Corte Suprema mantiene bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en el área de Chicago

La Corte Suprema rechazó el martes que el gobierno del presidente Donald Trump despliegue a elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar sus restricciones migratorias.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud de emergencia que presentó el gobierno para anular un fallo de la jueza federal April Perry que había bloqueado el despliegue. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir. La Corte Suprema tardó más de dos meses en actuar.

Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, disintieron públicamente.

No es un fallo definitivo, pero podría afectar otras demandas que impugnan los intentos de Trump por desplegar a miembros de las fuerzas armadas en otras ciudades con gobiernos demócratas.

Se trata de un raro revés por parte de la Corte Suprema hacia Trump, quien había obtenido repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió nuevamente el cargo en enero pasado. El tribunal, de mayoría conservadora, ha permitido que Trump prohíba que personas transgénero formen parte de las fuerzas armadas, recuperar miles de millones de dólares en gastos federales aprobados por el Congreso, tomar agresivas medidas contra inmigrantes y despedir a los titulares de agencias federales independientes.

El gobierno había buscado en un principio la orden para permitir el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas al área de Chicago, pero el contingente de Texas, de unos 200 soldados, fue enviado posteriormente de regreso a casa.

El gobierno federal ha argumentado que la presencia de las tropas es necesaria "para proteger al personal y propiedades federales ante la resistencia violenta contra las restricciones federales de inmigración".

Pero Perry escribió que no encontró evidencia significativa de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois y no hay razón para creer que las protestas en ese estado hayan obstaculizado la batida migratoria de Trump.

Perry había ordenado en un principio el bloqueo del despliegue por dos semanas. Pero en octubre pasado extendió su orden indefinidamente mientras la Corte Suprema revisaba el caso.

La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, ha sido escenario de tensas protestas en las que agentes federales han utilizado en ocasiones anteriores gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.

Las autoridades arrestaron a 21 manifestantes la semana pasada y aseguraron que cuatro agentes resultaron heridos fuera de la instalación de Broadview. Las autoridades locales realizaron los arrestos.

El caso de Illinois es sólo una de varias batallas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha interpuesto una demanda para frenar el despliegue de más de 2.000 guardias en la capital de la nación. Cuarenta y cinco estados han presentado documentos ante el tribunal federal en ese caso, 23 de los cuales apoyan las acciones del gobierno y otros 22 en respaldo a la demanda de Schwalb.

Más de 2.200 soldados de cuerpos de la Guardia Nacional de varios estados con gobiernos republicanos permanecen en Washington, aunque la emergencia que declaró Trump en agosto por los altos índices delictivos concluyó un mes después.

Un juez federal en Oregon ha bloqueado permanentemente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ese estado, por lo que los 200 soldados de la Guardia Nacional de California que eran parte del despliegue estaban siendo enviados de regreso a su estado, explicó un funcionario.

Un tribunal estatal en Tennessee falló a favor de los funcionarios demócratas que interpusieron una demanda para frenar un despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, el Trump ha calificado como una réplica de sus restricciones en Washington, D.C.

En California, un juez declaró en septiembre que el despliegue en el área de Los Ángeles era ilegal. Para ese momento, sólo 300 de los miles de soldados que fueron enviados a la zona seguían en el lugar, por lo que el juez no ordenó su retiro.

El gobierno federal ha presentado apelaciones a los fallos de California y Oregon ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.