Nueva ley israelí de pena de muerte es “cruel” y discrimina a los palestinos, según grupos de derechos humanos
Los activistas afirman que la ley tendrá un impacto desproporcionado en los palestinos de Cisjordania
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la nueva ley de pena de muerte de Israel es “cruel” y que discriminará injustamente a los palestinos.
La Knéset, el parlamento israelí, aprobó el lunes una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como sentencia por defecto para los delitos relacionados con el terrorismo, afectando especialmente a los palestinos de Cisjordania. La pena de muerte para delitos comunes fue abolida en Israel en 1954 y el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1962.
La aprobación de este proyecto de ley supone la culminación de una campaña que la extrema derecha israelí ha llevado a cabo durante años para endurecer las penas contra los palestinos condenados por delitos nacionalistas contra los israelíes.
También otorgará a los tribunales de Israel la opción de imponer la pena de muerte a los ciudadanos israelíes condenados por cargos similares, aunque los expertos legales han advertido que la redacción del proyecto de ley limita de hecho a los ciudadanos palestinos de Israel a quienes pueden ser condenados a muerte, excluyendo a los ciudadanos judíos.
La ley no se aplicará retroactivamente a ningún prisionero que Israel mantenga actualmente encarcelado, incluidos los militantes liderados por Hamás que atacaron el país el 7 de octubre de 2023.
Adam Coogle, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch, afirmó que la pena de muerte afianzaba la discriminación y establecía un sistema de justicia de dos niveles.
“Los funcionarios israelíes argumentan que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad, pero en realidad, afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid”, afirmó, y continuó: “La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y con menor escrutinio”.
Ido Ben-Itzhak, asesor jurídico de la Knéset, también criticó el proyecto de ley antes de su aprobación, argumentando que “no prevé el indulto de una persona condenada a muerte, lo que contradice los convenios internacionales y podría generar complicaciones”.
La aprobación del proyecto de ley también fue criticada por la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, que afirmó que el Estado ya ha asesinado sistemáticamente a palestinos sin rendir cuentas a nadie.
El director ejecutivo de B'Tselem, Yuli Novak, declaró: “Israel está alcanzando un nuevo nivel de bajeza en la deshumanización de los palestinos, consagrando su trato cruel en la legislación estatal... Bajo el liderazgo de altos ministros, el sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato y las lesiones a seres humanos”.
La organización estimó que los tribunales militares, donde solo se juzga a palestinos, tienen una tasa de condena del 96 %, basada en gran medida en “confesiones” obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios.
Amnistía Internacional, que pidió la derogación del proyecto de ley, observó que la legislación se aprobó el mismo mes en que se retiraron los cargos contra soldados israelíes por agredir sexualmente a una detenida palestina.
Erika Guevara-Rosas, directora sénior de investigación, incidencia política y campañas de Amnistía Internacional, declaró: “Dice mucho del grado de deshumanización de los palestinos por parte de Israel que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra los soldados israelíes acusados de agredir sexualmente a una detenida palestina, una decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros”.
Cuando el proyecto de ley fue aprobado el lunes con un resultado final de 62 votos a favor y 48 en contra, los legisladores estallaron en vítores y se pusieron de pie en señal de júbilo. El ministro de Seguridad de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, llevó una botella de champán al parlamento israelí para celebrarlo.
“Israel está cambiando las reglas del juego hoy: quien asesine a judíos no seguirá respirando ni disfrutando de las condiciones de una cárcel”, dijo.
El Servicio Penitenciario de Israel ya ha comenzado a preparar los centros penitenciarios designados para las ejecuciones. Desde octubre de 2023, las autoridades afirman que Israel ha asesinado al menos a 72.000 palestinos en la Franja de Gaza y al menos a 1.050 palestinos en Cisjordania.
Traducción de Sara Pignatiello
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