Presidenta de Perú promulga ley de amnistía para violadores de DDHH durante conflicto interno
La presidenta peruana Dina Boluarte promulgó el miércoles una ley de amnistía criticada por el Poder Judicial local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorece a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000.
La ley extingue de responsabilidad penal a los uniformados procesados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas y violaciones sexuales. También otorga la amnistía a los sentenciados que sean mayores de 70 años.
Boluarte —denunciada por la Fiscalía por su supuesta responsabilidad en el asesinato de manifestantes durante las protestas al inicio de su gobierno en 2022— dijo que era “un día histórico” en el que Perú “honra” a aquellos hombres que con “valor y entrega” enfrentaron al terrorismo.
En referencia a los favorecidos con la amnistía, dijo que han cargado “durante años con pesos de juicios interminables, acusaciones injustas, de un dolor que no sólo alcanzó a ellos, sino a sus familias”.
Agregó que “con esta amnistía histórica el Perú está... rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa”.
En julio la CorteIDH pidió al gobierno peruano detener el trámite del entonces proyecto legislativo. En una resolución añadió que los jueces debían abstenerse de aplicarlos en caso de que se convirtiera en ley. Al ser miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Perú debe obediencia a la Corte IDH, el más alto tribunal regional en derechos humanos.
Boluarte rechazó la resolución de la CorteIDH y en una ceremonia pública dijo a fines de julio que Perú no es una “colonia de nadie”. En agosto añadió en otra actividad que la Corte IDH “actúa como si Perú siguiera siendo un virreinato... busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial”.
No es la primera vez que en Perú se aprueba una ley de amnistía.
En 1995 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) —condenado por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos y fallecido en 2024— promulgó otra ley de amnistía para militares violadores de derechos humanos que fue declarada sin efectos jurídicos en 2001 por la CorteIDH.
La nueva amnistía provocaría que 156 casos con sentencia y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos y que ha litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.
Según una comisión de la verdad sobre el conflicto armado interno de Perú, las víctimas fueron indígenas en su mayoría, atrapados en el enfrentamientos entre uniformados y el grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 para suceder a Pedro Castillo (2021-2022) de quien era vicepresidenta. Castillo intentó disolver de forma fallida el Parlamento mientras era investigado por una comisión legislativa por presunta corrupción. El Congreso destituyó a Castillo y Boluarte lo reemplazó.
Entre fines de 2022 e inicios de 2023 hubo sucesivas manifestaciones en el sur de Perú en reclamo de la renuncia de Boluarte que fueron reprimidas por uniformados haciendo un uso excesivo de la fuerza, según Naciones UNidas. Un total de 50 civiles murieron, la mayoría por proyectiles de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con la fiscalía.
Boluarte debe entregar el poder en julio del próximo año a quien triunfe en las elecciones presidenciales convocadas para abril.