Israel bloquea alimentos para 1,1 millones de palestinos en Gaza, según agencia de ayuda de la ONU

Israel ha impuesto restricciones financieras a la principal agencia de la ONU que proporciona ayuda en la Franja de Gaza, una medida que impidió que un cargamento de alimentos para 1,1 millones de palestinos llegara al enclave asolado por la guerra, indicó el viernes el director de la agencia.

Las restricciones agravaron la crisis entre Israel y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (conocido como UNRWA por sus siglas en inglés), cuyas operaciones se han visto amenazadas tras las acusaciones israelíes de que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra de Israel en Gaza. Esas acusaciones han llevado a los principales países donantes, entre ellos Estados Unidos, a suspender la financiación de la organización de la ONU y han dejado su futuro en entredicho.

El director de UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo el viernes que un convoy de alimentos donados por Turquía lleva semanas parado en la ciudad portuaria israelí de Ashdod. La agencia dijo que el contratista israelí con el que trabajan recibió una llamada de las autoridades aduaneras israelíes “en la que les ordenaron que no procesaran ninguna mercancía del UNRWA”.

Ese bloqueo significa que 1.049 contenedores de arroz, harina, garbanzos, azúcar y aceite de cocina —suficientes para alimentar a 1,1 millones de personas durante un mes— están varados, incluso cuando se estima que el 25% de las familias de Gaza pasan hambre catastrófica.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió el viernes que Gaza podría verse sumida en la hambruna ya en mayo. La agencia alimentaria de la ONU establece que hay hambruna cuando el 30% de los niños están desnutridos, una quinta parte de los hogares sufren escasez aguda de alimentos y dos de cada 10.000 personas mueren de hambre o desnutrición.

Israel declaró la guerra e impuso un asedio a Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. La guerra ha provocado una crisis humanitaria en Gaza, donde sólo entra una cantidad mínima de insumos humanitarios al día.

Israel lleva mucho tiempo arremetiendo contra el UNRWA, acusándolo de tolerar o incluso colaborar con Hamás y de perpetuar la crisis de los refugiados palestinos, que dura ya 76 años. El UNRWA, que atiende a unos 6 millones de palestinos cuyas familias fueron desplazadas durante la guerra que derivó en la creación de Israel en 1948, niega las acusaciones. Pero las tensiones no han hecho más que intensificarse tras las últimas acusaciones de Israel.

Juliette Touma, directora de comunicaciones de la agencia, dijo que la cuenta bancaria de UNWRA en Bank Leumi, que la agencia ha tenido durante décadas, también fue congelada esta semana. Además, Touma dijo que las autoridades aduaneras israelíes notificaron a la agencia que ya no se le concederán exenciones fiscales.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, tuiteó el jueves que “el Estado de Israel no dará beneficios fiscales a los ayudantes de terroristas”.

Smotrich, aliado de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, no respondió a una solicitud de comentarios.

La agencia ha podido redirigir otros envíos de ayuda a través de Puerto Saíd, en Egipto, pero Lazzarini advirtió el viernes que el retraso supone más dificultades en la ya difícil tarea de distribuir la ayuda a Gaza. Alrededor del 80% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por la guerra.

UNWRA es el principal proveedor de ayuda a los palestinos en Gaza, pero los bombardeos israelíes y los combates entre Israel y Hamás han hecho que gran parte del territorio sea demasiado peligroso para que lo atraviesen los convoyes de ayuda. Durante las dos últimas semanas, la agencia no ha podido entregar ayuda a unos 300.000 palestinos que se calcula que siguen en la mitad norte de Gaza, donde, según el Programa Mundial de Alimentos, la inseguridad alimentaria es mayor.

Lazzarini dijo que los esfuerzos se han centrado en los 1,3 millones de palestinos desplazados que se refugian en los campamentos improvisados de Rafah, una ciudad en la frontera con Egipto donde la agencia depende de la policía local para escoltar los convoyes de ayuda a los puntos de distribución y evitar robos. Sin embargo, esta tarea es cada vez más difícil, ya que los aviones de guerra israelíes bombardean objetivos en la ciudad.

Según Lazzarini, los bombardeos de Israel han matado a ocho policías en la ciudad en los últimos cuatro días, lo que ha hecho que la policía se muestre reacia a seguir ayudando a la agencia. Se han producido tres ataques cerca de una clínica de UNWRA, informó Lazzarini. Los medios de comunicación israelíes han descrito las escoltas policiales como un intento de Hamás de apoderarse de los envíos de ayuda para su propio uso.

Lazzarini afirmó que la policía con la que trabaja la agencia no estaba afiliada a milicias. Touma dijo que la escolta policial era necesaria para evitar que la gente arrojara piedras al convoy e intentara robarles la ayuda.

Israel alegó el mes pasado que 12 empleados de la agencia de ayuda participaron en los atentados de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel. Varios países suspendieron la financiación por valor de unos 440 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto anual de la agencia.

Dos investigaciones de la ONU están en curso, incluida una revisión independiente anunciada esta semana. La revisión, dirigida por una exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, se centrará en la forma en que la agencia garantiza su neutralidad y responde a las acusaciones de incumplimiento. El equipo de Colonna tiene previsto analizar si el sistema funciona y cómo podría mejorarse.

Lazzarini declaró el viernes que despidió inmediatamente a los trabajadores, en lugar de suspenderlos, sin investigar antes las pruebas en su contra. Dos de ellos ya habían muerto cuando salieron a la luz las acusaciones. Lazzarini dijo que había demasiada presión sobre la organización —y las condiciones actuales dificultan la investigación de los trabajadores— para hacer otra cosa.

“Sabiendo que la organización está sufriendo ataques feroces y desagradables”, dijo, “no podía correr el riesgo, podía haberles suspendido, pero los despedí”.