Hospitalización del secretario de defensa pone a la Casa Blanca a la defensiva
El gobierno del presidente Joe Biden se comprometió desde el primer día a restaurar la verdad y la transparencia en el gobierno federal, pero ahora enfrenta una vorágine de críticas y dudas sobre su credibilidad luego de que la hospitalización del secretario de Defensa, Lloyd Austin, se mantuvo en secreto durante días, incluso de la Casa Blanca.
La controversia ha provocado una revisión en todo el gobierno de los protocolos establecidos para evitar tales fallas, y el Pentágono examina sus propios procedimientos luego del error excepcional, ya que incluso los principales subsecretarios de Austin no supieron de su condición durante días. Republicanos sénior del Congreso investigan si Austin ignoró los requisitos legales para informar al Congreso, y, en privado, los funcionarios del gobierno están furiosos por la falta de divulgación de Austin y creen que fue un error innecesario que socava el mensaje del presidente de restaurar la capacidad en todo su gobierno.
El prolongado enfoque en el secretismo médico de un alto funcionario también arroja una luz indeseada sobre la propia salud de Biden, que ya estaba bajo escrutinio mientras el presidente de mayor edad de la historia busca otro mandato y enfrenta preguntas y preocupaciones sobre su edad. Combinadas, las cuestiones sobre la transparencia y la salud han puesto a la Casa Blanca a la defensiva justo cuando inicia el año electoral y han dado munición a los oponentes políticos de Biden que cuestionan si su gobierno demócrata cumple con sus promesas de competencia.
El Pentágono reveló el martes por la tarde, después de días de silencio sobre el diagnóstico médico de Austin, que el secretario tiene cáncer de próstata. Austin, de 70 años, ingresó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 22 de diciembre y se sometió a una cirugía para tratar la enfermedad, pero desarrolló una infección del tracto urinario una semana después y fue ingresado en cuidados intensivos. Permanecía hospitalizado el miércoles.
A Austin le diagnosticaron cáncer de próstata durante un examen de rutina a principios de diciembre, pero la Casa Blanca insistió en que nadie allí, incluido Biden, supo del diagnóstico hasta el martes.
“Creo que todos reconocemos —y creo que el Pentágono ha sido muy, muy honesto consigo mismo— el desafío a la credibilidad por lo que se ha revelado aquí y por lo difícil que fue para ellos ser completamente transparentes con el pueblo estadounidense”, dijo el martes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. “Todos reconocemos que esto no se desarrolló como debería, en muchos niveles”.
No existe una política a nivel de todo el gobierno de Biden sobre cómo se deben manejar las ausencias de los integrantes del gabinete, según personas familiarizadas con el asunto, aunque existe una expectativa general de que se debe informar a la Casa Blanca de tales circunstancias. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir las prácticas gubernamentales.
Si bien no existe ningún requisito legal para que los funcionarios públicos revelen su historial médico, se ha convertido en práctica común que los candidatos y titulares presidenciales y vicepresidenciales lo hagan. Muchos optan por compartir más sobre su salud de lo que lo que haría un ciudadano privado.
No obstante, otras figuras importantes han optado por ser reservadas respecto a su salud, incluido Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado, tras incidentes recientes en los que quedó paralizado y perdió el hilo, y la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, quien retrasó revelar la recurrencia del cáncer de páncreas o la gravedad de su condición antes de su muerte semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020.
Las revelaciones al público sobre la ausencia de un funcionario del gabinete han variado entre las agencias federales. Por ejemplo, en 2022, el Departamento de Justicia anunció que el secretario de Justicia Merrick Garland se sometería a una cirugía para extirpar tejido prostático agrandado una semana antes del procedimiento.
El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, recibió su licencia parental de la Casa Blanca después de que él y su esposo adoptaron gemelos en 2021, pero la licencia no se hizo pública hasta que regresó a trabajar.
Varios funcionarios actuales y anteriores dijeron que la Casa Blanca generalmente busca controlar más de cerca la localización de los secretarios de Estado y de Defensa debido a sus posiciones prominentes en la línea de sucesión presidencial, y particularmente en el caso del Pentágono.
Cedric Leighton, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, señaló que la cadena de mando para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos va desde el presidente a través de su secretario de defensa hasta los comandantes combatientes, quienes luego ejecutan órdenes que podrían incluir el mando y control de cualquier uso potencial de armas nucleares.
Dijo que era “imperativo” que el presidente, los altos funcionarios militares y del gobierno, miembros selectos del Congreso y hasta sus homólogos aliados clave fueran notificados de incluso una ausencia temporal.
“Es muy inusual que un secretario del Gabinete no notifique al presidente, al jefe de despacho de la Casa Blanca o al Consejo de Seguridad Nacional de cualquier ausencia, especialmente una ausencia médica”, agregó.
En un memorando del martes dirigido a los secretarios del gabinete, Jeff Zients, jefe de despacho de la Casa Blanca, les ordenó que informaran a su oficina antes del viernes sobre cualquier procedimiento existente por el que podrían delegar su autoridad en caso de incapacitación o pérdida de comunicación. También exigió que las agencias notifiquen si alguna de ellas anticipa una circunstancia en la que un jefe del gabinete no pueda desempeñar sus funciones.
Se espera que el asunto se discuta en una reunión previamente programada para el miércoles con Zients y miembros del gabinete, según una persona familiarizada con los planes a la que se le concedió el anonimato para hablar sobre una reunión privada.
La Casa Blanca también reiteró esta semana que está comprometida a publicar información médica sobre Biden sin demora.
Biden se sometió a un examen físico por última vez en febrero de 2023, cuando su médico lo declaró “saludable, vigoroso” y “en forma”. Más tarde se descubrió que una lesión cutánea extraída de su pecho era un carcinoma de células basales, una de las formas de cáncer más comunes y fáciles de tratar.
Biden transfirió el poder a la vicepresidenta Kamala Harris durante una hora y 25 minutos en 2021 mientras estaba bajo anestesia durante una colonoscopia de rutina. La Casa Blanca dio un aviso con antelación de que se sometía al procedimiento, pero esperó hasta que Biden despertó antes de decir exactamente cuándo estuvo inconsciente.
El año pasado, el presidente comenzó a utilizar una máquina de presión positiva continua sobre las vías respiratorias, o CPAP, por la noche para ayudarle con la apnea del sueño. Su uso de la máquina sólo se reveló al público después de que los periodistas detectaron marcas reveladoras en su rostro debido a la máscara CPAP.
El diagnóstico de apnea del sueño de Biden se reveló por primera vez en informes médicos en 2008, pero no se incluyó en los informes médicos del examen físico que se realizó cuando se postuló para la Casa Blanca en 2020, ni en los dos exámenes físicos a los que se sometió desde que asumió el cargo en 2021.
El incidente de Austin ha provocado críticas bipartidistas por parte de legisladores que tienen numerosas preguntas sobre cómo su condición pudo mantenerse en secreto de la Casa Blanca, el Capitolio y el público.
Roger Wicker, senador de Mississippi y el principal republicano en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo el martes que la falta de revelación de Austin a los legisladores clave sobre su condición y la transferencia de funciones a Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa, fue una “clara violación de la ley”. El Congreso no fue informado sino hasta el viernes por la tarde de la hospitalización de Austin, dijo el Pentágono, un día después de que se informara a Biden y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional.
Los asistentes de Wicker dijeron que una ley federal que rige las vacantes requiere que el Congreso sea informado inmediatamente si un funcionario confirmado por el Senado muere, renuncia o no puede desempeñar las funciones de su cargo. Una opinión de marzo de 1999 de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia dijo que el requisito podría aplicarse a enfermedades en tales circunstancias.
El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, declaró que no estaba satisfecho con las explicaciones del Pentágono hasta ahora y pidió que el Comité de Servicios Armados del Senado investigue el asunto, posiblemente con una audiencia.
“Él le debe al Congreso y al pueblo estadounidense más información para garantizarnos que puede continuar en su servicio”, dijo Blumenthal.
En la Cámara de Representantes, el presidente del Comité de Servicios Armados, Mike Rogers, envió cartas el martes a Austin, Hicks y Kelly Magsamen, jefa de despacho de Austin, para exigir un recuento detallado de lo ocurrido con respecto a la notificación y los impactos operativos durante la hospitalización del secretario.
“Alguien tiene que renunciar o ser despedido”, dijo el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas y veterano del ejército. “Tal vez haya más hechos por revelar que arrojen luz sobre quién es exactamente el responsable además del secretario, pero mostrar tal falla en la comunicación y falta de juicio en un asunto tan sencillo realmente plantea preguntas sobre el juicio en asuntos mucho más importantes”.
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El periodista de The Associated Press Stephen Groves contribuyó a este despacho.