamente, en un aumento del precio, reflejo de la escasez. El petróleo cotiza estos días en 100 dólares/barril, mientras que el gas natural en Europa ha alcanzado precios de hasta 40-50 euros/MWh (casi el doble de los altos precios que ya teníamos desde la invasión de Ucrania y la recuperación post-covid).

Es importante subrayar que esta crisis de precios afecta a todos los países, sean o no productores de combustibles fósiles, aunque de forma asimétrica dentro del país. Por ejemplo, los consumidores de Estados Unidos, que es básicamente independiente en términos energéticos gracias a su producción de petróleo y gas natural, sufrirán también la subida de precios de gasolinas (algo menos la de gas natural, que es un mercado no tan global como el del petróleo). Evidentemente, sus productores aumentarán sus beneficios.

En el caso de Europa, o de China, no sólo hay un problema de precios, también un problema de escasez: esos barcos de petróleo que llegaban desde Oriente Medio ya no llegan, y habrá que buscar alternativas. Porque estas regiones no tienen recursos propios que puedan movilizar, como sí tienen los estadounidenses.

Europa depende en un 73 % de los combustibles fósiles (un 90-95 % importado) para su suministro energético. En España, y a pesar de los avances recientes en renovables, el consumo final de energía sigue siendo en un 70 % fósil (importado al 100 %), con el transporte alimentado casi por completo por el petróleo.

Esto supone que las industrias españolas pueden ver comprometido su suministro de combustible, pero sobre todo, que van a tener que pagar más por su energía, igual que los hogares. La principal vía de impacto es el precio del gas, tanto directamente como vía precios eléctricos (el precio del gas es clave para determinar el precio de la electricidad). Pero además el precio del petróleo afecta a los que utilizan transporte por carretera o avión.

Lo primero que puede hacerse para tratar de paliar esta evidente vulnerabilidad sería tratar de reducir nuestra dependencia de estos combustibles fósiles tan volátiles en precio y concentrados en cantidad. Una razón más para tratar de seguir avanzando en la transición energética hacia fuentes descarbonizadas –sin emisiones de CO₂ o metano– que, afortunadamente, no tienen este problema (al menos no en cuanto al combustible).

De hecho, la respuesta europea a la crisis del gas ruso fue la iniciativa conocida como RePowerEU con los objetivos de impulsar el ahorro de energía, la diversificación del suministro y la producción de energía limpia.

A corto plazo, podemos pensar también en otras medidas para tratar de que el golpe a las familias y a las empresas no sea tan duro. La primera sería poner más petróleo y gas en el mercado, liberando las llamadas reservas estratégicas. La Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo, pero esto sólo equivale a 20 días de suministro vía Ormuz.

Distintos agentes han propuesto en España otras opciones por si la guerra se alarga: reducir impuestos, bonificar el consumo (como los famosos 20 céntimos por litro de combustible aplicados en España en el 2022), eliminar el precio del CO₂ o volver a la “excepción ibérica” o tope al precio del gas.

Todas estas medidas arreglan algo, pero desbarajustan otras cosas. Por ejemplo, la bonificación al consumo estimula la demanda (justo lo contrario que queremos hacer en momentos de escasez), aparte de que también puede ser capturada por los productores al no bajar los precios tanto como la bonificación o subir el precio y quedarse una parte del descuento. El tope al gas tiene problemas similares. Las bajadas de impuestos, por su parte, son muy regresivas, benefician más a las personas ricas que a aquellas con menos recursos.

La Comisión Europea, tras la crisis de Ucrania, propuso una serie de medidas en caso de una emergencia de precios, en parte para tratar de imponer cierto sentido común y en parte para evitar que cada Estado miembro hiciera la guerra por su cuenta (distorsionando de paso el mercado único). Su recomendación a corto plazo: que las ayudas se focalizaran en los consumidores vulnerables y fueran a tanto alzado, es decir, ni descuentos, ni bonificaciones, ni reducciones de impuestos, sino plantearse como ayudas fijas que no cambien el precio del producto.

No estaría mal volver a estas recomendaciones europeas y, como señalaba antes, seguir impulsando la transición energética, porque es la mejor forma de evitar más sustos en el futuro.