Periodismo en México, entre la violencia del crimen organizado y la intimidación del Estado
En la cuarta parte de “Narcomundo”, la investigación especial de Independent en Español, José Luis Montenegro revela cómo el periodismo se ha convertido en el oficio más incómodo para el poder político y una amenaza latente para los cárteles de la droga
A Javier Valdez Cárdenas, amigo y cómplice; y a todos los colegas periodistas, que han sido asesinados impunemente por su labor.
En el suelo quedaron 13 casquillos percutidos de pistolas .9 milímetros y 38 súper. El reloj marcaba las 12:35 horas. Era el 15 de mayo de 2017. Meses atrás, sicarios sinaloenses habían amenazado a Javier Valdez Cárdenas, uno de los periodistas más connotados de México y dedicado a la cobertura del crimen organizado en la entidad. Cuando se disponía a partir de su lugar de trabajo, los criminales lo obligaron a descender de su vehículo y le dispararon. Váldez Cárdenas salía del semanario Ríodoce, cuando le arrebataron la vida. Su cuerpo quedó inmóvil sobre la calle Vicente Rivapalacio, en la colonia Jorge Almada, en Culiacán, Sinaloa.
Era imposible no reconocer a Javier. Era alto, corpulento y portaba un sombrero, casi siempre de color beige. Su bigote bien recortado dejaba entrever su sonrisa. Como todo buen ‘culichi’, era bromista y no le importaba “cuidar las formas”, como coloquialmente se dice en México. “¿Cómo estás, pinche plebe? ¿Cómo va la ‘reporteada’ o ya te arrepentiste?”. Valdez caminaba por los pasillos de Penguin Random House Grupo Editorial, en la Ciudad de México, estaba por presentar su libro “Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia”. El último que escribió. Ya no dio tiempo para otro café en el Bistro Miró, como lo prometió. “¿Cuándo vienes a Culiacán, cabrón?”, fue su último mensaje.
Javier Valdez fundó en 2003 el semanario Ríodoce junto con el periodista Ismael Bojórquez, quien se rehúsa a abandonar la línea de fuego y decide, como todos los días, reportar en directo desde Culiacán. Pese a las intimidaciones del crimen organizado, las presiones políticas, la falta de presupuesto pero con varios premios y reconocimientos internacionales en su haber, Bojórquez contesta sin tapujos a las preguntas planteadas por Independent en Español. No se inmuta “a pesar de la censura y los cañones oscuros”, como decía Valdez, y solo pide como única condición que no lo interpreten. “Anota mis respuestas tal cual te las comparto”, dice. El periodismo sigue bajo fuego. La violencia no cesa.
“Hoy día, la situación en el Cártel de Sinaloa está más o menos en paz. Y la criminalidad sube cuando hay conflictos internos o cuando un grupo externo intenta ingresar a la entidad; pero en años recientes, en Sinaloa solo hemos visto pequeñas riñas y, en esos días, semanas o meses, los índices suben; lo cual significa que no depende mucho de las políticas del gobierno, depende de cómo estén las cosas dentro de la organización”, dice Bojórquez en su diagnóstico.
Sentado en su escritorio, donde destaca un gran cuadro con la ilustración de Javier Valdez y algunos de sus libros, el periodista revela que en la capital sinaloense han prevalecido los actos de hostigamiento contra las fuerzas de seguridad, ya que los grupos de la delincuencia han optado por “la destrucción de cámaras de seguridad; en un periodo breve, destruyeron 300 cámaras. Esto como una especie de reclamo, de aviso, que no estaban conformes con ellas”.
El fundador de Ríodoce revela que, si bien Culiacán concentra gran parte de la criminalidad en Sinaloa, en otras ciudades como Guasave pasa exactamente lo mismo. Y agrega: “Si llegara a ocurrir otro ‘Culiacanazo’, el resultado seguramente sería el mismo. [La inseguridad] se dejó crecer mucho, ellos tienen muchas armas y están a la espera de que algo ocurra para demostrar su poder”.
–En este momento, ¿“El Mayo” Zambada sigue al mando del Cártel de Sinaloa o ya lo sustituyeron los hijos de Joaquín Guzmán o, quizás, Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”?
“Hace muchos años, el Cártel de Sinaloa dejó de ser una organización homógenea, ya no es un grupo dirigido por una sola cabeza. Es una organización liderada por varias familias que, a su vez, tienen sus propios intereses, reglas y ejércitos. ‘El Mayo’ tiene su propia organización que dirige con sus operadores y con uno de sus hijos que sigue libre y que, seguramente, está a lado de él; sin embargo, los Guzmán son otra organización; los Caro son otra; y la escisión de los Esparragoza son otra parte del cártel”.
“Si llegara a ocurrir otro ‘Culiacanazo’, el resultado seguramente sería el mismo. [La inseguridad] se dejó crecer mucho”
El sinaloense destaca que los hijos de “El Chapo” están expandiendo el imperio que les heredó su padre “con muchas armas, con mucho dinero y con mucho poder”. Según las investigaciones de Ríodoce, “Los Chapitos” están dominando diversos territorios de la República Mexicana. “Al menos en Sinaloa, tienen el control de plazas como Culiacán y, una gran parte si no es que toda, la ciudad de Mazatlán”, dice Bojorquez. En este territorio, con salida a la costa del Pacífico, “se mueve mucho dinero”, asegura.
A principios del mes de febrero, la DEA reveló la identidad de uno de los hijos de “El Mayo” Zambada. Se trata de Ismael Zambada Sicairos, también conocido como “El Mayito Flaco” y, además de incluirlo en su lista de fugitivos, lo catalogó como uno de los herederos del imperio criminal de Sinaloa. Aunque su imagen aparece en blanco y negro, la Agencia lo describe como un hombre que ronda sus 40 años, de pelo y ojos marrones; la corporación estadounidense no asegura que su dirección esté ubicada en Sinaloa, sino en “algún lugar del territorio mexicano”.
De acuerdo con la ficha criminal que compartió la DEA, “El Mayito Flaco” enfrenta cargos en el Distrito Sur de California por, presuntamente, intentar conspirar para la distribución de narcóticos. Zambada Sicairos habría coordinado el transporte de varias cantidades de metanfetamina desde Asia a México y, una vez concluida la operación, logró distribuirlas en varios estados de EE.UU. En la denuncia, que data de septiembre de 2013, también figuran personajes del mundo del hampa como Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”; así como Dámaso López Serrano, “El Mini Licenciado”, hijo de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”.
La gran mayoría de los líderes del Cártel de Sinaloa han alcanzado cargos de gran responsabilidad cuando los cabecillas caen en desgracia, ya sea porque fueron aprehendidos o abatidos en algún enfrentamiento con grupos rivales o miembros de las agencias de seguridad mexicanas.
Un ejemplo de ellos es José Rodrigo Aréchiga Gamboa, mejor conocido como “El Chino Ántrax”, que inició como pistolero de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, uno de los hijos más notables de “El Mayo” Zambada, y quien también alcanzó gran notoriedad criminal, luego de ganarse la confianza de los jefes de la organización; sin embargo, tras ser capturado, extraditado y después abatido, presuntamente por miembros de su misma empresa criminal cuando escapó de EE.UU. a Sinaloa, nuevos rostros emergieron con gran fuerza, entre ellos, Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo”; e Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”.
“Antes existían 10 o 12 organizaciones grandes del narcotráfico en México, hoy existen 100 o 150 en el país”
–Recientemente, la DEA difundió la fotografía de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, y lo catalogó como uno de los “herederos del Cártel de Sinaloa”. ¿Considera que la Agencia Antidrogas de EE.UU. está presionando al Gobierno de México para que emprenda acciones efectivas en el combate al crimen organizado?
“Parece que la estrategia entre México y EE.UU. con la firma del Entendimiento Bicentenario –antes Iniciativa Mérida– es ir por las cabezas del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones, la cual no ha dado los resultados esperados. Al final, el mercado norteamericano de las drogas sigue creciendo cada vez más. Antes existían 10 o 12 organizaciones grandes del narcotráfico en México, hoy existen 100 o 150 en el país, debido a que estas se atomizan y se desmembran entre ellas”.
Bojórquez anticipa que, “es posible que se susciten presiones de EE.UU. contra el Gobierno de México, para que este cambie su estrategia de ‘abrazos no balazos’; sin embargo, con esto no quiero decir que se va a resolver el problema”.
–En septiembre de 2019, el exdirector de la DEA visitó laboratorios clandestinos en Sinaloa junto con el exgobernador Quirino Ordaz. Tal parece que al gobierno del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, así como al actual presidente Joe Biden, les preocupa la gran producción y demanda de fentanilo en su territorio…
“Durante el gobierno de Donald Trump, se estimaron cerca de 160.000 muertes por sobredosis de esta droga; la mayoría por opioides y, dentro de los opioides, el fentanilo. Ese va a ser un tema por mucho tiempo. El Gobierno de EE.UU. va a poner atención especial; ya no va a ser la cocaína o la marihuana, ahora es el fentanilo y otras drogas sintéticas. Por ejemplo, el cristal se produce en grandes cantidades en Sinaloa; los grupos ya no siembran marihuana, ahora construyen laboratorios en la sierra; y no solo ahí, también en la ciudad y zonas conurbadas porque es muy rentable”.
–¿México se está tardando en legalizar o despenalizar la marihuana?
“No es demasiado tarde. Son pasos que hay que dar. El Gobierno Federal, a pesar de que hay iniciativas muy interesantes para despenalizar la marihuana y que las propuso la exministra de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se frenaron porque el Gobierno de AMLO resultó ser más conservador de lo que él dice. Llegamos tarde, sí, pero no es tarde”.
–Cinco colegas periodistas fueron asesinados en México en tan solo un mes en este 2022. ¿Qué opinión le merece que muchos de estos crímenes sigan quedando bajo el manto de la impunidad?
“Estas agresiones van a seguir y es muy lamentable. Nos toca defendernos, buscar nuestros propios mecanismos en los medios, en las redes de periodistas, para desarrollar el trabajo en mejores condiciones de seguridad y con más libertad”.
En varias intervenciones públicas, Bojórquez ha dicho incansablemente que el asesinato de su colega y amigo, Javier Valdez, “fue un crimen de ira, un arrebato”. Y también ha comentado que, al menos él, no ha perdido la esperanza de que “esto cambie algún día. No puede durar toda la vida”.
Midiendo cada una de sus palabras, el fundador de Ríodoce se acomoda en su asiento y mira fijamente a la nada. “El crimen de Javier Valdez produjo un impacto inimaginable no solo en México sino en gran parte del mundo. La gente pensó que sería el último y no, nosotros dijimos que no sería el último, porque el contexto en el que mataron a Javier, ahí está, y va a seguir por muchos años”.
Nada ha cambiado desde entonces. A casi 5 años del homicidio del reportero sinaloense, las agresiones contra la prensa han ido en aumento y, de acuerdo con organizaciones en defensa de la libertad de expresión, el discurso amenazante, de intimidación e, inclusive, de hostigamiento por parte de los simpatizantes del presidente de México, han provocado el surgimiento de campañas de desprestigio contra los comunicadores a través de las redes sociales e, incluso, el gremio ha sido víctima de agresiones y atentados en el plano físico.
En una carta pública a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la organización Artículo 19 emitió su preocupación por las “referencias que estigmatizan la labor de la prensa en México”. El organismo destacó que, cuando el mandatario o algunos de sus colaboradores más cercanos y su familia son criticados por los medios de comunicación en pleno goce del Artículo 6º de la Constitución Mexicana, el titular del Ejecutivo recurre a adjetivos negativos para descalificar el hecho, asegurando que están “faltando a la verdad” o “atacando el movimiento” que él encabeza, la denominada “Cuarta Transformación”.
Casi a diario, el presidente mexicano utiliza palabras peyorativas para referirse a la prensa, entre estas, “fantoches”, “conservadores”, “sabelotodos”, “hampa del periodismo”, “chayoteros”, “pasquines”, “prensa fifí”, “amarillistas”, “paleros”, “prensa vendida”, “obnubilados”, “mercenarios de la información”, “paladines de la transparencia”, “periodistas golpeadores”; e, inclusive, ha utilizado expresiones como “muerden la mano que les quitó el bozal” y “hay periodistas que mienten como respiran”.
Debido a ello, Artículo 19 instó al presidente en su misiva a “adoptar un discurso favorable a la libertad de expresión”, recalcando que eso contribuiría a “prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo”. La organización dijo que “el proyecto político que encabeza requiere mayor pluralidad de voces, sumar a más actores, no restar ni excluir a quienes puedan incomodarlo. Esa es premisa fundamental para avanzar a una verdadera democracia”.
Frente a una computadora y flanqueado por un cuadro que reconoce su labor informativa, el Premio PEN a la Excelencia Periodística, Ismael Bojórquez reconoce que “cuando AMLO llegó a la Presidencia de México, nosotros tuvimos la esperanza de que esto cambiaría, pero no fue así; al contrario, se recrudecieron las agresiones a periodistas”. El comunicador dice que el mandatario “le quitó recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le quitó recursos a la FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión); y no solamente eso, él mismo y todos los días agrede a periodistas y agrede la libertad de expresión”.
Y agrega: “Este tipo de expresiones emitidas desde el púlpito presidencial, desde la tribuna más alta del país, no ayudan a frenar las agresiones contra periodistas; por el contrario, creemos que AMLO propicia condiciones de fobia de sus seguidores o del crimen organizado para, en un momento dado, cometer una agresión contra un periodista y sentirse inmune o con la libertad de que no serán castigados”.
Bojórquez toma una lupa de la esquina de su escritorio y comienza a leer un documento. La cámara de video cae nuevamente al fondo de una mochila. “La noticia no cesa”, comento. Él, citando a Javier Valdez, se incorpora y responde: “Cuando un país tiene ganas de gritar, hay personas que ya no pueden callar”.
México es el país más mortífero para la prensa en el mundo, así lo revela Artículo 19. Al menos del año 2000 a la fecha, el organismo ha documentado 153 asesinatos de periodistas; del total, 141 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto; y 33 de ellos, en los primeros tres años de la administración de AMLO.
Tan solo en lo que va del año 2022, ocho periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor. El caso más reciente fue el homicidio del comunicador Armando Linares, que fue asesinado en la colonia Carabanchel, en la localidad de Zitácuaro, Michoacán, así lo revelaron las autoridades del estado. A finales del mes de enero, Linares se había pronunciado vehemente contra la muerte de su colega Roberto Toledo, quien también laboraba en el portal Monitor Michoacán, y aseguró que “sabemos de dónde viene todo esto” y describió el asesinato como “ruin y cobarde”.
El 4 de marzo, cuando Juan Carlos Muñiz, que se desempeña como reportero de nota roja en un portal de noticias conocido como Testigo Minero y también como taxista, fue acribillado mientras conducía su vehículo en Fresnillo, Zacatecas. Muñiz firmaba sus reportajes sobre crimen organizado con los pseudónimos “Rigoberto” y “El TX”.
El 24 de febrero, el comunicador Jorge Luis Camero Zazueta, alias “El Choche”, fue sorprendido por un grupo armado afuera de un gimnasio ubicado en la colonia Libertad, en la localidad de Empalme, Sonora. El periodista sonorense, que escribía para el medio El Informativo, recibió tres impactos de bala y quedó inmóvil afuera del recinto donde realizaba su rutina de entrenamiento.
El reportero Heber López Vásquez, director del medio mexicano RCP Noticias, fue acribillado el pasado 10 de febrero mientras se encontraba en su estudio de grabación, en el estado de Oaxaca. López había recibido amenazas de muerte por sus publicaciones que, presuntamente, desvelaban actos de corrupción de funcionarios locales.
El 31 de enero, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, en Michoacán. El periodista de 55 años de edad fue atacado a tiros “de manera muy ruin y cobarde”. El directivo del medio Monitor Michoacán dijo que, en el pasado, ya habían recibido intimidaciones. Tan solo tres días antes del asesinato de Toledo, el titular del portal había denunciado públicamente amenazas de muerte.
El 23 de enero, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros cuando arribaba a su domicilio en un vehículo tipo sedán, en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco en Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron después de las 18:40 horas. La periodista estaba adscrita al Mecanismo de Protección para Periodistas del estado, pero la vigilancia no fue permanente. Su ingreso al programa se debió a una disputa legal que sostenía con el exgobernador de dicho estado, Jaime Bonilla, muy cercano al presidente de México.
El 17 de enero, el fotoperiodista mexicano especializado en temas de seguridad y justicia, Margarito Martínez Esquivel, fue asesinado en su casa ubicada en la colonia Camino Verde, en Tijuana, Baja California. El homicidio ocurrió luego de que recibiera un disparo de arma de fuego en la cabeza.
Días antes, el 10 de enero, el comunicador José Luis Gamboa murió luego de ser atacado en un presunto asalto en el estado mexicano de Veracruz, convirtiéndose en el primer periodista asesinado en 2022. El CPJ (Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York) se pronunció de inmediato y aseguró que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a las autoridades del estado por su relación con las bandas del crimen organizado”.
La grave ola de violencia que azota al gremio periodístico y que data de por lo menos tres décadas, se ha acrecentado en los últimos meses bajo la administración de AMLO. El panorama es aún más preocupante, pues según cifras oficiales, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, el gobierno actual solo ha podido esclarecer tres homicidios de comunicadores, con lo que la impunidad de los casos alcanza hasta un 90 por ciento.
“Nos están matando”, rezan algunas paredes en Culiacán. La travesía sigue.
Esta es la cuarta parte de la investigación especial “Narcomundo: Sinaloa” de Independent en Español.
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