Autoridades salvadoreñas afirman que los inmigrantes deportados presos son responsabilidad de Trump, no de su país
Las autoridades salvadoreñas afirman que la “responsabilidad legal” recae en Estados Unidos, en contradicción con lo sostenido por el gobierno de Trump
El gobierno de El Salvador contradijo de forma directa al gobierno de Donald Trump sobre la responsabilidad legal de los inmigrantes deportados que permanecen encarcelados en su territorio.
En medio de disputas legales de alto perfil relacionadas con la política antiinmigración del presidente, funcionarios de su gobierno insistieron en que Estados Unidos no puede repatriar a estos inmigrantes porque ya no están bajo su custodia.
Sin embargo, ante las Naciones Unidas, El Salvador afirmó que no asume la responsabilidad legal por esas personas. “La jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas corresponde exclusivamente a las autoridades extranjeras competentes”, señalaron funcionarios salvadoreños ante la ONU.
La declaración apareció en documentos judiciales presentados como parte de una demanda contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump. Dicha ley permitió la deportación acelerada de más de 130 presuntos pandilleros venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas y donde Trump también habría considerado enviar ciudadanos estadounidenses.
El gobierno salvadoreño aclaró que “únicamente ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para recibir y custodiar a personas detenidas bajo el sistema judicial y de procuración de justicia de otro Estado”.
Las declaraciones del gobierno salvadoreño se emitieron en respuesta a una investigación de la ONU, solicitada por cuatro familias que acusan al gobierno de Trump de la desaparición forzada de un familiar dentro de una prisión salvadoreña en marzo pasado. De acuerdo con los documentos del caso, el gobierno de Trump habría destinado $6 millones de dólares a El Salvador para mantener bajo custodia a inmigrantes deportados en cárceles del país.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward y coasesora legal en el caso junto a la ACLU, denunció: “El gobierno de Trump operó en la sombra, sin transparencia y expulsó a personas del país bajo falsos pretextos o sin ofrecerles ningún tipo de proceso legal”.
Y advirtió: “Esto no solo pone en riesgo a cada ciudadano estadounidense, sino que representa una amenaza directa para nuestra democracia”.
Para los demandantes, las declaraciones de El Salvador ante Naciones Unidas prueban que el gobierno de Trump “ocultó información tanto al tribunal como al pueblo estadounidense”.
The Independent se puso en contacto con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios.
El 15 de marzo, decenas de ciudadanos venezolanos fueron deportados a un centro penitenciario luego de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de manera sumaria a personas acusadas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Además, el gobierno también deportó a más de una docena de presuntos integrantes de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua, mediante otra base legal.
Posteriormente, autoridades reconocieron que “muchos” de los deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no tenían antecedentes penales. Abogados y familiares afirman que varios de ellos, algunos con estatus migratorio legal y solicitudes de asilo en trámite, no tienen relación alguna con el Tren de Aragua.
El gobierno de Trump sostiene que miembros de la pandilla Tren de Aragua llevaron a cabo una “invasión” en territorio estadounidense bajo órdenes del presidente venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, informes de agencias de inteligencia de EE. UU. han puesto en duda esa versión.
Varios jueces federales suspendieron temporalmente las deportaciones de inmigrantes venezolanos amparadas en la Ley de Extranjeros Enemigos, una normativa del siglo XIX, lo que podría abrir un nuevo conflicto jurídico ante la Corte Suprema sobre los límites del poder presidencial.
El máximo tribunal ya emitió fallos que impiden al gobierno ejecutar deportaciones inmediatas de presuntos pandilleros venezolanos, mientras sus abogados intentan refutar las acusaciones.
En mayo, la Corte resolvió, por una mayoría de siete votos contra dos, que los inmigrantes detenidos en Texas bajo esa ley deben contar con el tiempo y la información necesarios para ejercer su defensa antes de ser arrestados o deportados.
Los abogados de los inmigrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador solicitaron que se autorice una acción colectiva que les permita impugnar en conjunto las acusaciones en su contra.
“El tribunal recibió pruebas significativas que indican que muchos de los recluidos en el CECOT no tienen vínculos con organizaciones criminales y permanecen detenidos en una prisión extranjera por acusaciones sin sustento e incluso absurdas”, escribió el juez federal James Boasberg el mes pasado.
Hasta la fecha, solo una persona deportada desde Estados Unidos al CECOT logró regresar al país.
Se trata de Kilmar Abrego García, un padre salvadoreño que vivía en Maryland. Después de varias semanas de litigio por su detención y deportación, logró regresar a Estados Unidos. Al principio, funcionarios del gobierno reconocieron que su expulsión fue un error, aunque más tarde sostuvieron que el país ya no tenía jurisdicción sobre su caso. El mes pasado, Abrego García regresó para enfrentar una acusación penal federal en Tennessee por presunto tráfico de inmigrantes dentro del país.
En un escrito reciente presentado ante el tribunal, se detalla por primera vez las condiciones que enfrentan los inmigrantes venezolanos recluidos en la prisión salvadoreña.
Según sus abogados, Kilmar Abrego García fue víctima de golpizas severas, privación extrema del sueño, alimentación deficiente y tortura psicológica durante su estancia en el centro.
Traducción de Leticia Zampedri