Legisladores de Indiana aprueban proyecto de ley contra aborto mientras manifestantes corean “¡qué vergüenza!”

El gobernador de Indiana firmó un proyecto de ley para prohibir casi todos los abortos, lo que convierte a Indiana en el primer estado en aprobar una nueva legislación para restringir severamente el acceso al aborto después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara Roe vs. Wade.

La aprobación del proyecto de ley en la asamblea legislativa, controlada por los republicanos, también se produce después de que los votantes de Kansas rechazaran un intento de revocar el derecho al aborto en ese estado, y después de que el caso de una niña de 10 años superviviente de una violación en Ohio -quien buscó un aborto en Indiana después de que su estado prohibiera el aborto- atrajera el escrutinio internacional.

Al menos 10 estados han prohibido, en la práctica, el aborto tras la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio. Se espera que los legisladores antiabortistas promuevan más restricciones en casi la mitad de EE.UU. en las próximas semanas y meses.

Los legisladores antiabortistas aludieron con frecuencia a su fe cristiana durante el debate en la Cámara de Representantes de Indiana el 5 de agosto, mientras que al menos un legislador del Partido Republicano advirtió que el estado se enfrentaría a la ira de Dios si se permitía cualquier aborto bajo cualquier circunstancia.

Tras una votación final de 62-38 en la cámara, un manifestante gritó “¡qué vergüenza, Indiana!”. Fuera de las puertas, una multitud de manifestantes coreó “¡qué vergüenza!”.

El proyecto de ley pasó a ser aprobado en el Senado estatal por una votación de 28-19.

El gobernador republicano Eric Holcomb firmó el proyecto de ley 1 del Senado poco después, a última hora de la noche del viernes. La ley entra en vigor el 15 de septiembre.

“Tras la anulación de Roe, dije claramente que estaría dispuesto a apoyar una legislación que avanzara en la protección de la vida”, señaló en un comunicado en el que anunciaba su firma del proyecto de ley.

Tras las enmiendas de la Cámara, el proyecto de ley prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo, con excepciones solo en casos de violación o incesto, “anomalía fetal mortal” o para evitar el “deterioro permanente de la vida o la salud física de la mujer embarazada”.

Las supervivientes de violación o incesto solo pueden solicitar un aborto hasta las 10 semanas de embarazo. Según los estatutos del estado de Indiana, el incesto no incluye la conducta sexual con un primo.

“No hay ninguna razón científica para las 10 semanas”, subrayó la senadora estatal demócrata Shelli Yoder en el pleno del Senado el 5 de agosto. “Es una cifra que sonó lo suficientemente piadosa para que los republicanos enviaran un mensaje”.

A los proveedores que realicen abortos ilegales también se les retiraría la licencia.

La legislación -que se aprobó en dos semanas al comienzo de una sesión legislativa especial convocada por el gobernador- no se consideró en los comités de salud de la legislatura estatal. En su lugar, se envió a los comités que revisan el código penal.

La diputada estatal republicana Ann Vermillion, que se encuentra entre el puñado de republicanos de la Cámara estatal que apoyaron una enmienda fallida para permitir el aborto hasta las 13 semanas, votó en contra del proyecto de ley, señalando su transformación “ideológica” en las últimas semanas sobre el tema.

“Creo que ningún gobierno debería quitar el derecho a una atención médica segura”, expresó en sus emotivas declaraciones en la Cámara. “Se debería poder elegir la vida y el bienestar durante un momento emocional y traumático”.

También condenó la frecuente inyección de cristianismo en el debate, que duró horas, y calificó de “propaganda” la retórica antiabortista del Partido Republicano.

“Después de estas dos semanas, ruego a nuestro partido republicano que revise la palabra... ‘provida’. Creo que tenemos que dejar de llamarnos provida si eso solo significa que tenemos una lista de prioridades sobre la vida”, aseveró.

El representante estatal republicano John Jacob fue uno de los tres legisladores republicanos de la Cámara de Representantes que votaron en contra del proyecto de ley, por considerar que no era lo suficientemente estricto. Lo calificó como “un proyecto de ley débil y patético que sigue permitiendo el asesinato de bebés”.

“Están invitando al juicio de Dios sobre nuestro estado y nuestra nación”, subrayó en declaraciones en la Cámara el viernes. “El aborto es malo y es una barbarie”.

La diputada estatal demócrata Renee Pack, veterana del ejército de EE.UU., dijo a la cámara que tomó la decisión de abortar en 1990 mientras estaba desplegada en Fort Hood.

“Y después de todo lo que he pasado en mi vida, he tenido que llegar a la cámara estatal para que mis colegas me llamen asesina”, manifestó en su intervención ante la Cámara. “Señor, yo no soy una asesina, y mis hermanas tampoco son asesinas. ... Creemos que tenemos dominio sobre nuestros cuerpos. Eso es lo que somos”.

La diputada estatal demócrata, Sue Errington, exdirectora de política pública de Planned Parenthood, dijo que la cuestión de las excepciones “no es realmente el núcleo” de la legislación.

“El meollo del asunto es... ¿quién decide?”, preguntó. “La pesada mano del gobierno decidirá por ellas. Aunque la situación de cada mujer es diferente, [el proyecto de ley] dice que una regla general tiene que aplicarse a todas”.

Criticó la legislación antiaborto por basarse en la idea de que los adultos competentes son incapaces de determinar sus decisiones en materia de salud, condenando la “cruel visión de Indiana para las mujeres de nuestro estado”.

“Pueden confiar en nosotras, como mujeres, para saber lo que podemos manejar en nuestras vidas”, señaló. “Esta sugerencia de que no sabemos lo que es mejor para nosotras mismas nos degrada como seres humanos y relega a las mujeres a ciudadanas de segunda clase”.

A los manifestantes que se encontraban fuera de la cámara, les manifestó: “Ya he estado en su lugar. Viví en los días anteriores a Roe. No quiero volver allí. Los únicos abortos que se pueden prohibir son los seguros y legales”.

La atención al aborto en Indiana ha sido objeto de atención internacional, poniendo de relieve la fragilidad de la atención en todo el medio oeste y en todo EE.UU.

Una ginecóloga y obstetra del área de Indianápolis, que atendió el aborto de una niña de 10 años que había sido violada, está preparando una posible demanda por difamación contra el fiscal general republicano del estado, Todd Rokita, que fue una de las figuras del Partido Republicano que se unió a un bombardeo de los medios de comunicación para socavar su relato y afirmar sin fundamento que no cumplió la ley.

Esa doctora, Caitlin Bernard, instó a los legisladores a rechazar el proyecto de ley.

Su empleador, Indiana University Health, el mayor sistema de salud del estado y el único centro médico académico del estado, condenó en un comunicado que el proyecto de ley tendrá un impacto negativo en su capacidad de proporcionar “atención segura y eficaz a los pacientes” y podría “disuadir a los médicos que buscan vivir y practicar la atención médica” en el estado.

La vicepresidenta Kamala Harris también viajó al estado para reunirse con los legisladores la semana pasada.

En la actualidad, Indiana permite el aborto hasta las 22 semanas de embarazo, pero las restricciones incluyen periodos de espera obligatorios, asesoramiento y ultrasonidos dirigidos por el Estado y la prohibición de ciertas coberturas del seguro médico.

Las leyes de Regulación Específica de los Proveedores de Aborto, o leyes TRAP, también requieren que los proveedores tengan los llamados privilegios de admisión en los hospitales locales y otros reglamentos engorrosos para las oficinas de los proveedores, como la exigencia de ciertos tamaños de habitación.

El estado también prohíbe las citas de telemedicina para acceder al aborto con medicamentos, la forma más común de atención al aborto, que utiliza medicamentos recetados que a menudo pueden tomarse en la comodidad del hogar de la paciente, en muchos casos. El nuevo proyecto, si se convierte en ley, también prohibirá los abortos con medicamentos.

Aproximadamente el 55 por ciento de todos los abortos de Indiana en 2020 fueron abortos con medicamentos.