Juez avala programa con que EEUU admite 30.000 migrantes de 4 países al mes con permiso humanitario
Un juez federal de Texas ratificó el viernes una pieza clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite la entrada en Estados Unidos de un número limitado de inmigrantes de cuatro países por motivos humanitarios, con lo que desestima un recurso interpuesto por estados con gobiernos republicanos que afirmaban que el programa suponía una carga económica para ellos.
El juez de distrito Drew B. Tipton falló a favor del programa de permisos condicionales humanitarios, con el cual Estados Unidos admite hasta 30.000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en conjunto. La eliminación del programa socavaría una política más amplia que pretende animar a los inmigrantes a utilizar las vías preferidas por el gobierno de Biden para entrar en Estados Unidos o enfrentar duras consecuencias.
Texas y otros 20 estados que presentaron la demanda argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes. Un abogado que trabaja para la fiscalía general de Texas en la impugnación del programa ante la corte dijo que éste “creó un sistema de inmigración alterno”.
Los defensores del gobierno federal replicaron que los inmigrantes admitidos al amparo de esta política ayudaban a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.
Es muy probable que se apele la decisión.
Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, a más de 357.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha concedido el permiso condicional humanitario y se les ha permitido ingresar a Estados Unidos. Los haitianos han sido por mucho los que más han usado el programa: han llegado 138.000 personas de ese país. Después de ellos se ubican 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.
Los migrantes deben presentar una solicitud en línea, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. Si se aprueba su ingreso, pueden quedarse dos años y obtener un permiso de trabajo.
Esther Sung, abogada del Justice Action Center, que representaba a siete personas que patrocinaban a inmigrantes como parte del programa, dijo que ansiaba llamar a sus clientes para comunicarles la decisión del tribunal.
“Es un programa popular. La gente quiere recibir a otras personas en este país”, manifestó.
Se dejó un mensaje en busca de comentarios de la Fiscalía General de Texas.
En un juicio en agosto, Tipton declinó emitir una orden temporal que hubiera suspendido el programa de permisos condicionales humanitarios a nivel nacional. Tipton fue designado por el expresidente Donald Trump, y falló contra el gobierno de Biden en 2022 sobre una orden que determinaba a quién priorizar para deportación.
Algunos estados dijeron que la iniciativa los ha beneficiado. Un migrante nicaragüense admitido en el país a través de ese proceso ocupó un puesto en una granja en el estado de Washington que pasaba apuros para hallar trabajadores.
Tipton cuestionó cómo era posible que Texas estuviese alegando que tiene pérdidas financieras si la información mostraba que el programa de permisos condicionales humanitarios de hecho redujo el número de migrantes que ingresan a Estados Unidos.
Cuando la política entró en vigor, el gobierno de Biden había estado preparándose para poner fin a una política en la frontera de la era de la pandemia de COVID-19 conocida como Título 42, la cual les prohibía a los migrantes solicitar asilo en los puertos de ingreso y por la que muchas personas que habían entrado ilegalmente eran expulsadas de manera expedita.
Los proponentes de la medida también enfrentaron el escrutinio de Tipton, que cuestionó si el hecho de vivir en la pobreza es suficiente para que los migrantes sean acreedores al derecho de acogerse al programa. Elissa Fudim, una abogada del Departamento de Justicia federal, respondió: “Creo que probablemente no”.
Abogados del gobierno federal y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes dijeron que, en muchos casos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos también están huyendo de regímenes opresivos, de creciente violencia y de condiciones políticas cada vez más negativas que han puesto en riesgo sus vidas.
La demanda no impugnaba el uso del permiso condicional humanitario para decenas de miles de ucranianos que llegaron a Estados Unidos después de que Rusia invadió su país.
Los partidarios del programa dicen que cada caso se revisa de manera individual, y algunas personas que habían llegado a los últimos pasos del proceso después de arribar a Estados Unidos han sido rechazadas, aunque no proporcionaron el número de rechazos que ha habido.
La demanda está entre varias impugnaciones jurídicas que el gobierno de Biden ha enfrentado en torno a sus políticas para manejar la inmigración.
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Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, Valerie González en McAllen, Texas, y Elliot Spagat en San Diego contribuyeron a este despacho.