Jueza federal prohíbe al gobierno de EEUU poner fin al TPS para 350.000 haitianos

Una jueza federal prohibió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a las protecciones temporales que permiten que alrededor de 350.000 haitianos vivan y trabajen en Estados Unidos.

La jueza de distrito Ana Reyes, en Washington, concedió una suspensión a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los haitianos mientras una demanda para impugnar la medida avanza en los tribunales. La designación de TPS para personas del país caribeño estaba programada a finalizar el 3 de febrero.

El TPS puede ser otorgado por el titular de Seguridad Nacional si se considera que las condiciones en los países de origen son inseguras debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros riesgos. Aunque otorga a los titulares de TPS el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos, no proporciona una vía legal hacia la ciudadanía.

El gobierno federal ha implementado medidas agresivas para eliminar la protección, haciendo que más personas sean elegibles para su deportación. Las medidas son parte de un esfuerzo más amplio de deportación masiva por parte del gobierno.

Además de los migrantes de Haití, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha puesto fin a las protecciones para unos 600.000 venezolanos, así como para 60.000 personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, además de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos procesos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

El estatus de TPS de Haití se activó inicialmente en 2010, después de un terremoto que devastó al país, y se ha extendido en varias ocasiones. La nación está asolada por la violencia de pandillas que ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.

"Si la terminación se mantiene, las personas casi con certeza morirán", escribieron los abogados de los titulares de TPS haitianos en un documento judicial presentado en diciembre. "Algunos probablemente serán asesinados, otros probablemente morirán de enfermedades, y probablemente otros más morirán de hambre".

Los abogados aseguran que la decisión de poner fin al estatus de Haití fue motivada por animosidad racial, y Noem no consideró si había un conflicto armado en curso que representaría una "amenaza seria" para la seguridad personal, como lo requiere la ley.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) señaló que las condiciones en Haití habían mejorado. En un documento judicial presentado en diciembre, los abogados del gobierno argumentaron que las afirmaciones de animosidad racial de los demandantes se basaban en declaraciones "sacadas de contexto, a menudo de otros oradores y de años atrás, y sin vínculos directos con las determinaciones de la secretaria".

"Más bien, la secretaria Noem proporcionó explicaciones razonables y facialmente suficientes para sus determinaciones", indicaron.

El gobierno publicó en noviembre un aviso en el que dio a conocer la cancelación del TPS, asegurando que había habido algunos desarrollos positivos para Haití, incluida la autorización de una nueva fuerza multinacional para combate a las pandillas. Noem determinó que permitir que los haitianos permanecieran en Estados Unidos iba en contra del interés nacional, decía el aviso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.