Víctimas de Epstein reclaman acciones al gobierno de Trump: “¿Quién será el próximo Jeffrey?”
En Palm Beach, las sobrevivientes volvieron a contar los abusos que padecieron y cuestionaron la falta de acción de funcionarios estatales y federales
Sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein regresaron a West Palm Beach para exigir que el Departamento de Justicia de Donald Trump impulsara nuevas acciones judiciales, a pocos metros del lugar donde fiscales de Florida negociaron hace casi dos décadas el polémico acuerdo de culpabilidad del fallecido agresor sexual.
Durante una audiencia extraoficial organizada por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde varias de las víctimas conocieron a Epstein, cinco mujeres relataron los abusos que sufrieron y denunciaron años de negligencia por parte de autoridades estatales y federales, a las que acusaron de no investigar adecuadamente sus denuncias ni la presunta red de figuras poderosas vinculadas al financista.
Dani Hannah Bensky contó que Epstein abusó de ella entre 2004 y 2005, ocho años después de que Maria Farmer lo denunciara por primera vez ante el FBI. Además, recordó que cuando recibió una citación judicial en 2008, a los 20 años, nadie le explicó que tenía derecho a contar con representación legal o asistencia para víctimas.
“Durante gran parte de la entrevista sentí que me estaban interrogando”, declaró.
“Las fallas profundas de nuestro sistema permitieron que personas poderosas como Jeffrey prosperaran”, añadió. “Si seguimos por este camino, la pregunta no es si estos abusos volverán a ocurrir, sino quién será el próximo Jeffrey Epstein”.
Roza, quien fue captada en Uzbekistán por el agente de modelos Jean-Luc Brunel, conoció a Epstein después de llegar a Florida.
Según su testimonio, el agresor sexual abusó de ella durante tres años a partir de 2009, período en el que permanecía en libertad condicional tras el controvertido acuerdo judicial que le permitió evitar una larga condena en prisión.
Roza afirmó que Epstein utilizó amenazas sobre su situación migratoria y su estabilidad económica para impedir que escapara.
“El hecho de que pudiera hacer todo eso hacía que la justicia pareciera imposible”, declaró ante el panel.
Más adelante, cuestionó la manera en que el Departamento de Justicia manejó la publicación de documentos vinculados a Epstein y Ghislaine Maxwell. Según explicó, el gobierno difundió su nombre más de 500 veces junto con los de otras sobrevivientes, mientras ocultaba las identidades de figuras poderosas relacionadas con el caso.
Cuando le preguntaron qué significaba la justicia para ella y para las demás víctimas, Roza respondió que la responsabilidad recaía en el Congreso y en las autoridades federales, no en las sobrevivientes, cuyas vidas quedaron marcadas por un sistema que, según dijo, siguió protegiendo a las personas con poder.
“Ustedes tienen que definir qué es justicia. Yo no. Ustedes no pueden devolverme la justicia”, afirmó.
“Cuando llegué a este país pensé que las cosas serían diferentes”, añadió. “Me sorprende que esto ocurra aquí, en Estados Unidos. Tienen que encontrar una solución y espero que lo hagan. También espero que esto no vuelva a pasar jamás”.
El presidente y el Departamento de Justicia buscaron cerrar el escrutinio público sobre Jeffrey Epstein y la actuación de las autoridades federales en las causas vinculadas a él y Ghislaine Maxwell. Sin embargo, el caso se convirtió en un problema político para Trump y sus aliados, que ahora enfrentan críticas tanto de demócratas como de republicanos por la falta de procesos judiciales contra presuntos cómplices y por las crecientes acusaciones de encubrimiento.
“El Gobierno actual, a través del Departamento de Justicia, actúa como si esta investigación hubiera terminado, como si nadie más pudiera ser investigado por lo que quizá fue la mayor red de tráfico sexual en la historia de Estados Unidos y como si ninguna otra persona tuviera que rendir cuentas”, afirmó el representante Robert Garcia, principal demócrata del comité.
Hasta ahora, el comité escuchó testimonios de varias figuras vinculadas al entorno de Epstein, entre ellas Bill y Hillary Clinton, además del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick.
También se espera que el panel reciba a finales de mes la declaración de la exfiscal general Pam Bondi, quien inicialmente se negó a comparecer después de recibir una citación oficial.
Maria Farmer, la primera persona que denunció a Epstein ante las autoridades en 1996, presentó un testimonio en video durante la audiencia.
“¿Por qué el FBI no publica mi informe completo?”, preguntó entre lágrimas. “Cumplir con mi deber cívico me costó muy caro”.
Farmer sostuvo que, si las autoridades federales hubieran actuado en ese momento, “se podrían haber evitado 30 años de abusos y traumas”.
Por su parte, Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, víctima de Epstein que murió el año pasado, relató cómo Ghislaine Maxwell reclutó a su hermana menor en Mar-a-Lago cuando tenía 16 años.
Luego leyó la declaración jurada de Giuffre, en la que mencionaba al príncipe Andrés, al abogado Alan Dershowitz y al multimillonario Glenn Dubin, quienes negaron haber cometido delitos vinculados con Epstein.
“¿Habrá finalmente investigaciones y responsabilidades?”, preguntó Roberts.
Courtney Wild, que tenía 14 años cuando Epstein abusó de ella por primera vez, afirmó que perdió años de su vida intentando que el gobierno rindiera cuentas por el acuerdo judicial que el financista obtuvo en 2008.
Durante la audiencia, el abogado Spencer Kuvin, quien representó a la primera víctima que colaboró con la investigación en Palm Beach, describió el pacto negociado por el entonces fiscal federal Alex Acosta como “el peor” acuerdo alcanzado por un fiscal federal.
En 2006, un gran jurado de Palm Beach acusó a Epstein de un delito grave estatal vinculado a la captación de menores para prostitución. Más tarde, el caso pasó al FBI y, un año después, un fiscal federal adjunto redactó un borrador de acusación con 60 cargos penales contra el financista, acompañado por un memorando con pruebas en su contra.
Sin embargo, Alex Acosta negoció un acuerdo que permitió a Epstein declararse culpable de cargos estatales por solicitar prostitución e inducir a la prostitución a una menor, tras lo cual recuperó la libertad después de pasar menos de 13 meses en una cárcel estatal.
En 2019, Epstein murió en prisión mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.
“En lugar de un proceso acorde con la gravedad del daño causado, hubo un acuerdo secreto que minimizó los abusos e insultó a las menores que fueron víctimas”, afirmó Kuvin.
“Las víctimas no fueron consultadas. Tampoco quienes las representábamos. Nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas”, añadió.
Las sobrevivientes también reclamaron que el gobierno haga cumplir la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos y pidieron mayor educación para reconocer señales de abuso sexual y trata de personas, con el objetivo de ayudar a identificar a los agresores.
Jena-Lisa Jones, quien aseguró que Epstein abusó de ella en Florida cuando tenía 14 años, dijo que ya no cree que alguna vez exista justicia en el caso.
“Ya no sé qué significa la justicia”, afirmó. “Cuando denunciamos y contamos nuestras historias, el gobierno federal me trató como si fuera una criminal”.
Traducción de Leticia Zampedri
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