Dictaminaron que Trump no tiene inmunidad ante acusaciones por conspirar contra las elecciones

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Donald Trump no tiene “inmunidad” para ser procesado por delitos cometidos durante su mandato, lo que supone otro obstáculo a sus intentos por evadir los cargos penales por querer anular las elecciones presidencialesde 2020.

Se cree que sus abogados apelarán rápidamente la decisión ante las juezas del tribunal de apelaciones, o que lo elevarán al Tribunal Supremo de EE. UU., mientras preparan otra importante prueba constitucional relacionada con la campaña de Trump en el más alto tribunal de la Nación.

“Con motivo de este caso penal, el expresidente se convirtió en un ciudadano más y goza de todas las defensas como cualquier otro acusado”, expresaron el martes las juezas del tribunal de apelaciones de Washington DC. Y agregaron: “Sin embargo, cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido durante su mandato ya no lo protege contra esta acusación”.

La acusación del gran jurado federal del año pasado describe un plan multiestatal de Trump y sus aliados para anular las elecciones de 2020, que culminó en su incapacidad para detener la violenta irrupción de una multitud en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El expresidente se enfrenta a cuatro cargos penales, incluidos conspiración y obstrucción.

En diciembre, la jueza federal estadounidense Tanya Chutkan rechazó su petición de desestimar el caso por gozar de “inmunidad”, y escribió una sentencia de 48 páginas en la que afirmó que su mandato de cuatro años “no le otorgaba el derecho divino de los reyes a eludir la responsabilidad penal que rige a sus compatriotas”.

Además, agregó que el cargo de presidente “no confiere un beneficio de por vida para salir de la cárcel”, tampoco los expresidentes gozan de ninguna consideración especial después de dejar el cargo en el caso de que estén “sujetos a investigación federal, acusación, procesamiento, condena y castigo por cualquier acto delictivo cometido durante su mandato”.

El 2 de febrero, justo cuando el caso por conspiración electoral estaba estancado durante dos meses a la espera de las apelaciones de inmunidad de Trump, la jueza Chutkan confirmó que la fecha del juicio prevista para el 4 de marzo ya no estaba agendada.

La oficina del abogado especial Jack Smith advirtió previamente a las juezas y al Tribunal Supremo de que los retrasos del expresidente podrían correr la fecha del juicio más allá del año electoral, con la posibilidad de que los tribunales decidan si juzgar a Trump como presidente electo o como presidente en ejercicio.

“Por primera vez en la historia de nuestra nación, este caso implica cargos penales contra un expresidente por sus acciones mientras ocupaba el cargo”, señalaron el año pasado los abogados de la oficina de Smith.

Asimismo, manifestaron que “[Trump] todavía se enfrenta a acusaciones por crímenes graves ya que el jurado investigó los hechos y aplicó la ley”. Y siguieron: “El gobierno busca que este tribunal resuelva la apelación de inmunidad para que esas acusaciones puedan resolverse rápido, sea cual sea el resultado”.

Ya está previsto que los jueces del Tribunal Supremo examinen otra importante cuestión constitucional sobre si puede quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos en virtud de la aplicación de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ocupar cargos públicos a toda persona que haya jurado defender la Constitución y “haya participado en insurrección o rebelión”.

Con respecto a ese juicio, el tribunal escuchará los alegatos el 8 de febrero.

En su dictamen del martes, las juezas del tribunal de apelaciones decidieron que los argumentos de Trump para extender su “inmunidad” relacionada al enjuiciamiento penal por presuntos delitos cometidos mientras estaba en el cargo “nos harían extender el marco de la inmunidad civil presidencial a los casos penales y resolver por primera vez que un expresidente es categóricamente inmune al enjuiciamiento penal federal por cualquier acto concebible dentro del perímetro ajeno a su responsabilidad ejecutiva”.

El exmandatario objetó que el tribunal carece de autoridad para revisar sus actos “oficiales” en virtud de la doctrina de la separación de poderes, y que enjuiciar tales acciones limitaría el poder ejecutivo de forma grave. También indicó que no debería ser procesado porque fue absuelto en el Senado de EE.UU. por cargos paralelos al caso que se describe en su acusación penal.

Aun así, las juezas rechazaron categóricamente las tres defensas.

En ese sentido, explicaron que “los intentos del expresidente Trump para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones de 2020 representan, si se prueban, un ataque sin precedentes a la estructura de nuestro gobierno”.

Del mismo modo, se negaron a aceptar su afirmación de que un presidente tiene “autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la aplicación de los resultados electorales”, así como su “rienda suelta” para “violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos se tengan en cuenta”.

En consecuencia, afirmaron que, si eso sucediera, el sistema de controles y equilibrios “colapsaría” y situaría a la presidencia totalmente fuera de los límites de los tribunales y del Congreso. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley de forma permanente”.

Las juezas también sostuvieron que un presidente puede ser procesado penalmente y condenado en un tribunal federal, sin antes someterse a juicio político.

Por su parte, el lunes por la noche, Trump hizo una publicación en mayúsculas en su cuenta de Truth Social y afirmó que sin inmunidad, “cada presidente que deje el cargo será inmediatamente acusado por el partido contrario”.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, se refirió a dicho comentario en un comunicado tras la sentencia del martes.

Expresó que Smith era un “trastornado” y que la acusación contra el expresidente era “inconstitucional” y suponía una amenaza a los cimientos del sistema republicano del país.

También aseguró que “el presidente Trump está respetuosamente en desacuerdo con la decisión del tribunal federal de Columbia y la apelará para salvaguardar la presidencia y la Constitución”.

Siguiendo con la respuesta de Trump, el exmandatario calificó la decisión del tribunal como “una medida que socava los cimientos de la nación” y repitió su infundada alegación de que sus múltiples acusaciones penales son un “arma política” dirigida por el presidente Joe Biden contra él.

“Si esta decisión no se anula, perjudicará terriblemente no sólo a la presidencia, sino también a la vida, al aliento y al éxito de nuestro país”, escribió en Truth Social.

Y agregó: “un presidente tendrá miedo de actuar por temor a la viciosa represalia del partido contrario después de dejar el cargo. Lo sé porque estoy pasando por eso ahora mismo. Se convertirá en un arma política utilizada para interferir en las elecciones. Incluso las elecciones estarán en peligro y serán corrompidas”. Y finalizó: “Es tan malo y tan peligroso para nuestro país. ¡SALVEMOS LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL!”.

Traducción de Luz Ávila