Fracasa acuerdo del Gobierno para sacar a estadounidenses presos en Venezuela a cambio de migrantes deportados
Si bien afirma que El Salvador es responsable de los deportados encarcelados allí, la Casa Blanca los habría utilizado como moneda de cambio en un fallido intercambio de prisioneros
A pesar de que el gobierno de Trump afirma que las docenas de deportados venezolanos enviados a la violenta prisión de máxima seguridad de El Salvador ya no son responsabilidad de Estados Unidos, los funcionarios parecían estar dispuestos a usarlos como moneda de cambio en un fallido intercambio de prisioneros.
El gobierno de Donald Trump estaría trabajando en dos acuerdos por separado para traer de vuelta al país a 11 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales encarcelados en Venezuela, a cambio de unos 250 venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador.
Sin embargo, esas negociaciones, comandadas por el Secretario de Estado Marco Rubio por un lado y por el enviado presidencial Richard Grenell por otro, parecen haber fracasado, lo que deja a ciudadanos estadounidenses y a unos 80 presos políticos en cárceles venezolanas sin perspectivas de un acuerdo.
El enviado de Trump presentó su propio acuerdo contradictorio con Venezuela, el cual ofrecía la continuación de las operaciones del gigante del gas y el petróleo Chevron, una enorme fuente financiera para el gobierno venezolano, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times.
La estrategia también parecía debilitar el enfoque antagónico de Estados Unidos respecto del régimen de Nicolás Maduro y los intentos previos en el primer mandato de Trump para derrocarlo mediante sanciones y aislamiento diplomático.
Cerca de 250 venezolanos fueron deportados al brutal Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador desde el 15 de marzo, cuando el presidente invocó una ley centenaria aplicada en tiempos de guerra que calificaba a los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua como “enemigos extranjeros” y podían ser deportados con efecto inmediato.
La Casa Blanca afirma que Maduro comandó una “invasión” de miembros de pandillas al país, algo que contradice los informes de las agencias de inteligencia estadounidenses.
Durante meses, funcionarios del Gobierno han afirmado repetidas veces que Estados Unidos ya no tiene jurisdicción sobre los deportados, ahora encarcelados en El Salvador. Pero las autoridades de ese país declararon recientemente a las Naciones Unidas que “la responsabilidad legal por estas personas recae exclusivamente” en el gobierno estadounidense.
El Gobierno argumentó que no puede hacer nada para trasladar a esos detenidos fuera de El Salvador a pesar de las órdenes de los tribunales federales; sin embargo, los funcionarios los pusieron en juego en el frustrado traslado penitenciario.
“Es otra prueba más de que el Gobierno obstaculiza adrede a los tribunales y se niega a cooperar”, declaró Aaron Reichlin-Melnick, miembro del American Immigration Council.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había insinuado por primera vez la posibilidad de un “acuerdo humanitario” con ambos países en abril, semanas después de aceptar encarcelar a los deportados estadounidenses en el CECOT. Los funcionarios venezolanos, por su parte, habían rechazado la propuesta y exigieron el regreso de sus compatriotas “secuestrados”.
Según The Times, las conversaciones iniciales para el intercambio de prisioneros fueron lideradas por Rubio —que también es asesor de seguridad nacional en funciones, entre otros roles— y John McNamara, el principal diplomático estadounidense en Colombia.
Pero Grenell —también director en funciones del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas— había llamado al presidente para comunicarle que presentaría su propia propuesta, la cual incluía un acuerdo con Chevron más favorable para Venezuela, informó The Times. Mientras tanto, la Casa Blanca recibía amenazas de aliados republicanos que retirarían su apoyo al megaproyecto de ley si el Gobierno aflojaba las sanciones petroleras contra Venezuela.
“Tanto la pausa descoordinada en el suministro de armas a Ucrania como la diplomacia de prisioneros pobremente organizada con Venezuela no solo reflejan la incapacidad generalizada para los procesos de política exterior de Trump 2.0, sino en particular la debilidad de la doble función de Secretario de Estado/Asesor de Seguridad Nacional”, expresa Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y miembro principal del Reiss Center on Law and Security de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Grenell se negó a conceder una entrevista a The Times, “pero en un correo electrónico utilizó un insulto para denunciar que la información de The Times sobre los acuerdos por separado era falsa”, aseguró el medio.
“No hay fractura ni división”, afirmó en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “El Presidente tiene un solo equipo, y todos saben que él es quien toma la decisión definitiva”.
Un intercambio implicaría el regreso de 11 estadounidenses; entre ellos Lucas Hunter, detenido en enero, y Jonathan Pagan Gonzalez, detenido el año pasado.
En mayo, Grenell había hecho otro viaje a Venezuela para garantizar la liberación del veterano de la Fuerza Aérea Joseph St. Clair, encarcelado en el país desde noviembre de 2024. Grenell también contribuyó en la liberación de otros seis estadounidenses en enero, poco después de que Trump asumiera sus funciones.
El gobierno de Maduro, por su parte, ha detenido injustamente al menos a 85 personas con ciudadanía extranjera, señala la organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal.
Traducción de Martina Telo