Republicanos de Carolina del Norte buscan endurecer ley de inmigración para 2024
Los republicanos de Carolina del Norte, que el otoño pasado promulgaron su política largamente buscada que ordena a los jefes de policía locales cooperar con los agentes federales que buscan deportar a ciertos reclusos, quieren endurecerla aún más mientras las medidas migratorias del presidente Donald Trump se intensifican a nivel nacional.
La Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, aprobó el martes una medida que sometería a personas acusadas de más categorías de delitos en el noveno estado más poblado del país a investigaciones sobre su estatus migratorio y posible deportación.
Después de que el entonces gobernador Roy Cooper vetara la medida, una ley entró en vigor en diciembre que ordenaba a las cárceles retener durante 48 horas a ciertos acusados que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cree que están en el país ilegalmente, dando tiempo para que el ICE los recoja. Los presuntos infractores son objeto de órdenes de detención y órdenes administrativas del ICE para retener temporalmente a los reclusos sospechosos de violar las leyes de inmigración.
La medida más reciente también aclararía que los funcionarios penitenciarios deben contactar a los agentes federales de inmigración si están reteniendo a alguien con estos documentos y decirles cuándo serían liberados de otro modo.
Los defensores de la ley de 2024, entre ellos el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall, dijeron que haría las comunidades más seguras, y que durante años varios alguaciles en condados predominantemente demócratas estaban ignorando las órdenes de detención. Cooper, un demócrata, había vetado con éxito medidas de inmigración similares desde 2019, calificándolas de inconstitucionales y divisivas. Pero el Partido Republicano tenía mayorías a prueba de veto en 2024.
Algunos de los que apoyan el nuevo proyecto de ley dicen que necesita ser actualizada para alinearse más estrechamente con los esfuerzos de Trump y otros republicanos en Washington para evitar que los acusados sean liberados de nuevo a las calles donde podrían posiblemente cometer más delitos.
El representante estatal Carson Smith, patrocinador del proyecto de ley y ex jefe de policía del condado de Pender, mencionó recientemente la nueva Ley Laken Riley federal, que requiere la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos.
Hall dijo durante el debate en el pleno del martes que alrededor de cinco de los 100 jefes de policía del estado todavía están "ciertamente violando el espíritu que estaba detrás" de la ley estatal de 2024. El jefe de policía del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, ha estado en una disputa pública con los dirigentes del ICE sobre si debe alertar a los agentes sobre las personas en su cárcel que están sujetas a órdenes de detención. Los jefes de policía de Carolina del Norte generalmente operan las cárceles del condado.
"Este proyecto de ley corrige cualquier laguna percibida y resuelve un problema peligroso en este estado", comentó Hall antes de la votación del martes de 70 a favor y 45 en contra.
La ley de 2024 ordenó a un administrador de la cárcel intentar determinar la residencia legal de aquellos encarcelados que están acusados de los delitos más violentos, algunos delitos menores y violaciones de órdenes de violencia doméstica. La nueva medida ampliaría esa lista para incluir en parte todos los delitos graves y los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.
La ley actual y la nueva propuesta establecen que si el alcaide determina que el ICE ha emitido una orden de detención y una orden administrativa, el recluso debe ser llevado ante un funcionario judicial antes de que pueda ser liberado de otro modo.
La ley actual señala que una vez que el funcionario judicial determina que el recluso está sujeto a la orden de detención, la persona debe ser retenida hasta 48 horas después de la recepción de la orden de detención. De lo contrario, el recluso puede ser liberado. Pero bajo el nuevo proyecto de ley, el periodo de 48 horas comenzaría una vez que el tiempo en que la persona de otro modo habría sido liberada haya llegado a su fin.
El proyecto de ley ahora pasa al Senado para su consideración.
Los demócratas que se oponen al proyecto de ley dicen que la medida es otro esfuerzo por vilipendiar a los inmigrantes que han sido acusados, pero no condenados, de delitos, así como para acoger los esfuerzos del gobierno de Trump de convertir en chivo expiatorio a personas de otros países en Estados Unidos.
Durante el debate en el comité este mes, Mario Alfaro, del grupo de defensa latina El Pueblo, dijo a los legisladores que el proyecto de ley "amplifica narrativas antiinmigrantes que ignoran las enormes contribuciones de la población inmigrante, aumentan el riesgo de perfil racial y solo generan miedo y desconfianza en las fuerzas del orden locales".
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte apoya el proyecto de ley, dijo el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Eddie Caldwell, al comité de la Cámara de Representantes.
Si es aprobado por ambas cámaras, el proyecto de ley pasaría a manos del nuevo gobernador demócrata Josh Stein. No respondió de inmediato el martes a un correo electrónico solicitando comentarios al respecto. Los demócratas ahora tienen suficientes escaños en la Asamblea General para que un veto de Stein pueda ser sostenido si permanecen unidos.
El Senado estatal ya aprobó un proyecto de ley de inmigración este año que obligaría a algunas agencias de aplicación de la ley estatales que reportan a Stein a cooperar con los agentes federales de inmigración. El proyecto de ley ahora se encuentra en la Cámara de Representantes.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.