Aniversario del Seguro Social de EEUU, marcado por amenazas de financiamiento y privatización

Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Seguridad Social hace 90 años, prometió que daría estabilidad económica a las personas mayores y proporcionaría a Estados Unidos “una estructura económica de una solidez mucho mayor”.

Hoy en día, el programa proporciona beneficios mensuales a casi 69 millones de estadounidenses. Es una fuente importante de ingresos para las personas mayores de 65 años y es popular en todo el país y entre las diferentes líneas políticas.

También parece más amenazado que nunca.

Como ha ocurrido durante décadas, la Administración del Seguro Social enfrenta un inminente déficit monetario para pagar beneficios completos. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, el programa ha enfrentado más problemas. El personal de la agencia se ha reducido. Sindicatos y grupos de defensa preocupados por la divulgación de información sensible han interpuesto demandas. Funcionarios del gobierno de Trump, incluido el presidente, afirmaron falsamente durante meses que millones de personas fallecidas recibían beneficios de la agencia. El exasesor gubernamental Elon Musk calificó el programa como una posible “estafa Ponzi”.

Trump y otros republicanos han dicho que no recortarán los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, el programa aún está lejos de ser el sólido sistema económico que FDR imaginó hace 90 años, debido a cambios realizados —y no realizados— en los mandatos de presidentes demócratas y republicanos.

Este es un vistazo a los desafíos pasados y actuales del Seguro Social, las soluciones propuestas y lo que podría requerirse para apuntalar el programa.

La fecha de quiebra se ha adelantado

La llamada fecha de quiebra, en la que el Seguro Social ya no tendrá suficientes fondos para pagar beneficios completos, se ha adelantado a 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035. Después de ese punto, la agencia solo podría pagar el 81% de los beneficios, según un informe anual publicado en junio. El cambio se debe a que una nueva legislación que afecta los beneficios del Seguro Social ha contribuido a que se adelanten las fechas de agotamiento proyectadas, de acuerdo con las conclusiones del informe.

La Ley de Equidad del Seguro Social, firmada por el expresidente Joe Biden y promulgada en enero, tuvo un impacto. Revocó las disposiciones de Eliminación de Ganancias Inesperadas y Compensación de Pensiones del Gobierno, aumentando los niveles de beneficios del Seguro Social para extrabajadores públicos.

La nueva legislación fiscal de los republicanos, aprobada en julio, acelerará la insolvencia del Seguro Social, afirmó Brendan Duke, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

“Aún no han presentado una idea para solucionarlo”, expresó.

Se vuelve a hablar sobre privatización

La idea de privatizar el Seguro Social resurgió recientemente, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este mes que las nuevas cuentas de inversión con impuestos diferidos, denominadas “cuentas Trump”, podrían servir como una “puerta trasera para la privatización”, aunque el Tesoro se ha retractado de esos comentarios.

El público ha estado ampliamente en contra de la idea de privatizar el Seguro Social desde que el expresidente George W. Bush emprendió una campaña para promoverla en 2005, a través de cuentas voluntarias de jubilación personal. El plan no fue bien recibido.

Glenn Hubbard, catedrático de la Universidad de Columbia y economista principal en la Casa Blanca de Bush, dijo a The Associated Press que el tamaño del Seguro Social necesita reducirse con el fin de mantener los beneficios para las generaciones futuras. Apoya la idea de limitar los beneficios para los jubilados adinerados.

“Tendremos que tomar una decisión”, dijo. “Si queremos que los beneficios del Seguro Social sigan como hasta hoy, tendremos que aumentar mucho los impuestos de todos. Y si eso es lo que la gente quiere, esa es una opción, y pagas el alto precio y sigues adelante”.

Otra opción sería aumentar los beneficios mínimos y desacelerar el crecimiento de los beneficios para todos los demás, lo que, según Hubbard, enderezaría el rumbo sin requerir grandes aumentos de impuestos, si se hace con el tiempo.

“Es realmente una elección política”, dijo, y agregó que “ninguna de esas opciones está libre de dolor”.

A Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa para la preservación de los beneficios del Seguro Social, le preocupa más que la administración de los beneficios pueda ser privatizada por el gobierno de Trump, en lugar de que se establezcan cuentas privatizadas. La agencia recortó más de 7.000 empleos este año como parte del esfuerzo del Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir el tamaño del gobierno.

Martin O’Malley, quien fue comisionado de la Administración del Seguro Social durante el mandato de Biden, dijo que, en su opinión, los problemas son más profundos.

“No hay apertura ni transparencia” en la agencia, dijo. “Y escuchamos sobre oficinas de campo al borde del colapso”.

Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios.

Persisten las preocupaciones

En una encuesta de la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos realizada en abril se encontró que una proporción creciente de estadounidenses mayores —particularmente demócratas— apoyan el programa pero no están seguros de que el beneficio estará disponible para ellos cuando se jubilen.

“Mucho de lo que escuchamos es que se está quedando sin dinero”, dijo Becky Boober, de 70 años, de Rockport, Maine, quien se jubiló recientemente después de trabajar décadas en el servicio público. Ella depende del Seguro Social para mantener sus finanzas a flote, está agradecida por el programa y cree que debería expandirse.

“En mi mente hay varias soluciones fáciles que no son una exageración política”, dijo. Estas incluyen aumentar el límite del impuesto sobre la renta para quienes obtienen altos ingresos y posiblemente aumentar la edad de jubilación, que actualmente es de 67 años, para las personas nacidas después de 1960, aunque está menos inclinada a apoyar ese cambio.

Algunas personas piden reducir el programa

Rachel Greszler es investigadora de alto nivel en la Fundación Heritage, el grupo detrás del plan Project 2025 para el segundo mandato de Trump. El organismo ha hecho llamados para aumentar la edad de jubilación.

Greszler dice que la agencia ya no cumple su propósito original de ser una red de seguridad social para los ancianos de bajos ingresos y es demasiado grande. Apoya la búsqueda de la privatización, lo que incluye permitir que los jubilados pongan sus impuestos del Seguro Social en una cuenta de inversión personal.

También aboga por reducir el programa a un punto en el que cada jubilado recibiría el mismo beneficio del Seguro Social siempre que haya trabajado el mismo número de años, lo que, según ella, aumentaría los beneficios para el tercio inferior de los beneficiarios. No se sabe cómo impactaría esto a quienes obtienen ingresos medios.

“Cuando hablamos de la necesidad de reformar el sistema, necesitamos reformarlo para que no tengamos recortes indiscriminados del 23% para todos”, dijo Greszler. “Necesitamos reformar el sistema de una manera más reflexiva, para proteger a aquellos que son más vulnerables y dependen del Seguro Social”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.